jueves. 17.10.2019

CON EL MISMO CRITERIO QUE EN EMPRESAS PRIVADAS

La Inspección de Trabajo descubre falsos autónomos también en la administración

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, declarando a los medios.
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, declarando a los medios.

La lucha contra el fraude de los falsos autónomos no sólo se lleva a cabo en la esfera privada. Fuentes del Ministerio de Trabajo han confirmado que la Inspección también se está encontrando con situaciones de laboralidad encubierta en empresas públicas. Telemadrid es una de ellas.​

La Inspección de Trabajo descubre falsos autónomos también en la administración

La lucha contra el fraude de los falsos autónomos no afecta sólo a la empresa privada. La Inspección de Trabajo no hace distinciones y ha puesto también el foco en la administración pública para comprobar si existen autónomos en situación irregular. Fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social reconocieron a este medio que, desde que comenzaron las inspecciones en 2018, se está regularizando la situación de trabajadores autónomos que prestan sus servicios para las distintas administraciones (central, regional y local) y empresas públicas. “La lucha contra el fraude de los falsos autónomos es una prioridad de la Inspección. Independientemente de la naturaleza jurídica del empleador”, aseguraron dichas fuentes. Las resoluciones, según Trabajo, determinan que “por sus condiciones de ajenidad y dependencia” dichos autónomos deberían encuadrarse y, por tanto cotizar, en el Régimen General. O lo que es lo mismo serían asalariados de pleno derecho.

Asimismo, explicaron que el procedimiento que se sigue es idéntico al del sector privado y que las actuaciones se inician “o bien porque al comprobar la información de la que se dispone y realizar el cruce de datos se detecta alguna irregularidad, o porque existe alguna denuncia previa”.

27 trabajadores de Telemadrid entre los ‘falsos autónomos’

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo en la administración está abarcando también al conjunto de empresas públicas. Es el caso de Telemadrid. En diciembre del pasado año y tras recibir una denuncia por presuntas contrataciones irregulares, la Inspección decidió iniciar las preceptivas actuaciones que habrían afectado a 27 trabajadores entre los que se encontrarían los periodistas Nieves Herrero y Juan Pablo Colmenarejo. Todo ello según informó el diario La Razón a raíz de un dictamen emitido por el organismo al que habría tenido acceso dicho diario. Éste reproduce parte del citado dictamen en el que se explicaba que Trabajo constató que la televisión pública madrileña había contratado a los implicados como colaboradores autónomos externos y que, una vez iniciadas las actuaciones inspectoras, modificó su relación laboral con ellos. Es decir, les incorporó a la plantilla como trabajadores por cuenta ajena a través de contratos por obra y servicio. La infracción costará a la cadena pública  387.665.16 euros, siempre según el citado diario.

Asimismo, tal y como revela un alto directivo de uno de estos medios de comunicación públicos podría haber más falsos autónomos que prestan sus servicios en estas empresas propiedad total o parcialmente del Estado. Como afirmó a este medio digital, estarían utilizando la figura del TRADE (Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente) “de forma frecuente” en la relación laboral empresa - trabajador. “En las delegaciones de provincias es una práctica habitual” añade.

Por parte del colectivo de autónomos, Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) confirmó que, desde la organización, “se han detectado casos relacionados con medios de comunicación públicos”. Asimismo, reclamó que la Inspección “intensifique las actuaciones de vigilancia para evitar que la figura del autónomo se utilice de forma fraudulenta para reducir costes laborales tanto en el sector público como en el privado. La Inspección debe actuar igual en ambos”.  La Inspección no sólo se ha centrado en el sector de los medios de comunicación sino que también está actuando sobre las decenas de empresas del sector público, tanto en la administración central como en la autonómica y local, para saber existen casos de trabajadores que deberían ser asalariados y, sin embargo, están contratados como trabajadores por cuenta propia.

Ferrero pide también que “se dote de claridad a los procedimientos y se definan, de una vez por todas, conceptos como la habitualidad o el tiempo de dedicación para evitar interpretaciones subjetivas que puedan llevar a equívocos” y cambiar al Régimen General a autónomos que en realidad sí lo son.

Más autónomos que trabajan para la administración

Todo lo anterior no ha sido impedimento para que las administraciones opten por contratar los servicios de trabajadores autónomos. En el último año, el número de afiliados al RETA encuadrados en el epígrafe de “Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria” se ha elevado un 19,82%, hasta superar el millar (1.082). Incremento que la La vicepresidenta de ATA consideró “llamativo”. 

Por otro lado aludió "a la falta de flexibilidad en la propia contratación pública”, cuyos procedimientos suelen ser complejos, extensos en el tiempo y, muchas veces, inaccesibles económicamente para los propietarios de pequeños negocios. De hecho, gran parte de los autónomos que trabajan para el sector público llegan a través de contratos menores que se dan, en su mayoría, en el ámbito de la administración local. Estos procedimientos se emplean para, según se especifica en la Ley de Contratación Pública, “cubrir necesidades periódicas no recurrentes” por importes menores de 40.000 euros en en caso de obras y de 15.000 euros en suministros y servicios.

A este respecto, Ferrero insistió en que “se deben buscar vías que fomenten el acceso de más autónomos a la administración. Es bueno tanto para unos, como para otros”. Eso sí, “siempre y cuando no se utilice la figura del trabajador por cuenta propia de forma irregular”, concluyó.

Tal y como confirmó la propia ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 10 de agosto, en un año -desde que entró en vigor el Plan Director por un Trabajo Digno- la Inspección ha descubierto 32.067 “falsos autónomos”. Aunque los datos de los que se disponen son “globales y no existe distinción” entre las actuaciones llevadas a cabo en el sector público y el privado, desde el ministerio apuntaron que la mayor parte de las regularizaciones habrían sido con trabajadores de plataformas digitales (Glovo y Deliveroo entre otras) y las falsas cooperativas de la industria cárnica y el transporte. Y puntualizaron que en el caso del sector público “no se han detectado falsos autónomos de manera masiva”.

La lucha contra los falsos autónomos también está calando en las cuentas de la Seguridad Social. Según el informe de Ejecución Presupuestaria del mes de julio (último publicado) de los 54.910,57 millones de euros que recaudó el sistema en cotizaciones del Régimen General (un 8,4% más que en 2018), 217 millones de los cuales provendrían de la regularización de los más de 32.000 falsos autónomos.

La Inspección de Trabajo descubre falsos autónomos también en la administración