Las nuevas prestaciones de los autónomos pueden comprometer la viabilidad de muchas mutuas

Desde el 1 de enero, los trabajadores por cuenta propia están disfrutando, gracias a la aprobación del Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de una mejor protección social. Ahora están cubiertos por contingencias comunes (incapacidad temporal, maternidad, paternidad, lactancia y cuidados de menores), por contingencias profesionales (enfermedad profesional y accidente laboral), formación y por cese de actividad.

Se trata de un gran avance, que repercute en favor de los más de tres millones de trabajadores autónomos que hay en España. Pero también afecta a las mutuas porque tienen que hacerse cargo de cubrir estas nuevas prestaciones universalizadas para todos los trabajadores por cuenta propia.

AMAT reúne a todas las mutuas que son empresas privadas colaboradoras con la Seguridad Social para dar asistencia sanitaria al profesional, tanto por cuenta propia o ajena, que las contrate. Desde el pasado 31 de marzo, todos los trabajadores autónomos están mutualizados con una de las 19 mutuas que colaboran con la Seguridad Social en la actualidad. 

En esta entrevista Pedro Pablo Sanz Casado explica la situación financiera en la que se encuentran las mutuas, revela si éstas se han visto afectadas por el aumento de las prestaciones y augura cómo será el futuro de estas entidades. Sanz es abogado, con una larga trayectoria como experto en Seguridad Social en el ámbito sanitario. Es, desde 2013, vocal en el Comité Técnico de Normalización, Prevención y Medios de Protección Personal y Colectiva en el Trabajo, también en el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y miembro del Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por parte de CEOE, entre otros cargos. Y desde el 2010 es el director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

- Todos los trabajadores autónomos tienen acceso -desde el 1 de enero y gracias a la aprobación del Real Decreto Ley 28-2018 de 28 de diciembre- a las prestaciones por contingencias profesionales, por las contingencias comunes y por cese de actividad. ¿Cómo les va a afectar a las mutuas, desde el punto de vista de sus recursos, este aumento de coberturas?

- Efectivamente, dicha normativa tiene un importante impacto en el sector mutuas, ya que son las responsables de las coberturas por Contingencias Profesionales, Contingencias Comunes y por Cese de Actividad de los autónomos. El problema surge cuando aumentan las prestaciones, pero en cambio la financiación con origen en las cotizaciones de los trabajadores autónomos que perciben estas entidades para sufragar las prestaciones, lejos de haberse visto incrementada, en términos reales se ha reducido, por lo que el efecto en la economía del sector lleva consigo un déficit añadido en términos globales por estas medidas. Todo ello ha de unirse al grave problema existente en la evolución del resultado negativo en contingencias comunes, que el sector estima para el cierre del ejercicio 2019 en unos 1.400 millones de euros de déficit.

No hay que olvidar que las mutuas son asociaciones de empresarios que colaboran con la Seguridad Social,  y que es constitucionalmente obligado que estas entidades cuenten con la financiación suficiente para hacerse cargo de las mismas sin poner en riesgo su solvencia y liquidez, y menos aún la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas.

El sector estima para el cierre del ejercicio 2019 en unos 1.400 millones de euros de déficit

- ¿Van a poder hacer frente las mutuas a este aumento del gasto?

- Las Mutuas asumen la responsabilidad de estas nuevas medidas, desde su vocación de servicio y leal colaboración con la Seguridad Social. En este sentido confían en que, con carácter inmediato, puedan disponer de la debida financiación adecuada. Toda vez que en el compromiso adquirido por la Administración en el acuerdo suscrito con las organizaciones de autónomos, del que traen causa estas medidas, se recoge expresamente que la Seguridad Social realizará “los ajustes necesarios para garantizar que las fracciones de cuota permitan a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social desarrollar suficientemente su acción protectora”.

Así las cosas, un sistema que parece orientado a tal finalidad, quedó plasmado en la Orden TMS/83/2019 ,de 31 de enero, en la que se establece un nuevo mecanismo de financiación adicional para aquellos supuestos en los que la suma de los resultados a distribuir resulte negativa, posibilitando aumentar la fracción de cuota en favor de una o varias determinadas Mutuas, hasta un máximo del 0,06.

No obstante, este mecanismo es nuevo, y 2019 es el primer año en que será la primera vez que se aplique, la prudencia aconseja cautela a expensas de ver cómo se termina manifestando en realidad, ya que dicha financiación adicional puede resultar nuevamente insuficiente, si no para todo el sector, sí al menos para algunas Mutuas, y se entiende, a la luz del acuerdo, que ninguna debe verse perjudicada por estas medidas a título individual.

- ¿Disponen, entonces, de la suficiente liquidez para pagarlo? ¿Cómo lo van a financiar?

