Deberá pagar 2,7 millones de euros

La Inspección de Trabajo multa a Vall Companys por emplear a falsos autónomos

Seguridad Social ha puesto el foco en la lucha contra las cooperativas de trabajo asociado que emplean la figura del autónomo para ahorrarse costes laborales. La Inspección de Trabajo ha señalado a Servicarne como una de estas cooperativas que aportan mano de obra a mataderos y granjas con falsos trabajadores por cuenta propia. Reclama a la cárnica la regularización de las cuotas a la Seguridad Social de 270 empleados desde hace cuatro años. La labor de los inspectores continua y podría afectar a 50 empresas de 20 provincias.

Carnica
La Inspección de Trabajo multa a Vall Companys por emplear a falsos autónomos

La Inspección de Trabajo de Aragón ha puesto el foco en las cooperativas cárnicas. Según informa El Periódico de Aragón, cinco empresas de la región tendrán que abonar una multa de casi 3,5 millones de euros (3.493.587) por emplear a 270 falsos autónomos que prestaban servicio a través de Servicarne, una cooperativa de trabajo "ficticia", tal y como consta en los fallos de la investigación y las actas de liquidación a las que ha tenido acceso el citado medio de comunicación. El importe se corresponde con la regularización de las cuotas a la Seguridad Social, más un recargo del 20%, de los últimos cuatro ejercicios. Con ello la Inspección pone en duda el modelo de uno los sectores que más empleo genera en la comunidad autónoma, que se basa en nutrirse de mano de obra con trabajadores autónomos a través de cooperativas.

El grueso de las inspecciones -iniciadas a partir de la denuncia del sindicato Comisiones Obreras- afecta a dos filiales del grupo Vall Companys, al que se reclaman 2,7 millones por 214 trabajadores. El matadero de Cárnicas Cinco Villas, con 189 afectados y una reclamación de 2,1 millones, es el principal foco de la investigación. Este centro de Ejea de los Caballeros es propiedad del grupo catalán, al que también pertenece la avícola Pondex en Zaragoza, donde se han detectado 25 falsos autónomos. Otra de las empresas afectadas es una granja de pollos de Sada Producciones Ganaderas (51 afectados), en manos de la multinacional holandesa Nutreco.

La Inspección, que ha llevado a cabo esta actuación de forma coordinada en toda España y que podría destapar un fraude que afectaría a 50 empresas y a 5.300 trabajadores de 20 provincias, ha ordenado que todos estos empleados sean dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como asalariados de la empresa beneficiaria de sus servicios y no de Servicarne, una cooperativa de trabajo asociado sólo "en apariencia". Esta cooperativa, si bien se emplea esta "forma jurídica" y "se cubren alguna de las formalidades", no funciona como un órgano "real y democrático" ya que los socios no participan libremente en la toma de decisiones ni tienen control sobre el servicio que prestan o su retorno económico. En definitiva, "la cooperativa solo actúa como una mera gestora". 

Asimismo el acta determina que tampoco puede catalogarse como empresa de servicos o multiservicio, puesto que la relación laboral del trabajador se produce directamente con la compañía beneficiaria (Vall Companys, Nutrec, Podex...).

Los fallos dictados se encuentran en la misma línea del que afecta al matadero de la compañía Aragonesa de Piensos (Arpisa) en Berantevilla (Álava), donde también Servicarne habría puesto a disposición de la empresa a 81 trabajadores considerado falsos autónomos. 

Obstrucción

Vall Companys ha presentado alegaciones al fallo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), lo que llevará el asunto hasta los tribunale. Éstos tendrán la última palabra sobre una polémica que afecta a miles de trabajadores (la mayoría inmigrates) en toda España. Asimismo, y siempre según la información de El Periódico, el gigante cárnico habría intentado obstruir los trabajos de la Inspección al dar de baja las altas laborales ordenadas. Esto ha motivado, incluso, que se esté planteando una reforma legal para evitar que las empresas puedan modificar cotizaciones sociales dictadas de oficio y con carácter retroactivo como consecuencia de una actuación inspectora.

Hasta el pasado mes de mayo, cuando una sentencia del Tribunal Supremo sentó jurisprudencia al concluir que las cooperativas que utilizan en el sector del transporte la figura de los falsos autónomos son un fraude de ley, no existían precendentes en la materia. Este fallo podría extrapolarse al caso de las cárnicas, ya que coincide con el criterio apuntado en sus actas por la Inspección.

Si los jueces lo ratifican, los afectados podrán reclamar derechos que se derivan de su relación laboral anterior, como finiquitos por despido o prestaciones por bajas de accidentes o enfermedad laboral no cubierta por el régimen de autónomos. También podrían exigir la devolución de las cotizaciones abonadas como trabajadores por cuenta propia, así como la devolución de las cuotas pagadas para formar parte de la cooperativa, que suelen rondar los 50 euros mensuales.