Especialmente en la tasa de hidrocarburos, donde "están muy elevados"

La Inspección avisa que no bajar impuestos podría empujar a algunos autónomos a facturar en negro

Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han advertido al Gobierno que subir impuestos o mantenerlos demasiado elevados -como en el caso de los carburantes- puede ser un incentivo para que algunos negocios no declaren sus ingresos, ya que "les sale más rentable" arriesgarse a una sanción que pagar unas cuotas tan altas.
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La Inspección avisa que no bajar impuestos podría empujar a algunos autónomos a facturar en negro
La Inspección avisa que no bajar impuestos podría empujar a algunos autónomos a facturar en negro

Subir los impuestos, o mantenerlos muy elevados en algunos productos como el carburante -donde más del 50% del precio son tributos-, puede terminar resultando contraproducente para las arcas públicas. Así lo advirtió el pasado miércoles la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en la presentación de su libro de medidas para combatir el fraude fiscal, donde se lanzan 124 propuestas para aumentar la recaudación sin necesidad de aumentar la presión fiscal sobre los autónomos y pequeños contribuyentes.

La asociación, al igual que han hecho otras organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), o el Consejo General de Economistas (CGE), solicita al Gobierno, en primer lugar, que no lleve a cabo la subida de impuestos que preveía en el marco de la reforma fiscal. De hecho, en algunos productos como los carburantes, que soportan una imposición muy elevada por el IVA y el Impuesto Especial de hidrocarburos, los inspectores aconsejan una bajada de impuestos.

Una de las mayores preocupaciones que ponen sobre la mesa los inspectores es el elevado volumen de “economía sumergida” y fraude fiscal, que se sitúa en España en niveles en una horquilla del 20% al 25% del PIB, muy por encima de la media de la Unión Europea. Según IHE, "son actividades ocultas en su totalidad a la Hacienda Pública, no censadas por ésta", es decir, negocios que trabajan sin dar ninguna cuenta a la Agencia Tributaria sobre sus ingresos. Ahora bien, advierten los inspectores, también puede haber fraude fiscal en "actividades que sí permanecen visibles para la Agencia Tributaria, es decir, negocios "censados y de alta en sus obligaciones fiscales que pueden omitir una parte de sus ingresos e imputarse gastos que no se relacionan con su empresa o que no son deducibles por Ley". 

Según los Inspectores de Hacienda, cuando hay un aumento de la presión fiscal en tiempos de crisis como los actuales, no tiene por qué haber una mayor recaudación por parte del Estado, sino todo lo contrario. Para la asociación, elevar los tributos o mantenerlos tan altos en algunos productos como el carburante puede acabar siendo un incentivo al fraude para unos pocos autónomos y empresas, que son una minoría y que ven más rentable exponerse a sanciones que pagar tantos tributos. De hecho, según Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la asociación de inspectores, "nuestra sensación es que en tiempos de crisis lo primero que se resiente es el cumplimiento tributario" y este fraude "se activa cuanto más suben los impuestos". 

Los Inspectores piden reducir la presión fiscal en algunos productos para que no sea rentable no declarar

Es más, en el caso de los impuestos sobre el consumo que diferentes organizaciones, como los economistas o ATA han solicitado que se reduzcan, -como puede ser el IVA- "el efecto de una subida de los tipos impositivos -o de mantenerlos muy elevados- sobre la recaudación es doble y de signo contrario. Por un lado, se exigen más impuestos sobre las mismas bases imponibles y por otro, los consumidores tienen que reducir el consumo al encarecerse los productos. Este segundo efecto, en épocas de crisis o en contextos de subidas de precios (inflación) es mas intenso".

Como resultado, añadió el presidente de IHE, "sube la recaudación global, pero el fraude fiscal aumenta, derivado de que cuando escasea el dinero, a quien primero se deja de pagar es al Estado". Esto es porque  "el defraudador toma su decisiones de manera racional, sopesando por un lado los ahorros de defraudar (el impuesto que se ahorra), y por otro las posibilidad de ser descubierto y  las sanciones a las que se expone. En este razonamiento, al aumentar los tipos, aumentan el beneficio de defraudar ya que se 'ahorran' más cuotas".

