Hoy ninguna administración cumpliría los plazos

Hacienda rectifica y modifica el cálculo del período medio de pago a proveedores

De no cumplirse con los 30 días que se establecen en la Ley de Morosidad, la Unión Europea podría sancionar económicamente a España.

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Hacienda rectifica y modifica el cálculo del período medio de pago a proveedores

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, ha salvado ‘in extremis’ el primer envite de la Unión Europea. El pasado 22 de diciembre el Consejo de Ministros daba luz verde al Real Decreto (RD) por el que se modifica el sistema de cálculo del periodo medio de pago a proveedores.

A partir próximo mes de abril –fecha de entrada en vigor del nuevo método- las administraciones públicas (AAPP) ya no contarán con el mes ‘de gracia’ para empezar a contar los días “naturales” que tardan en pagar a sus proveedores. Así, el periodo medio de pago (PMP) computará a partir de la entrada de la factura en el registro o de la aprobación de las certificaciones o documentos acreditativos de conformidad, en su caso.

Esta irregularidad, que se ha venido produciendo desde el verano de 2014 y que ha sido denunciada en sendas ocasiones por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), motivó la apertura de un expediente con amenaza de sanción por parte de la Comisión Europea el pasado mes de febrero. Con la aprobación del RD, Montoro cumple las exigencias de Bruselas y ahora todas las administraciones tienen de plazo hasta el mes de abril para enmendar la plana.

De seguir la tendencia actual, ni el Estado, ni las comunidades autónomas, ni las corporaciones locales cumplirían con el plazo máximo legal de 30 días que establece la Ley de Morosidad, con el riesgo de que la Comisión vuelva a apercibir a España, tal y como recoge en la directiva comunitaria aprobada en 2011 y que debería haberse traspuesto en la primavera de 2013. Tampoco así lo haría la Seguridad Social, que resulta la administración mejor pagadora de todas, que mejora en más de quince días a la regional. 

A este respecto, los últimos datos publicados por Hacienda revelan esperas de 66,62 días en el caso de las corporaciones locales; 30,40 en la administración central; 21,98 en la regional y 6,61 en los fondos de la Seguridad Social. Con el nuevo método de cálculo, el PMP pasará a ser de casi 93 días en Ayuntamientos y diputaciones, de entre 50 y 60 en comunidades autónomas y Estado, respectivamente, y de cerca de 37 en el departamento que lidera Fátima Báñez.

Aplausos y régimen sancionador

Este giro ha sido aplaudido desde ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos). Su presidente, Lorenzo Amor, se ha mostrado satisfecho y ha afirmado que el nuevo sistema de cálculo “va a desnudar a muchas administraciones”. Aún así, Amor pide que se de un paso y más pide sanciones para las entidades y organismos del sector público: “Al igual que se penaliza a un autónomo que no cumple con una Administración, ésta debería igualmente asumir un coste cuando paga tarde a sus proveedores”.

Por otra parte, y pese a que la norma ha sido bien acogida por la PMcM, su presidente, Antoni Cañete insiste en que velarán por el cumplimiento de la Ley. "No vamos a permitir que se utilice ningún truco para modificar el periodo medio de pago a proveedores”, ha afirmado en declaraciones a diario AyE. Asimismo, ha recordado que la recién aprobada Ley de Contratación Pública determina la imposibilidad de pactar plazos de pago a proveedores superiores a 30 días (tal y como establece la Ley de Morosidad) para las empresas que contraten con la administración.

En lo últimos meses son muchos los avances que se vienen produciendo con el objetivo de proteger a las pymes y los autónomos de la lacra de la morosidad, que durante los años de crisis obligó a más de 500.000 negocios a cerrar sus puertas. A este respecto, se espera que a lo largo del primer trimestre del año vea el régimen sancionador para las empresas que tienen por costumbre financiarse a costa de sus proveedores y pagar fuera de los plazos que marca la Ley. A instancias de Ciudadanos, la proposción de Ley, actualmente en periodo de tramitación en el Senado, propone sanciones de hasta 900.000 euros para quienes incumplan.  

Un 10% del PIB en facturas

La puesta en marcha del FACe (Punto general de entrada de facturas electrónicas) en enero de 2014 facilitará el seguimiento y control por parte de Hacienda de los PMP. Según detalla el Real Decreto, en caso de que se detecte incumplimiento se requerirá a la administración correspondiente para que abone las facturas en un plazo “no superior a diez días naturales” o a que se proceda a la “revisión” del dato.

Si aún así persistiese la infracción, será el propio fisco quien asuma el pago, reteniendo los importes adeudados de las liquidaciones del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) o FFF (Fondo de Facilidad Financiera).

A cierre del pasado año, y tal y como se extrae del informe publicado hoy por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se habían presentado más de 23,67 millones de facturas electrónicas -incluyendo las rechazadas y anuladas- a través del FACe, cuyo importe se situaba en torno al 10% del PIB (114.767 millones de euros). De ellas, la administración autonómica acumulaba la mayor parte con un 41,05% y más de 47.100 millones de euros. Le siguen administración local (32,33% y 37.101 millones) y central (23,93% y 27.459 millones).