Intrahistoria del gran paro del taxi
Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante… Son algunas de las capitales en los que desde el pasado 28 de julio es casi imposible subirse a un taxi. Tras la decisión del TSJ de Cataluña de anular el “decreto Colau”, el sector vuelve a estar en pie de guerra y solicitan al Gobierno que sean las comunidades autónomas o los propios municipios quienes decidan cómo, a quién y en qué proporción otorgan las licencias de VTC, es decir, las que necesitan los vehículos de Uber y Cabify.
“Todos asistimos a la reunión con unas únicas siglas: el taxi de España”, con esta rotundidad se manifestaba Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza del Taxi, minutos antes de reunirse con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Una reunión de urgencia convocada tras los paros que desde el pasado día 28 de julio se vienen produciendo en Barcelona y Madrid y que se han extendido a otras capitales como Alicante, Valencia, Sevilla, Granada o La Rioja.
El origen del conflicto se encuentra en el sobredimensionamiento que se ha producido en el sector desde la irrupción de plataformas como Uber y Cabify, que ejercen de intermediarias en el arrendamiento de vehículos con conductor, conocidas como VTC. Históricamente este tipo de transporte y los taxis han convivido sin que se produjese ningún tipo de pugna. Los VTC eran empleados por hoteles o empresas -generalmente grandes- para trayectos que podrían considerarse “exclusivos”, traslados a los aeropuertos, reuniones de directivos, eventos de alto copete… Mientras que el taxi realizaba el servicio público para el que fue concebido. Sin embargo, la economía digital ha universalizado el acceso al coche con chófer y compañías como las antes mencionadas “han aprovechado grietas legales para hacer beneficios astronómicos”, ha manifestado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Precisamente es en esta localidad donde se encuentra el germen de la convocatoria de huelga indefinida. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló de forma cautelar el conocido “decreto Colau” o “decreto anti-Uber”, por el que se exigía a los vehículos VTC un permiso adicional a la propia licencia que el Instituto Metropolitano del Taxi otorgaría en base a criterios de movilidad y sostenibilidad medioambiental. La norma que se enmarcaba dentro de las competencias del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) fue invalidada por el TSJ catalán por considerarse que invadía competencias estatales pudiendo interferir en la proporcionalidad 1/30 (una licencia VTC por cada 30 de taxi) que se reguló en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre de noviembre de 2015 y que tomó rango legal el pasado mes de abril. Decisión, esta última, que en palabras de Ruano “no es suficiente” para poner freno a la competencia desleal que se está dando en un sector en el que trabajan más de 70.000 autónomos que emplean a su vez a otras 40.000 personas. Es decir, el taxi en España sostiene la friolera de 110.000 empleos.
Cabe destacar que el precio de una licencia de taxi se sitúa entre 130.000 y 150.000 euros a lo que hay que sumar el coste del vehículo, la obligatoriedad de pasar la ITV cada seis meses aunque éste sea nuevo,… Frente a ello las autorizaciones de VTC apenas conllevan un desembolso de unos 40.000 ó 50.000 euros y no están obligadas a someterse a revisiones tan exhaustivas ni frecuentes.
Según los datos del Ministerio de Fomento, en España hay en torno a 65.300 licencias de taxi frente unas de 9.400 de VTC. Lo que en términos de proporcionalidad implica un ratio de 1/7, que incluso llega a ser inferior en ciudades como Madrid donde existen 16.500 taxis y 4.500 VTC, es decir, la proporción es de 1/4.
A este respecto Fedetaxi (Federación Española del Taxi), argumenta que la liberalización que se produjo en el sector entre 2009 y 2015, dio lugar al “forzoso otorgamiento de licencias VTC con las que se ha especulado gravemente, quebrantando el necesario equilibrio entre taxis y VTC, desplazando y poniendo en riesgo un servicio de interés general como es el del taxi".
Licencias autonómicas o municipales
En un comunicado oficial emitido por Fedetaxi el domingo 29 de julio y dirigido “a todas las asociaciones afiliadas y a todos los taxistas de España” al que ha tenido acceso Autónomos y Emprendedores se destaca que la asociación viene reivindicando la “implementación de una autorización o licencia municipal y/o autonómica en relación a los transportes urbanos de viajeros en turismos que no son taxis”. De hecho esta la propuesta que se trasladó a Fomento en la reunión de ayer tenía como eje la modificación de las Leyes autonómicas de ordenación del transporte en las que “se disponga un régimen jurídico similar al de las licencias de auto-taxis, en su caso, desarrollada reglamentariamente para establecer los requisitos de su otorgamiento por los Ayuntamientos, o incluso de licencias autonómicas para la citada actividad de arrendamiento, siempre que estén sujetas a límites compatibles con la unidad de mercado”. Es decir, que las comunidades autónomas cuenten con competencias para decidir cómo, a quién, en qué proporción y en base a qué criterios se conceden las autorizaciones de vehículos de con conductor, sin que se interfieran los preceptos de la Ley de Unidad de Mercado.
Algo que se antoja complejo y que podría tener “consecuencias no deseables por la inseguridad jurídica de tener cómo mínimo 17 normativas distintas”, explica Pedro Mostaza, secretario general de Uniatramc (Unión de Autónomos Trabajadores de los Servicios para la Movilidad y el Consumo). Desde su asociación piden más control por parte de la administración así como que se trabaje “a largo plazo, no con parches”. En este sentido, demandan que “las licencias de VTC sean intransferibles y que se suprima la captación de clientes en vía pública”. Asimismo, han propuesto que se incorporen “planes de pre-jubiliación e indemnizaciones por abandono de actividad” con el objetivo de reducir, progresivamente, el sobredimensionamiento del sector.
Más allá de las licencias municipales y autonómicas, los taxistas han presentado a fomento otras 17 medidas que contribuirían a la modernización y mejora de la competitividad del sector a desarrollar de forma coordinada entre varios ministerios. Revocar las autorizaciones de transporte de viajeros por reiteración en las infracciones, con más de dos sanciones firmes en vía administrativa en el periodo de un año, innovación para mejorar la “experiencia del usuario” y ayudas a la transformación energética y sostenibilidad medioambiental de la flota, matrículas específicas para taxis y VTC, equiparar la formación de los conductores de ambos vehículos o aumentar el control fiscal de las plataformas digitales, son algunas de las cuestiones sobre las que tendrá que dilucidar la Conferencia Nacional de Transportes convocada para mañana miércoles.
Tras más de cuatro horas de reunión, la respuesta de Fomento ante estas peticiones no ha convencido a los representantes del sector que las consideran "insuficientes" y han anunciado que mantendrán la huelga con carácter indefinido e incluso en ciudades como Madrid y Barcelona se intensificarán las protestas. De hecho, han amenazado con colapsar la frontera con Francia y el madrileño Paseo de la Castellana.
