jueves. 17.10.2019

EL GOBIERNO APRUEBA 774 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS PARA LOS AFECTADOS

Un millar de comercios han solicitado indemnizaciones por las últimas riadas

Vista aérea de San Javier (Murcia) tras la riada.
Vista aérea de San Javier (Murcia) tras la riada.
Hasta ahora, el Consorcio de Seguros ha recibido 9.152 solicitudes de indemnización por los daños ocasionados por la gota fría. De éstas, 934 corresponderían a comercios, oficinas y establecimientos industriales. El plazo para cobrar estas compensaciones puede ir desde los 10 días hasta los cuatro meses.
Un millar de comercios han solicitado indemnizaciones por las últimas riadas

En las últimas semanas, el agua ha dejado constancia de su capacidad de destrucción.  Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Baleares son las seis comunidades devastadas por las últimas riadas. La peor gota fría desde 1.879 ha dejado tras de si unas 300.000 hectáreas de cultivo anegadas en el Levante y centro de la Península; kilómetros de carreteras y vías cubiertas de barro; y a miles de  autónomos y pequeños empresarios que han visto como el agua se llevaba por delante años de esfuerzo y dedicación a su negocio. 

Un desastre de tal magnitud que el Consorcio de Compensación de Seguros estima que alrededor de 30.000  asegurados se han visto afectados y las indemnizaciones costarán "aproximadamente" 203 millones de euros. Según confirmaron desde la entidad aseguradora pública, hasta el miércoles 17 de septiembre se habrían recibido 9.152 solicitudes de indemnización, de las cuáles 934 serían de comercios, oficinas y establecimientos no industriales; 189 de industrias; 2.244 de automóviles y las restantes 5.748 de viviendas.

La peor parte se la ha llevado la región de Murcia donde el número de siniestros se estima en 13.800, de los que unos 10.000 se corresponderían con viviendas, comercios, industrias y obras civiles. Esto implicará un coste de 82 millones de euros. Es el caso de Juan José Mateo, propietario de la cervecería Proyecto Uno en San Javier (Murcia) que abrió su negocio el 13 de agosto de este año. “La situación es complicada”, lamentó durante la conversación mantenida con a este medio.

En su caso, realizó una inversión de 70.000 euros -“todo con recursos propios”- que el 12 de septiembre perdió por completo a causa de la riada. Mateo explicó que su compañía de seguros es quien se está encargando de mediar con en Consorcio para reclamar la indemnización por daños que le corresponde. Mientras tanto, los gastos corren de su bolsillo. “Hemos tenido que empezar de cero en menos de un mes e invertir otros 12.000 euros para limpiar, reparar los daños y poder abrir cuanto antes”, algo que espera acabar en el tiempo récord de diez días desde que ocurrió la catástrofe.

En cuanto a la respuesta del Ayuntamiento y el Gobierno regional, comentó que “es cierto que se han gestionado ayudas pero orientadas más a las personas que a los comercios y negocios”, algo que los autónomos, comerciantes y empresarios de la región "entendemos perfectamente. La prioridad es la gente". El comerciante explicó además que ha tenido que comprar una máquina de agua a presión para limpiar una vía pública que, a día de hoy, “continúa embarrada”.

Pese a las pérdidas y daños que la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) o gota fría ha causado en sus negocios, muchos de los autónomos y pequeños empresarios murcianos colaboran también en las tareas de limpieza y recuperación de la zona. Uno de ellos es el propietario del Restaurante Calipso y el Hotel Mossaic, en Los Alcázares, que ha tenido que cerrar varias plantas del hotel por las inundaciones. Ésto le ha obligado a despedir, "al menos temporalmente", a varios trabajadores, según explicó.

Sin embargo, y aún con su negocio "a medio ,por no decir nulo, rendimiento", sirve cada día de forma altruista entre 200 y 250 comidas a vecinos y personal de la UME y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en la zona. Algo por lo que no cobrará ninguna ayuda, "lo hacemos de forma voluntaria, y encantados. Lo importante es recuperar la actividad normal cuanto antes".    

Valencia la segunda región más afectada

El coste de las indemnizaciones en Murcia no es el más elevado de entre las demás regiones afectadas por la gota fría. Lo superan los 103 millones en indemnizaciones que irán a parar a los asegurados de la Comunidad Valenciana, pese a que el número de estos será algo inferior -en torno a los 12.000-.

Parte de la diferencia de costes se explica porque un gran número de los negocios afectados de la región de Murcia son explotaciones agropecuarias, las cuales son gestionadas por el conjunto de aseguradoras Agroseguro, en el que también participa el Consorcio como “respaldo financiero, pero no gestiona directamente las solicitudes de indemnización ni perita los daños”, explicaron desde la entidad aseguradora pública.

Precisamente será la citada Agroseguro quien deberá indemnizar a los salineros de Torrevieja y La Mata, desde donde esta misma semana denunciaban en sus redes sociales estar “muy preocupados por la posible pérdida de la mayoría de la cosecha de sal” y por cómo esto pudiera afectar a su actividad laboral.

En cuanto al resto de comunidades autónomas damnificadas, los datos aportados por el Consorcio son los siguientes: Andalucía, 2.200 siniestros con un coste de 12 millones de euros; Castilla-La Mancha, 500 siniestros (430 en viviendas y comercios) con un coste de 1,5 millones de euros; Madrid, 1.220 siniestros (980 viviendas y comercios) con un coste de 4,5 millones de euros; y Baleares, 100 siniestros con un coste de 250.000 euros.

