La moratoria concursal termina en diciembre y, sin prórroga, se prevé una avalancha de negocios en los juzgados

La vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, aseguró que en el momento en el que finalice la vigencia de la moratoria concursal, el próximo 31 de diciembre, se va a producir una “avalancha de autónomos acudiendo al concurso de acreedores”. La oleada de procedimientos sobre la que llevan meses advirtiendo los expertos, llegará a los juzgados de lo mercantil sin que el Gobierno tenga previsiblemente activado el mecanismo que agiliza el procedimiento para los pequeños negocios y que recoge el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal. ATA se reunirá con el Ministerio de Justicia para solicitar una prórroga de la moratoria, por lo menos hasta la entrada en vigor de la nueva normativa.

Según Ferrero, lo que pretende el Gobierno con el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal es, por un lado, cumplir con la transposición de la Directiva Europea 2019/1023 sobre solvencia empresarial. Y por otro, dar respuesta al masivo número de concursos de acreedores que van a producirse en los próximos meses, sobre todo cuando termine la obligación a no declarar concurso. Cabe recordar, que en estos momentos sigue vigente la moratoria concursal aprobada por el Ejecutivo, que permite hasta el próximo 31 de diciembre a los autónomos y negocios con problemas de insolvencia no abrir concurso, tanto voluntario, como obligatorio.

“Una vez que se elimine el esquema de ayudas y la moratoria concursal, seguramente muchas empresas se verán obligadas a declararse en concurso. Provocando una avalancha de procedimientos y una saturación de los juzgados de lo mercantil. Precisamente para prevenir esta situación, el Gobierno trabaja en la redacción del Anteproyecto, por eso yo creo que la van a mantener -la moratoria concursal- hasta que entre en vigor la nueva norma” afirmó la vicepresidenta de ATA.

Una prórroga de la moratoria para febrero

Aunque el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal está aún muy avanzado, aún le falta mucho proceso legislativo por recorrer. Hasta la fecha, ha pasado por consulta pública y por el Consejo Económico Social. Pero le falta pasar por Congreso, Senado y cumplir con todo el periodo de enmiendas, y volver a pasar por ambas cámaras.

Se trata de un proceso que Ferrero duda, por mucho que se agilicen los trámites, que esté listo antes de final de año para que los autónomos puedan acogerse a él. “Estamos hablando de una reforma compleja y la redacción de esta ley no será fácil. Los partidos van a querer hacer sus aportaciones y va a haber un proceso de enmiendas intenso” dijo la vicepresidenta de ATA.

Que añadió que “si se retrasa la tramitación de este anteproyecto de Ley, lo lógico será que se ampliase la moratoria concursal hasta que entre en vigor la nueva normativa”. Algo que Ferrero predijo que podría pasar como muy pronto en primavera. “Vamos a solicitar una reunión con el Ministerio de Justicia y veremos en qué estado se encuentra la norma, y si es posible la prórroga de la moratoria” comentó.

Una reforma que hay que reformar

El borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal que sacó a consulta pública este verano el Gobierno, no convenció a los entendidos en la materia. Ni los economistas, ni administradores concursales, ni tampoco ATA dieron su visto bueno a una norma que a pesar de introducir importantes novedades para el colectivo, se quedaba corta en su objetivo de protegerle de la insolvencia.

“Una de las claves de la transposición de la normativa europea en este Anteproyecto es la instauración del sistema de atención temprana para prevenir la quiebra empresarial. Sin embargo, el sistema es poco ambicioso” criticó la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero. Que comentó que en la reunión que mantendrían en un futuro con el Ministerio de Justicia le trasladaría el mecanismo europea de Early Warning, que ATA ha estado desarrollando estos años.

Precisamente, esta fue una de las mayores críticas que hizo el Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas- al borrador, asegurando que les falta concreción en cuanto a los sistemas de detección temprana de insolvencia o un posicionamiento claro sobre si los autónomos podrán librarse o no, a través del concurso, de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social. Novedad que deberían haber incluido en base a la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, en la que se avala que los trabajadores por cuenta propia puedan librase de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social, siempre que acuda a concurso.

Y por último, uno de los puntos más críticos de la reforma, fue la inclusión de un nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores. Sin embargo, la propuesta no terminar de encajar puesto que elimina la intervención de los administradores concursales de los procesos. Lo que ha llevado a la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) a criticar duramente el documento y a denunciar la inseguridad jurídica a la que se verán sometidos los trabajadores autónomos.

La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, coincidió en el perjuicio que supondría para los pequeños negocios la eliminación de la actuación de estos profesionales. “Nosotros lo que hemos defendido siempre es que fuese gratuito. Es evidente, que un autónomo que se encuentra en situación de concurso no puede pagar un profesional. Pero no se les puede quitar del proceso, porque el autónomo no tiene los conocimientos suficientes. Su figura debe estar subvencionada”.

Los autónomos están acudiendo a concursos y el procedimiento es más caro

A pesar de lo que pueda ocurrir dentro de unos meses, la realidad es que los autónomos están ya acudiendo al concurso de acreedores a pesar de no tener la obligación. Una encuesta realizada a los miembros del Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ), del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), refleja el incremento del número de concursos abiertos por trabajadores por cuenta propia a lo largo de 2021, como ahora el procedimiento es mucho más costoso debido al alto número de casos y cómo el sistema de concurso actual sigue sin poder evitar el cierre de las actividades que acuden a él. 

Durante el IV Congreso Nacional del RAJ, el presidente del ICJCE, Ferrán Rodríguez; y el presidente del RAJ, Eduardo Molina, expusieron los resultados de la encuesta. Y, entre las principales conclusiones de la encuesta, se encontraba “la a tendencia al alza reflejada en el panel de 2020 en la evolución de la actividad concursal. Persiste la percepción de que los próximos meses volverá a aumentar el número de nuevos procesos concursales y el endurecimiento de las condiciones económicas en las que tienen lugar”.

En un comunicado emitido, Rodríguez detallaba que el incremento de los costes de los procedimientos concursales se debían al aumento de la litigiosidad en la Administración Judicial, que genera una acumulación en los tribunales y una lentitud en el proceso. A su modo de ver, el procedimiento “está peor que hace unos años”.

En cuanto a la moratoria concursal, señalan que ésta “no ha servido para el objetivo principal que era el de ayudar a que las empresas evitasen su materialización” puntualizó Molina. De hecho, señalan el deficitario sistema de concurso español que sigue sin poder evitar del cierre a las empresas que acuden, dado que la mayoría de los expedientes acaban en liquidación. 

“Todo hace indicar que el número de concursos voluntarios aumentará exponencialmente en el momento que finalicen las moratorias y especialmente aquellos de pequeñas y medianas empresas. De hecho, el 77% de los encuestados considera que estos aumentaran. Entendemos que el Anteproyecto de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal presentado por el Gobierno, si bien aporta algunas mejoras, deberá ser reformado para resolver, tanto los problemas que ya se vienen arrastrando como los nuevos generados por la crisis Covid”, aseguró el presidente del RAJ, Eduardo Molina.