Más de 600 hosteleros se enfrentan a cuatro años de prisión por emitir fútbol de forma ilegal
Más de 600 de propietarios de establecimientos, en su gran mayoría del sector de la hostelería, tendrán que hacer frente a penas de hasta cuatro meses de prisión y multas de elevadas cuantías por televisar los partidos de LaLiga sin licencia.
Se ha puesto coto a los locales que emiten fútbol sin autorización. Ya hay más de 600 establecimientos públicos, la gran mayoría del sector de la hostelería (bares, cafeterías, pubs,...), con procedimientos penales abiertos por televisar los partidos de LaLiga sin disponer de la preceptiva licencia. Así lo ha confirmado hoy la entidad que preside Javier Tebas mediante un comunicado en el que explica que, en lo que llevamos temporada futbolística, “se han realizado más de 80.000 visitas, detectándose más de 19.000 emisiones fraudulentas. Además se habrían identificado “cerca de 60 casos de suboperadores e instaladores que se lucraban comercializando y/o facilitando el acceso a los contenidos de LaLiga a locales públicos”. La noticia se produce coincidiendo con el 90 aniversario del nacimiento de LaLiga.
Según las sentencias a las que se hace referencia, los propietarios de los locales están acusados de delitos contra la propiedad intelectual, tipificados en los artículos 270.1 y 286.4 del código penal. Asimismo, se les condena a “unas penas mínimas de cuatro meses de prisión, al pago de importantes multas económicas, a indemnizar a LaLiga por los daños y perjuicios ocasionados, y al abono de las costas procesales”.
Entre el 11 y el 13 de diciembre la Unidad Central de Ciberdelincuencia Policía Nacional procedió a llevar a cabo una macro operación en la que se inspeccionaron más de 2000 establecimientos y se requisaron 800 decodificadores piratas. Dicha operación, que fue coordinada por la Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, se inició a partir de las 4.300 denuncias presentadas por LaLiga, en colaboración con Mediapro, en calidad de licenciatario de los derechos televisivos para el Canal de Locales Públicos.
Además de en esas fechas durante las últimas semanas se han replicado nuevos operativos policiales en las Mallorca y Gran Canaria. A este respecto en la isla balear “los agentes comprobaron que, aproximadamente, un 75% de los establecimientos inspeccionados, se encontraban realizando esta actividad ilícita a través de diversas modalidades”, detalla un comunicado emitido por la Policía Nacional.
Desde LaLiga explican que las sentencias “son la confirmación de la utilidad de la Red Territorial de Verificadores de Licencias de Contenido de LaLiga, cuyo objetivo es proteger los derechos audiovisuales de su Clubes y defender a aquellos establecimientos que sí cumplen con la legalidad y que se ven afectados por la competencia desleal de aquellos que emiten ilícitamente”.
Suboperadores e instaladores en el punto de mira
Cada jornada los bares ingresan 41,2 millones de euros gracias a los 29 euros que se deja cada aficionado al deporte rey. Esto hace que LaLiga, en España, aporte más de 1.300 millones de euros en impuestos a las arcas del Estado. Además, la industria del fútbol da empleo a más de 100.000 personas con una facturación anual equivalente a más del 1% del PIB. Una cantidad que podría ser superior si se evitasen los 400 millones de euros anuales que suma las pérdidas económicas por la piratería audiovisual.
Ante estas cifras no es de extrañar que además de los locales públicos que emiten fútbol de forma ilegal, LaLiga tenga el punto de mira fijado en los suboperadores e instaladores que se dedican a proveer de decodificadores pirata tanto a particulares como a locales públicos. Aquí la entidad también ha conseguido que Juzgado de Instrucción nº2 de Sanlúcar la Mayor adopte medidas cautelares frente a un popular operador local que emite en la localidad sevillana de Aznalcóllar. Según parece éste facilitaba ilegalmente la señal de los partidos de LaLiga a establecimientos públicos sin disponer de la autorización preceptiva para ello.
El auto al que también se refiere el comunicado recoge varias medidas, entre ellas:
- Requerir a los distintos establecimientos públicos clientes del operador ilegal el cese inmediato bajo el apercibimiento de incurrir en desobediencia, así como, la entrega de los decodificadores para su examen pericial.
- Requerir a la mercantil investigada, bajo el apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, el inmediato cese en el suministro de los contenidos de LaLiga a cualquier tipo de establecimiento público, interesándose expresamente que dicho cese sea verificado por la Unidad de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía.
