Domingo. 16.06.2019

SE GASTA CINCO VECES MENOS QUE LA MEDIA EUROPEA

La máxima autoridad fiscal cuestiona los 2.600 millones que se destinan a incentivos para la contratación

La máxima autoridad fiscal cuestiona los 2.600 millones que se destinan a incentivos para la contratación

El Ejecutivo destinó hasta 6.500 millones de euros al desarrollo de Políticas Activas de Empleo durante 2017. De ellos, el 40% financiaron las bonificaciones a la contratación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advierte de su “reducida eficacia” a la hora de reducir el desempleo aunque reconoce que se destina cinco veces menos por desempleado que la media de la UE. Las actuaciones de orientación al autoempleo apenas representaron el 1% de media en las CCAA.

La máxima autoridad fiscal cuestiona los 2.600 millones que se destinan a incentivos para la contratación

De los entre 6.100 y 6.500 millones de euros que se destinaron  en 2017 a la puesta en marcha y desarrollo de Políticas Activas de Empleo (PAE), el 40% de ellos (entre 2.400 y 2.600 millones de euros) se destinaron a financiar las bonificaciones e incentivos a la contratación. Así se desprende del tercer estudio de revisión del gasto (Spending Review) presentado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el pasado miércoles, que pone critica la que el reparto de las partidas se ha dirigido de manera mur "sesgada” hacia este tipo de bonificaciones a la contratación.

La AIReF es un organismo independiente cuya existencia viene por recomendación descde Bruselas cuya misión es garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y emite informes no vinculantes pero que el Gobierno suele tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de gasto. Se creó para velar por la estabilidad presupuestaria.

Este organismo advierte que el porcentaje de gasto en políticas activas para el empleo en España es el doble que el Alemania, y muy superior al de Francia, Bélgica, Finlandia y Australia, países que se han tomado como referencia para realizar la comparativa. La AIReF reitera que la relación entre bonificación y creación directa de empleo tiene una “eficacia” muy pequeña, cuestionando así incentivos como las bonificaciones en las cuotas de cotización a la Seguridad Social de las empresas que contraten a mayores de 45 años o de la vigente para la contratación de parados de larga duración -cuya cuantía es de 1.300 euros anuales en el caso de hombres y de 1.500 euros si son mujeres-. Ahora bien, también se apunta a que una posible reducción de las citadas bonificaciones a la contratación afectaría principalmente a los trabajadores más formados y a los menores de 30 años.

El documento no hace referencia expresa a las ayudas destinadas a fomentar el autoempleo, entre ellas la Tarifa Plana de 60 euros durante los dos primeros años de actividad, cuya eficiencia es evidente por el número de nuevos autónomos que siguen aflorando. Precisamente los ingresos del RETA (Régímen Especial de Trabajadores Autónomos) crecieron en 1.209 millones de euros desde que que la tarifa plana se puso en marcha en 2013 y ha beneficiado a dos millones de nuevos trabajadores por cuenta propia

Aunque el gasto total en Políticas Activas de Empleo puede ser “similar” al de otros países de la Unión Europea, la perspectiva cambia mucho si se relaciona este coste con el número de parados. En España se destinan 470 euros por desempleado, cantidad nueve veces inferior a la de Alemania (donde se gastan 4.089 euros por desempleado) y cinco por debajo de la media de la Unión Europea (2.548 euros).

Apenas un 1% en orientación para el autoempleo

Del estudio llama, además, la atención un dato. Del total de servicios realizados por las oficinas de empleo de las Comunidades Autónomas durante 2017, las actuaciones de orientación al autoempleo apenas representaron el 1% de media. Incluso, según las cifras que maneja la AIReF, hay tres comunidades autónomas en los que el porcentaje es del 0%. Éstas son La Rioja, Asturias y Baleares. Cantabria y Canarias con un 3% serían las que más servicios habrían prestado en este área.

En relación a los servicios de contratación la media alcanza el 3%, destacando la primera posición de Extremadura, con un 14%. Diez puntos por encima de las siguientes en la lista que son País Vasco y Cantabria. El resto se estaría moviendo en la franja del 1% y 2%.

Cifras realmente bajas que podrían explicarse por fata de recursos humanos de la Administración española. Cada funcionario atiende a 188 parados de media, mientras que en Europa la cifra se reduce hasta los 59, redundando en una mayor calidad y eficiencia de los servicios prestados.

A este respecto, cabe un “amplio margen de mejora” tanto en la gobernanza como en la eficacia de las políticas activas de empleo. Para atajarlo, el organismo que preside José Luis Escrivá propone identificar los programas servicios e itinerarios más eficaces con el objetivo de hacer una asignación eficiente de los recursos públicos, incorporar la evaluación como práctica habitual que permitan tomar decisiones basadas en la evidencia, introducir incentivos orientados al cumplimiento de objetivos en la asignación de recursos a las comunidades autónomas así como en las retribuciones de los orientadores y formadores, involucrar a los agentes locales en las estrategias y mejorar los sistemas y el acceso a los datos de la Seguridad Social.

Los "desincentivos" del Plan Prepara 

Las cifras proporcionadas en el estudio serían estimativas, ya que tal y como constata la AIReF “los datos suministrados (por las distintas Administraciones) son insuficientes y de una calidad mejorable”. De hecho, insiste en la imposibilidad de obtener una evaluación completa de la eficacia de las políticas activas por comunidades autónomas. Motivo por el cual se optó por realizar un análisis en detalle del Plan PREPARA (Programa de Recualificación Profesional), más conocido como el de la ayuda de los 450 euros para parados de larga duración que estuvo en vigor desde febrero de 2011 hasta abril del pasado año 2018.

Según el estudio, entre 2012 y 2017 hubo 851.822 beneficiarios y el coste fue de 1.432 millones de euros. Sin embargo su efectividad no habría sido la esperada. Es más, no sólo “no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral” sino que, además “genera desincentivos durante los seis meses que dura la prestación”. Asimismo, una vez finalizado este periodo tampoco se percibe diferencia en la inserción laboral entre quienes están acogidos al programa y quienes no, a excepción de “las regiones del Norte, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja, con mercados de trabajo más dinámico en las que el efecto parece positivo a partir del primer año”, recoge el informe.

La máxima autoridad fiscal cuestiona los 2.600 millones que se destinan a incentivos para la contratación