Los inspectores de Trabajo anuncian una huelga en marzo que comprometería la aplicación de la reforma laboral

Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social siguen adelante con su intención de convocar la huelga que anunciaron hace unos meses. Sin expectativas de que se cumplan las mejoras para el organismo inspector pactadas con el Ministerio de Trabajo y Economía Social en verano, el próximo marzo comenzarán las movilizaciones. Y avisan que con ellas, aparte de parar el control sobre autónomos y negocios, la reforma laboral perdería efectividad. Se dejarían de hacer los controles rutinarios y tampoco se harían visitas a los negocios. Los funcionarios se negarían a levantar actas y no se propondrían sanciones aunque hubiera incumplimientos de la normativa.

“La reforma laboral que plantea el Gobierno sin la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no es nada. El Ministerio de Trabajo y Economía Social no va a conseguir el objetivo del que presume” afirmó la inspectora y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), Ana Ercoreca. Según explicó todas y cada una de las líneas de actuación de la reforma laboral que Moncloa pactó con los agentes sociales (patronal y sindicatos) necesitan de un control, una vigilancia y un seguimiento de los inspectores.

“Desde los nuevos contratos de formación, hasta el ERTE estructural, pasando por la temporalidad. Todo ello será revisado y controlado por la inspección de Trabajo. Entonces no entendemos por qué se vende que la normativa va a acabar con la precariedad, la temporalidad y la inestabilidad laboral, si luego el organismo encargado de velar porque la normativa se cumpla no es reforzado por el Estado” denunció la presidenta del Sindicato.

Tal y como lo ven los inspectores, ha llegado un punto en el que se ha incrementado tanto la carga de trabajo, el número de competencias, la vigilancia de nuevos factores por causa Covid, sin que se produzca una mejora real de sus condiciones laborales, que el organismo inspector del Ministerio “ha dicho hasta aquí” dijo Ercoreca.

La huelga supondrían la paralización de control sobre los autónomos

Fue el pasado mes de diciembre cuando las ocho principales asociaciones sindicales de este colectivo anunciaron paros si el Gobierno no cumplía con su promesa de mejorar sus condiciones de trabajo. Aunque en un principio estas se iban a realizar en febrero, finalmente -y si no se produce una mejora- se acabarán celebrando el próximo marzo. “Estamos hablando entre los compañeros y realizando diferentes asambleas de cara a adoptar las medidas y movilizaciones de la huelga para marzo. En febrero se harán las asambleas y en marzo se iniciarán las movilizaciones” confirmó la presidenta de SITSS.

Se trata de la primera vez desde la creación de la Inspección que sus funcionarios están dispuestos a ir a la huelga. Un parón en la actividad de este colectivo que aparte de ralentizar la ejecución de la reforma laboral, también tendrán una consecuencia directa sobre autónomos y pequeños negocios, dado que se pararía el control y vigilancia que habitualmente se hacen sobre ellos.

“En el caso de que se hiciera huelga, se dejarían de hacer los controles rutinarios, tampoco se harían visitas y eso podría incrementar el riesgo de precariedad laboral, permitiendo que haya trabajadores sin estar dados de alta o que ocurran accidentes de trabajo” añadió Ercoreca. Que expresó que no quieren verse obligados a convocar una huelga porque son un servicio público, “pero si el Gobierno no acepta nuestras peticiones, no nos quedará otro remedio”.

A su modo de ver, la labor de la inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sido una pieza fundamental para “reducir la competencia desleal que sufren muchos autónomos”. Según dijo luchar contra las malas prácticas del mercado laboral permite no sólo proteger a los trabajadores, sino también defender a los pequeños empresarios que lo hacen bien. Por ejemplo, si una actividad contrata un falso autónomo, ésta podrá establecer precios más bajos que la competencia a raíz de realizar ese fraude. Si la inspección lo detecta se consigue, por un lado, regularizar la situación de ese empleado y, por otro lado, se elimina también la competencia desleal que sufre el resto de negocios afines a la actividad.

Desde julio sin obtener una respuesta del ministerio

Tras meses de negociaciones, entre las organizaciones sindicales de la inspección y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el pasado julio de 2021 se llegó a un acuerdo para mejorar las condiciones de la plantilla. Sin embargo, el compromiso ha sido frenado, como dijeron, por el Ministerio de Hacienda y Función pública que es quien tiene que autorizar el aumento de la partida presupuestaria para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Desde entonces no han tenido noticia alguna sobre el cumplimiento de dicho compromiso.

“Cada vez que nos ven nos dicen que el compromiso está ahí, pero no tenemos nuevas noticias. Haces tres semanas mandamos una carta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Hasta el momento no hemos recibido una respuesta. Estamos esperando a que nos convoque para que nos diga cómo está la situación sobre nuestras demandas, pero mientras seguimos organizando la huelga” aseguró Ercoreca.

Para los inspectores un refuerzo de sus competencias deber ir acompañado de una mejora de sus condiciones. La presidenta del SITSS, Ana Ercoreca, aseguró que en estos momentos se están produciendo una serie de irregularidades en la plantilla de la Inspección, sobre las que el Ministerio de Trabajo es consciente, y sobre las que aún no se han tomado medidas.

"Nosotros estamos trabajando en condiciones laborales sobre las que sancionaríamos" aseguró. Y comentó que "en estos momentos, hay inspectores de trabajo que han ingresado con un nivel 26 y que están haciendo las mismas funciones que las de nivel 27, con la misma carga de trabajo y las mismas capacidades, y sin embargo se les pagan 300 euros menos” dijo Ercoreca. Que denunció cómo van a actuar estos profesionales bajo la Oficina de Discriminación “cuando ellos mismos lo están siendo”.

Según dijo, el pasado 7 de julio el Ministerio firmó un documento con todas las asociaciones sindicales, dónde reconocía el problema y se comprometía a abonar a los inspectores en función de las tareas que realizan. A su modo de ver, se ha presionado en los últimos años a los 858 inspectores y 994 subinspectores, y se necesita mejorar sus condiciones antes de ampliar sus competencias y ponerles a cargo de velar por el cumplimiento de la reforma laboral.