Los asesores jurídicos dudan de las medidas de Escrivá para paliar el colapso de la Seguridad Social

Ante la oleada de retrasos y problemas, según los representantes jurídicos de los autónomos, para acceder a los trámites que tienen que realizar con la Seguridad Social, el Ministerio dirigido por José Luis Escrivá ha comenzado a tomar algunas medidas. Sin embargo, los graduados sociales explicaron a este diario que éstas no serán suficientes para paliar el colapso de la Tesorería, que está generando algunos sobrecostes para los autónomos que quieren acceder, por ejemplo, a su pensión de jubilación.

La última novedad, en vigor desde hace apenas unos días, es la centralización del servicio telefónico que los autónomos pueden utilizar para solicitar, modificar o anular sus citas previas con la Seguridad Social. Hasta ahora, este servicio se encontraba dividido entre las diferentes sedes provinciales de la Tesorería.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones lanzó, hace unos meses, una convocatoria de empleo que busca reclutar a 1.000 nuevos trabajadores que ayuden a descongestionar los trámites que los autónomos y el resto de contribuyentes tienen que hacer con la administración, como la solicitud de determinadas prestaciones o el acceso a su jubilación.

Sin embargo, los graduados sociales explicaron que todavía están viviendo retrasos en las gestiones que realizan en nombre de los autónomos con la Seguridad Social. Se trata de una cuestión que viene de lejos y que, en su opinión, no se solucionará en el corto plazo, después de aplicar las nuevas medidas.

Estas son las medidas de Escrivá para descongestionar la Seguridad Social

• Un número de teléfono único para gestionar las citas

La primera medida puesta en marcha por la Seguridad Social para mitigar el colapso que sufre el sistema es la centralización del servicio telefónico para concertar, modificar o anular una cita previa con la Administración. Hasta ahora, esta competencia estaba dividida entre las diferentes sedes provinciales de la Tesorería, lo que generaba serios problemas en el caso de las oficinas con más demanda.

• Ampliación del número de días disponibles para pedir cita

Además, la Tesorería ha ampliado el número de días disponibles en los que los autónomos y el resto de contribuyentes pueden solicitar una cita previa para realizar algún trámite. A partir de ahora, podrán elegir entre los 28 días posteriores a la llamada o a la gestión por Internet, en lugar de los siete que el sistema permitía seleccionar hasta ahora.

• Incorporación de 1.000 nuevos trabajadores a la Seguridad Social

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones publicó a finales de abril una convocatoria de empleo público, que busca incorporar a la Tesorería 1.000 nuevos trabajadores que alivien la alta carga de trabajo que presentan algunas oficinas, y que está retrasando la gestión de las prestaciones que los autónomos cobran.

Tal y como explicaron desde la Seguridad Social, “estas convocatorias pretenden garantizar la correcta prestación de servicios como el Ingreso Mínimo Vital; la gestión y control de los beneficios en materia de Seguridad Social derivados de los nuevos ERTES establecidos en la reforma laboral; el desarrollo de un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos o la potenciación del control del fraude en materia de cotizaciones, empresas ficticias y prestaciones.”

Los graduados sociales consideran que las medidas no son suficientes ni servirán para aliviar el colapso de la Seguridad Social en el corto plazo

A pesar de las medidas tomadas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los graduados sociales valoraron que éstas “deberían haberse tomado hace mucho tiempo, en lugar de presionar tanto a los profesionales, cuando somos los que, en muchos casos, estamos atendiendo a los autónomos y contribuyentes que ellos dejan de atender”, explicó a este diario María Antonia Oliva, presidenta del Consejo Autonómico de Graduados Sociales de la Comunidad Valenciana.

Analizando las medidas, María Antonia Oliva consideró que no tendrán un efecto significativo durante los próximos meses, en ningún caso. Por ejemplo, en la ampliación de las parrillas de citas. “Para retomar todo lo que se haya podido quedar pendiente, van a tardar mucho tiempo.”

Con respecto a la oferta pública de empleo, la graduada social explicó a este diario que “no tendrá un efecto sobre los retrasos en el corto plazo, ya que pasará mucho hasta que los nuevos funcionarios se pongan a trabajar, ya sea para atender al público o para gestionar un expediente. En ocasiones, se ha tardado incluso dos años”, recordó.

Por último, sobre la centralización del servicio telefónico de reserva de citas, la presidenta del Consejo Autonómico de Graduados Sociales de la Comunidad Valenciana valoró que la medida no será muy útil. Para ella, “el problema está en que te respondan al teléfono. Da lo mismo que haya un número o 20. Si, en definitiva, tú vas a pedir cita donde vives, no te importa llamar a un teléfono u otro. No veo que vaya a solucionar nada, porque el problema es la escasez de citas”, expresó.

Los retrasos en la gestión de las pensiones de los autónomos pueden llegar a extenderse cinco meses

Las modificaciones en algunos trámites de la Seguridad Social se han producido después de varios años de retrasos graves. Sobre todo, a raíz de la pandemia, cuando muchas oficinas de la Tesorería se cerraron al público.

Tal y como explicaron los graduados sociales, los retrasos pueden extenderse durante meses, lo que a menudo genera entre los autónomos unos sobrecostes difíciles de asumir en muchos casos. Por ejemplo, en lo respectivo a la gestión de sus prestaciones por jubilación, que han llegado a demorarse cinco meses.

Durante este tiempo, “las personas que se jubilan tienen que tirar de sus ahorros o pasarlo mal. Luego se reciben todos los atrasos, pero mientras tanto han tenido que estar subsistiendo sin salarios ni prestaciones”, valoró, en este sentido, Eva Torrecilla, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid.

También en el reconocimiento, por ejemplo, de las bajas por incapacidad permanente de los asalariados. Tal y como reconoció a este medio María Antonia Oliva, existen “muchas altas que se dan después de la revisión. Son gastos que está asumiendo la empresa, tanto por alargar el periodo de baja como porque después se reincorpora a un trabajador que no está en condiciones”, expresó la presidenta del Consejo Autonómico de Graduados Sociales de la Comunidad Valenciana.