A esto último, los inspectores lo denominan "rentabilidad" del fraude. La relación es sencilla: cuánto más suben los impuestos o más elevados se mantienen, más cuesta pagar por lo mismo y más rentable puede salir cometer el fraude para algunos contribuyentes que tienden al incumplimiento.  Por ello, proponen varias medidas que aborden la economía sumergida desde una perspectiva de coste-beneficio, es decir, se debe tratar de implantar medidas estructurales, de largo alcance, y no puramente represoras, que hagan que a los contribuyentes no les salga rentable defraudar.

También piden que se reduzcan los impuestos sobre los carburantes 

Esto se acentúa en el impuesto de hidrocarburos que, para los inspectores, está sometido a una presión fiscal sumamente elevada. De hecho, los inspectores de Hacienda se han mostrado a favor de bajar los impuestos que soportan las gasolinas para hacer que defraudar resulte menos rentable para esa pequeña parte de contribuyentes, sobre todo empresas, que tienden a intentar eludir sus obligaciones con la Agencia Tributaria.  Tal y como avanzó este diario, el diésel se ha convertido en un artículo de lujo para los transportistas, superando en este momento los 1,95 euros por litro – un 40% más que en marzo de 2021-. Situación insostenible para los taxistas, camioneros, agentes comerciales, o furgoneteros  que ven cómo el coste principal de su actividad se come prácticamente la totalidad de sus ingresos. La asfixia llega hasta tal punto que algunos de estos trabajadores por cuenta propia han visto dispararse más de un 60% los costes de su actividad. Lógicamente, de no solventarse inmediatamente este problema, advierten que no van a poder seguir transportando mercancías o personas. 

La situación tampoco es mejor para los agricultores, ganaderos, pescadores y demás autónomos del  sector primario que no sólo ven subir sus costes por el precio desorbitado del carburante, sino también por el aumento que están sufriendo prácticamente todas las materias primas que necesitan para desarrollar su actividad. Según el Consejo General de Economistas, "son precisamente los impuestos indirectos, principalmente el IVA, los que tendría que rebajar el Gobierno. Se tiende a poner el foco en los impuestos directos, como el IRPF, pero dónde más margen habría ahora mismo sería en los impuestos indirectos, porque es donde realmente el Gobierno está multiplicando su recaudación, mientras que el contribuyente ha perdido cada vez más poder adquisitivo",

De manera similar opinan desde la asociación de inspectores. Según su presidente, "Dado que la carga impositiva total de estos bienes sobre el precio del producto se sitúa en nivel del 50%, el hecho de no declarar estas ventas -en el caso de las gasolineras y demás operadores-, supone una cantidad enorme.  La vía de fraude habitual es vender estos artículos sin abonar el IVA, y/o el impuesto de hidrocarburos".

Aunque en este caso no se trata puramente de autónomos, que suelen ser los consumidores finales del carburante y no los vendedores, la idea sería extrapolable para cualquier producto que soporte una elevada presión fiscal. Por ejemplo, "para las gasolineras: de 50 euros en repostaje, 23 euros se van en impuestos, 17 euros van a pagar el coste de la materia prima, 9 euros son por el coste de logística y comercialización y 1 euro es por el margen bruto mayorista. Es decir que de cada 50 euros tendrían un beneficio de sólo 1 euro. Por lo que si no declararan estas ventas a Hacienda, el beneficio seria de 24 euros, el euro de margen más los 23 de impuestos. Es decir, no declarar multiplica su beneficio por 24", apuntó Julio Ransés Pérez Boga.

Otras medidas que proponen los Inspectores de Hacienda para reducir la economía opaca

El documento que presentó la asociación de inspectores durante la celebración del XXXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado consta de 123 medidas para atajar el problema de fraude fiscal que sufre España. A continuación se recopilan algunas de las que más afectarían a los autónomos:

Limitar los aplazamientos y fraccionamientos de pagos de impuestos

Actualmente, son muchos los autónomos que hacen uso de esta posibilidad de aplazar o fraccionar el pago de un impuesto, entre otros el IVA, por la falta de liquidez puntual para cumplir con la obligación. La coyuntura económica generada por la pandemia y agravada por la subida de los costes energéticos o la morosidad han incrementado el número de autónomos que se han visto obligados a solicitar un aplazamiento.

Sin embargo, los Inspectores de Hacienda creen que esto es un “recurso excepcional” sobre el que no se ha hecho un “uso adecuado” y, por tanto, quiere limitarlo para que no se permita “que se aplacen deudas que encubran insolvencias, ni el diferimiento excesivo de los procedimientos, que no contengan propuestas serias y dirigidas a intentar afrontar la deuda y solventar una situación de déficit transitorio”. Para ello, proponen restringir su uso reduciendo los límites, incrementado el volumen de información que se requerirá para acceder e, incluso, prohibiendo su uso si no se justifica correctamente.

