Montoro perseguirá a quienes no paguen a los autónomos

La ‘lista negra’ de morosos con la Administración incluirá nombres y apellidos de los empresarios y proporcionará a Hacienda unos ingresos de 150 millones de euros.

Montoro perseguirá a quienes no paguen a los autónomos

Arrebatar la máscara al moroso. Este es el primer paso que se ha dado desde el Ministerio de Hacienda para frenar la luchar contra quienes tienen por costumbre pagar tarde, mal y nunca.

El Plan Presupuestario que el Gobierno envió a principios de mes a Bruselas recoge, ex profeso, la modificación del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria. O lo que es lo mismo, la ‘lista negra de Montoro’ incluirá los nombres de los administradores solidarios y subsidiarios de las empresas que incumplan con sus proveedores. Eso sí. Si, aunque se haya apercibido, la deuda se salda antes de la publicación de la lista no habrá letra escarlata para el moroso. Cabe recordar que el listado sólo se refiere a los deudores de más de un millón de euros con la Agencia Tributaria. La medida, por tanto, tendrá escaso impacto entre autónomos y pequeñas empresas. Cabe recordar que la mayoría de las deudas de estos colectivos no sobrepasan los 15.000 euros.

Aunque bien vista desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad Empresarial (PMcM), su presidente, Antoni Cañete califica la medida de “recaudatoria y estética”. Y es que amén de las buenas intenciones, Hacienda siempre gana y espera recaudar un total de 150 millones de euros, según reza el documento de 47 páginas.

Otra de las materias en las que el Ejecutivo ha puesto negro sobre blanco para luchar contra la lacra de la morosidad es la de exigir como “criterio de solvencia” a quienes liciten con la Administración que cumplan con los 60 días de máximo que la Ley establece para pagar a proveedores. Ahora bien, quien hizo la ley hizo la trampa. Y en este caso por partida doble. En primer lugar porque la iniciactiva ya se incorporó en el anteproyecto de Ley de Contratación Pública anunciado por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en 2015. En segundo porque deja al libre albedrío de los órganos de contratación la “posibilidad” de reclamar o no este requisito.

Leve mejora

 

Según los datos de la Plataforma, la morosidad ha costado la vida a más de medio millón de pymes y autónomos en España desde que empezó la crisis. El virus se contagia desde la propia Administración a las empresas.

Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, en su boletín sobre la morosidad y la financiación empresarial del mes de diciembre -que recoje datos del sector público y privado-, alerta del “considerable incremento” en los Periodos Medios de Pago a proveeedores (PMP) de las Administraciones locales durante el tercer trimestre, alcanzándose los 107 días. Asimismo, el informe destaca el mal comportamiento de la Administración central, con un PMP de 54,7 jornadas.

No todo son malos resultados. Desde la Confederación destacan el cambio de tendencia en las Comunidades Autónomas, en las que las demoras se habrían rebajado 33,5 días (hasta los 63,5). Igualmente se percibe una “cierta estabilización del fenómeno de la morosidad” en el ámbito de las empresas. El PMP se redujo casi dos días, hasta 79,4 en el tercer trimestre de 2016, y la deuda comercial disminuyó en 9 décimas, hasta el 71,2%.

En el ámbito concreto de los autónomos, el informe de morosidad del mes de septiembre (último publicado) de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), destaca que “todas las administraciones incumplen” con los plazos estipulados por Ley. Así PMP en el tercer trimestre del año se situaron en 78 días (cinco menos que en el mismo periodo de 2015).

En este caso y pese a la “leve mejora”, las autonomías son las más remolonas a la hora de liquidar sus facturas con 90 días de media, seguidas de la Administración local, con 66 y la central, con 55 -siendo la única que incrementó sus plazos en 11 días-. Valencia, Baleares y Castilla y León son las que con 106, 102 y 95 días de retraso se cuelgan el oro, la plata y el bronce a los peores pagadores. En la parte contraria País Vasco, con 47 y Navarra, con 49.

Y ojo. En el ámbito municipal, si le ofrecen la posibilidad de contratar con el Ayuntamiento de Jaén o Parla (en Madrid), quizá sea mejor que se lo piense dos veces ya que no cobrará hasta pasados más de dos años (587 y 451 días).

Sin régimen sancionador

 

La historia viene de largo. Corría el año 2013 cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, arropado por los representantes de los distintos grupos parlamentarios y bajo el marco de la Primera Cumbre Político Empresarial de la PMcM, se comprometió a desarrollar un regimen sancionador “ejemplar” con sanciones de hasta 900.000 euros a las empresas morosas. Aún se le espera. Y tampoco hay visos de que llegue.

Del informe de Cepyme se extrae que la deuda comercial ‘en mora’ durante el trecer trimestre del año superó los 202.200 millones de euros, cantidad que supone más del 70% del total vivo (284.016). Además del daño que supone no cobrar esto genera un coste financiero por la repercusión de tipos de interés de demora añadido de 869 millones de euros.

Por ello desde la PMcM piden que Hacienda de un paso más y en la lista negra de Montoro se incluya también “todo lo que se están ahorrando los morosos así como las empresas y puestos de trabajo que se pierden por su culpa”.