El no del Congreso a los PGE frena la subida del diésel
Los grupos parlamentarios han tumbado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en los que se establecía la subida del impuesto al gasoil. No obstante, al Gobierno le queda la vía del Real Decreto Ley.
El “dieselazo”, tal y como lo calificó ayer Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, durante su intervención en el debate de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se queda, por el momento, en el limbo. A las 12:44 de hoy, los votos de 191 diputados de, entre otros grupos parlamentarios, Partido Popular, Ciudadanos y los nacionalistas, han tumbado las cuentas que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez había dibujado para este año 2019. Unas cuentas que recogían la subida del impuesto al diésel con el objetivo de equipararlo al de la gasolina.
El incremento hubiera supuesto para los conductores con un vehículo diésel 3,8 céntimos más por litro de combustible, con los que el Ejecutivo preveía aumentar la recaudación en 670 millones de euros.
No obstante, al Gobierno todavía le queda la posibilidad de aprobar esta subida empleando -una vez más, y ya van cerca de 30- la vía del Real Decreto Ley, que tendría que ser convalidada a posteriori por el arco parlamentario. Sin embargo, de confirmarse la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 28 de abril, la lógica hace que esta opción sea poco probable. Primero por lo impopular que acompaña al anuncio de cualquier subida de impuestos que, por norma general se traslada a los precios de los bienes y servicios. Segundo, por los efectos que tendría en la economía tanto de los consumidores como de los profesionales que emplean sus vehículos para ejercer su actividad.
Junto al sector de la automoción, el colectivo de autónomos es precisamente el que más se beneficiará de que no se lleve adelante esta medida. En torno a 200.000 profesionales afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) emplean este tipo de vehículos, entre ellos repartidores, mensajeros, visitadores médicos o los 20.000 agentes comerciales que recorren una media de 50.000 kilómetros al año y que hubieran tenido que soportar un sobrecoste superior a los cinco millones de euros cada año.
Ni sube ni baja el Impuesto de Sociedades
Lo que también se queda en el aire es la bajada de dos puntos del Impuesto de Sociedades (del 25% al 23%) para las pequeñas y medianas empresas con una facturación de menos de un millón de euros que se recogía en el proyecto de Presupuestos para este año y que costaría 260 millones de euros al Gobierno. Revisión a la baja que que, pese a ser bienvenida en el seno empresarial, Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios) y vicepresidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) describió como “la propina en el café”. Cabe recordar que sólo pagan por este impuesto las sociedades que obtienen beneficios, y en España, más de la mitad de las pymes todavía declaran pérdidas.
Las grandes empresas sí se beneficiarán del “no” de los grupos parlamentarios, ya que el plan de Sánchez de establecer un tipo mínimo del 15% no se llevará a efecto. Con esta medida el Ejecutivo esperaba recaudar 1.776 millones de euros.
Por otra parte, pendientes de si el Gobierno decide seguir empleando la vía legislativa de urgencia, tampoco se hará efectiva la rebaja del tipo de IVA de los veterinarios. Según lo determinado en el proyecto de Presupuestos el colectivo pasaba a tributar al tipo reducido del 10%, lo que supondría una minoración de 35 millones de euros en los ingresos.
Tampoco subirá el IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas) en dos y cuatro puntos para quienes declaren más de 130.000 y 300.000 euros respectivamente y que aportaría 328 millones de euros a las arcas del Estado.