Refuerzo de las sanciones para los defraudadores

Desde IHE creen que deberían reforzarse las actuaciones que se cometen contra los defraudadores. En concreto, plantean que se mejore y amplíe el censo de morosos que existe actualmente, de tal manera que más contribuyentes, entre ellos autónomos, cumplan los requisitos y puedan aparecer en el listado.

“Proponemos que se modifiquen las deudas incluidas para cada deudor del censo, añadiendo deudas por delitos fiscales o de contrabando, responsabilidades tributarias, o deudas no tributarias gestionadas por la AEAT” recoge el documento. También reclaman que se vuelvan a bajar los límites cuantitativos para la inclusión en el censo a 300.000 euros. Hace poco se pasó de 1 millón de euros a 600.000 euros el límite y se incrementó el número de autónomos y pequeños negocios que aparecían en el Listado de Morosos de Hacienda.

Dentro de este paquete de medidas, está la Propuesta 37. Creación de un Registro de Contribuyentes en Situaciones Especiales. Se trata de la creación de un nuevo registro en el que se aglutinen todos aquellos defraudadores de la Administración pública. Es decir, los obligados defraudadores, los del censo de morosos, los condenados por delito contra la Hacienda Pública y Contrabando o los obligados tributarios con el NIF revocado. Todas la personas físicas o jurídicas que aparezcan en algunos de estos listados, sería recopilado en este Registro y su nombre estaría publicado en la Sede Electrónica de la AEAT.

Los Inspectores quieren seguir haciendo visitas sorpresa

Las visitas sorpresa de los inspectores de Hacienda es una medida que ha sido cuestionada por el Tribunal Constitucional, que defiende que no pueden entrar porque el negocio “tiene la consideración de domicilio a efectos de protección constitucional”. Sin embargo, los Inspectores de Hacienda quieren seguir realizando visitas a los negocios y piden que se mejore la regulación de este tipo de controles (propuesta 35).

Según explicaron, los inspectores no quieren entrar dentro del domicilio, sino simplemente acceder a la información. “La inspección no pide entrar en el domicilio para realizar un registro de documentación en papel o informática (para lo cual necesitaría autorización judicial o consentimiento del titular) sino la aportación de documentos concretos cuya existencia conoce y que son de obligada aportación o presentación a la inspección” recoge el documento. Razón por la que proponen que se obligue a todos los autónomos y negocios a tener una habitación, a la que denominan tax room (habitación de impuestos), donde las actividades económicas guarden toda la información y a la que los inspectores puedan acceder sin ningún tipo de autorización

Que los negocios tengan la obligación de aceptar el pago con tarjeta

Para los inspectores uno de los mejores instrumentos para reducir el fraude fiscal es la reducción de los pagos en efectivo. En estos momentos, el uso de efectivo está limitado entre autónomos a 1.000 euros. Con ese objetivo, la IHE aboga porque se potencie el uso de pagos con tarjeta que dejan un rastro y facilitan la labor de prevención y detección de fraude fiscal.

Los inspectores, en la Propuesta 5, van más allá y quieren que se obligue a todos los autónomos y negocios a aceptar los pagos que se realicen con tarjeta de crédito. “Debería establecerse un derecho de cualquier consumidor para pagar, a cualquier empresario o profesional con tarjeta de crédito; estando obligado, correlativamente, el empresario o profesional a aceptar el pago”. Esto iría unido una serie de nuevos mecanismos de control.

Facilitar la relación de los autónomos con la Agencia Tributaria

En general, los Inspectores de Hacienda reconocen que la Agencia Tributaria tiene un problema de comunicación y proponen una serie de medidas para que los autónomos, quiénes están constantemente interactuando con la AEAT, tengan más facilidades. En este sentido, ponen en valor la utilidad del Ticket-BAI en País Vasco, que es un sistema que permite a los autónomos enviar sus facturas a Hacienda de forma directa y proponen (en la propuesta número 9) su implantación en toda España.

También en la propuesta 12, platean que la AEAT ofrezca a los trabajadores por cuenta propia “un programa informático contable que faculte la presentación de las autoliquidaciones, la llevanza de la contabilidad de manera sencilla, la presentación de las declaraciones informativas, reduciendo los costes indirectos”.