Diez días para empezar a cobrar la indemnización

Una de las principales preocupaciones de los comercios y negocios es cuándo empezarán a cobrar las indemnizaciones del Consorcio y recobrar una cierta normalidad. Ante la cuestión de si hay que esperar a que se declare zona catastrófica, la patronal de seguros Unespa aclaró en su página web ‘Estamos Seguros’ que “la respuesta es no. Ni es necesario que se declare la zona catastrófica, ni hay que esperar a dicha declaración, en caso de que se vaya a producir, para empezar las gestiones”.

En cuanto a los plazos que maneja el Consorcio para transferir el dinero a los afectados, Alejandro Izuzquiza, director de operaciones de la entidad explicó a este medio que “cuando estamos ante un acontecimiento con miles de afectados, lo habitual es que el Consorcio realice los primeros pagos -pocos, modestos y correspondientes a asuntos sencillos y de fácil valoración pericial- en un plazo de 10 días a partir de la fecha en la que se produjo el riesgo extraordinario. Desde este momento, el ritmo semanal de pagos aumenta progresivamente, y al finalizar el cuarto mes tenemos gestionadas todas las solicitudes de indemnización, con la excepción de entre un 5 y un 10%, que son los casos retrasados, litigiosos o faltos de documentación”. En definitiva, según reiteró Izuzquiza, "el grueso del evento suele estar concluido en cuatro meses”.

Lo anterior, claro está, siempre y cuando se tenga contratado un seguro y la póliza esté en vigor. En tal caso, el Consorcio cubrirá tanto los daños que se hayan producido en los bienes como las pérdidas de beneficios,  es decir,  también se indemnizará por los ingresos no percibidos durante el tiempo que el local esté sin actividad. En este punto es importante señalar que si los daños se han producido en oficinas, comercios, industrias y obras civiles, la legislación establece una franquicia a cargo del asegurado del 7% de los daños indemnizables, por lo que la entidad aseguradora pública indemnizará el 93% de los citados daños, cualquiera que sea la cuantía de estos.

Autónomos y emprendedores ofrece una guía para conocer qué tipo de daños están cubiertos y cómo solicitar las indemnizaciones. Para acceder a ella pinche en este enlace 'Lo que si y  lo que no pueden reclamar los autónomos afectados por la gota fría'.

Limpieza_San Javier

Ayudas fiscales, laborales y de Seguridad Social

Tal y como vienen solicitando a lo largo de esta semana los presidentes regionales, alcaldes y partidos políticos, el Consejo de Ministros en funciones de hoy ha acordado declarar las áreas afectadas como “zona catastrófica”. Así, el Gobierno en funciones, ha aprobado un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes por el que inicialmente se destinarán 774 millones de euros a ciudadanos y administraciones de los territorios damnificados por las inundaciones e incendios que han tenido lugar a partir del uno de abril. El Real Decreto contiene 17 artículos con medidas extraordinarias que serán acompañadas con "todos los créditos que sean necesarios", ha puntualizado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, en la rueda posterior al Consejo. 

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, que también ha comparecido ante los medios, ha resumido el contenido del Real Decreto en el que han participado nueve de los 17 Ministerios. Entre ellos, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que destinará 58.430.000 millones de euros a "bonificaciones, moratorias y exenciones" para autónomos, empresarios y empleados que hayan tengan que ser despedidos a causa de las catástrofes.

Hacienda por su parte contribuirá con una partida de 28 millones de euros para exenciones en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Además, todas las ayudas que se perciban por esta causa estarán exentas de IRPF. Planas también ha confirmado "el ajuste" de los módulos de 2019 para las explotaciones agrícolas y ganaderas -los cuales se declararán en el año 2020-, tal y como solicitó el Gobierno de Castilla-La Mancha esta misma semana.

El titular de Agricultura ha insistido que, dada la magnitud de las catástrofes a las que da cobertura el Real Decreto Ley, las cantidades son "provisionales". "Una hipótesis de partida". En cuanto a los plazos para que los afectados puedan recibir las ayudas el Gobierno en funciones se ha comprometido a que "será lo antes posible dentro del respeto a la Ley y a los procedimientos".

La declaración de 'zona catastrófica' se produce cuando al ocurrir una catástrofe -como la acontecida en el Levante y centro de España este mes de septiembre- se producen daños personales o materiales que perturben gravemente las condiciones de vida de la población y que tengan como consecuencia  la paralización de todos o algunos servicios públicos esenciales. La decisión de declarar zona catastrófica deberá ser acordada en Consejo de Ministros. En tal caso, el Gobierno dispone de una partida destinada a compensar las pérdidas de quienes no cuenten con un seguro contratado o éste no cubra los daños de carácter extraordinario.

Las ayudas por daños personales y materiales en las zonas catastróficas se completan con otras de carácter fiscal, laboral y de Seguridad Social. Entre éstas, destacan la exención en la cuota del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles); reducciones en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas y Otros Tributos); la exoneración del pago de las cuotas a la Seguridad Social por parte de los empresarios o, en el caso de los autónomos persona física solicitar una moratoria de un año en el pago de sus cotizaciones.

Uno de estos ejemplos es la reciente devolución del IBI a los 300 agricultores y ganaderos del Valle de Guadalhorce (Málaga) afectados por las inundaciones de octubre de 2018. Otra de las actuaciones que también se puso en marcha por parte de la Junta de Andalucía son las ayudas de 75 millones de euros aprobadas el martes 17 de septiembre para paliar los daños causados por la gota fría de este año. 

Un millar de comercios han solicitado indemnizaciones por las últimas riadas