Muchos autónomos expectantes ante la posible subida del impuesto del diésel
El plan del Gobierno de revisar los impuestos medioambientales podría disparar el precio del diésel. Si bien esto no afectaría a algunos autónomos del transporte pesado, los furgoneteros, los taxistas o los agentes comerciales tendrían que asumir un sobrecoste de millones de euros.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, continúa adelante con el plan de revisar los impuestos medioambientales, entre los que se encuentra el gasoil. Así lo reconoció en una entrevista concedida el pasado domingo a El País: “tiene que haber un desarrollo de la política fiscal verde que permita acompañar al sector productivo para lograr una economía neutra en carbono. La fiscalidad es una herramienta, no un fin en sí mismo”, aseguró.
A este respecto, fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a Autónomos y Emprendedores, que “se tomará como referencia la propuesta aprobada para los Presupuestos Generales del Estado de 2019”. El proyecto de Ley, que finalmente no contó con el respaldo del Congreso de los Diputados, contemplaba que “se incrementarán los tipos impositivos aplicables al Impuesto de Hidrocarburos para el transporte por carretera”. No obstante, un párrafo más abajo, el texto detalla que “la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad de los sectores intensivos en su consumo”.
Es decir, los profesionales del transporte pesado no sufrirían en su factura la subida del impuesto de hidrocarburos de 3,8 céntimos por litro de combustible y que supondrá unos ingresos en las arcas de Hacienda de en torno a 670 millones de euros. Ahora bien, ¿qué ocurrirá con el resto de profesionales autónomos para los que sus vehículos son la principal herramienta de trabajo?
De no buscarse soluciones, taxistas, agentes comerciales o profesionales del transporte ligero (mensajeros, repartidores…) tendrán que asumir un sobrecoste de millones de euros. De hecho, el colectivo de agentes comerciales denunció en su momento que la medida es “un golpe a la economía que costará más de cinco millones de euros al sector”, en el que cabe recordar que ocho de cada diez profesionales son autónomos que recorren una media de 50.000 kilómetros cada año.
En el caso del transporte -sector para el que el combustible representa entre el 40% y el 50% de los costes totales-, de afectarles la subida de a fiscalidad, el agujero podría ser superior. Las estimaciones de Fetransa (Federación Nacional del Transporte por Carretera) concretan que “por cada céntimo de variación del precio del combustible, el gasto de un transportista aumenta 96 euros al mes”.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que cualquier subida del precio del carburante se traslada a los bienes básicos, como los alimentos y las prendas de vestir, por lo que una política fiscal que afectase al transporte repercutiría en los consumidores que también verían incrementado el precio de la cesta de la compra. Lo cual, a su vez, es probable que derive en una contracción del consumo.
No obstante, los sectores y actividades afectadas confían en que el Ejecutivo mantenga el compromiso que la propia ministra Montero adquirió hace un año, cuando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el citado proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, aseguró que la Agencia Tributaria trabajaba en la identificación de los trabajadores autónomos que emplean sus vehículos de forma profesional para establecer herramientas que aseguren que no les afecte la retirada de las bonificaciones ni las subidas de precios.
También, el sector del transporte trasladó su preocupación a los responsables del Ministerio de Fomento, al que solicitó extender la bonificación del gasóleo profesional a los profesionales del transporte ligero con vehículos de peso entre dos y 7,5 toneladas. Algo que desde Fomento se vió con buenos ojos.
Mayor presión fiscal que la media de la UE
En la citada entrevista de El País, Montero afirmó que “España está por debajo de la presión fiscal en Europa. Su sistema tiene margen para buscar nuevas figuras impositivas”. Las reacciones a las palabras de la titular de Hacienda no se han hecho esperar. El presidente de la patronal de los empresarios (CEOE), Antonio Garamendi, respondió en otra entrevista concedida a el diario El Mundo que “el mantra” de que en España hay menor presión fiscal “no es cierto” ya que en la información proporcionada por el Ejecutivo “no se incluye” la economía sumergida cuyo peso alcanza el 24% frente al 13% de Europa.
Garamendi añadió, además, que “la presión fiscal empresarial, sumando impuestos y cotizaciones, se sitúa en el 10,5% del PIB, frente a la media de la UE del 9,3%”.
Por otra parte, el presidente de la CEOE, advirtió del efecto negativo de la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a 1.000 euros que “perjudicaría a la España vaciada y a las que no son comunidades ricas”. Asimismo, insistió en el “problema gravísimo” que tendría sobre la negociación colectiva, puesto que obligaría a elevar el resto de salarios. Algo que muchas empresas no pueden asumir en el momento actual de incertidumbre y desaceleración económica. “No ayudaría a crear empleo”, concluyó.