- En la actualidad, las Mutuas disponen de suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones en materia de prestaciones económicas y sanitarias en favor de los trabajadores, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. No obstante, el déficit reiterado con motivo de la mala evolución de las Contingencias Comunes está lastrando la solvencia de las Mutuas en unos 9 puntos (de un 37,26% a un 28,94%) en los últimos cinco años, al ir consumiendo reservas, en cuanto a liquidez se refiere, hay que indicar que este ratio también se ha visto reducido en el mismo periodo en más de un 25%.

Cabe señalar que existe un saldo permanente en la Tesorería General de la Seguridad Social, de las que las Mutuas son acreedoras, y el mismo ha aumentado de 1.141 millones de euros en 2014 a 1.848 millones de euros al cierre del ejercicio 2018, no siendo proporcional este aumento al incremento de las cotizaciones, ni en términos sectoriales, ni con carácter individual para cada Mutua. Para ser más claros, si antes la Tesorería General de la Seguridad Social debía, de forma permanente, un 12% de las cotizaciones a las Mutuas. Ahora esa deuda se ha incrementado hasta más del 15%, lo que en términos absolutos supone más de 700 millones de euros. Insisto, el problema de la liquidez no es aún demasiado grave, pero está empezando a acuciar a alguna entidad.

- Parece que muchas mutuas se encuentran en serias dificultades por las coberturas de las contingencias de incapacidad temporal ¿Cómo están las mutuas en este momento a nivel financiero? ¿Cuántas se encuentran en número rojos o en riesgo de quiebra?

- Tal y como he señalado, la solvencia de las Mutuas y la liquidez en la actualidad es aceptable. Pero, de continuar con el déficit en contingencias comunes y con la inclusión de nuevas prestaciones, sin la financiación suficiente para hacerles frente, la viabilidad de las Mutuas se podría ver comprometida en los próximos años.

Los problemas que existen es que el déficit continuado en contingencias comunes está mermando la solvencia. Y, por otro lado, se está reduciendo la liquidez, con motivo del incremento de los saldos permanentes que existen en la Tesorería General de la Seguridad Social en favor de las Mutuas. Así las cosas, todo depende de que la Administración de Seguridad Social, garantice la suficiente fracción de cuota, a nivel individual de cada Mutua, para hacer frente a su labor de colaboración en la gestión de prestaciones, y sin perder de vista la posibilidad de que las Mutuas cuenten con mayores herramientas de gestión de las enfermedades y accidentes no laborales.

- ¿Desde cuándo se vienen produciendo pérdidas en las mutuas? ¿Hay algún motivo más a parte de las coberturas por contingencias comunes?

- En 2015 comenzó a producirse déficit en contingencias comunes que ha ido aumentando como una bola de nieve. De los 103 millones de euros de déficit de aquel año hemos llegado a los 747 millones en 2018, y las previsiones para 2019 nos dicen que el déficit en esta prestación va a situarse cerca de los 1.400 millones. De momento, este es el pie de barro de estas entidades a nivel económico. Pero no es un problema exclusivo de ellas, toda vez que dicho déficit se integra dentro del déficit general de la Seguridad Social, agravándolo, y además el elevado número de procesos de contingencia común suponen un importante coste directo contra las cuentas de resultados de las empresas, lastrando su competitividad, y la posibilidad de crear empleo e incrementar el crecimiento económico.

El déficit por Contingencias Comunes ha pasado de 103 millones de euros en 2015, a 747 millones en 2018.

Sin perjuicio de que la Seguridad Social garantice una suficiente financiación a las Mutuas para hacer frente a estas prestaciones, las Mutuas podrían ayudar a reducir ese déficit, con lo que necesitarían menos recursos económicos. Si tuvieran más autonomía presupuestaria y de gestión pudiendo, por ejemplo, prestar asistencia sanitaria en procesos de contingencia común y emitir el alta, al menos en procesos traumatológicos y de Psiquiatría. De tal forma que los trabajadores, sin menoscabo alguno de sus derechos, pudieran recuperar más rápidamente su salud.

- ¿Es cierto que, precisamente, la diferencia entre lo que aportan los autónomos y su modesta cifra de prestaciones es lo que ha permitido sufragar parte del déficit de contingencias comunes estos años?

- Cabe señalar que las cotizaciones de los trabajadores, tanto por cuenta propia como ajena, vienen siendo las mismas en los últimos años, solo variando las bases sobre las que se aplican los tipos para el cálculo de la cotización.

Que las Mutuas perciban una fracción de cuota mayor o menor sobre las cotizaciones de un determinado colectivo, no implica perjuicios para los individuos del mismo, y menos aún cuando los trabajadores autónomos vienen siendo grandes beneficiarios en nuestro sistema de pensiones. Dado lo anterior, hay que destacar que los excedentes de las Mutuas van destinados a dotar los Fondos de Seguridad Social con los que se vienen financiando las pensiones y, si bien, puede entenderse que la fracción de cuota con origen en el colectivo de trabajadores autónomos ha servido para financiar parte del déficit en contingencias comunes, no hay que perder de vista que el superávit en contingencias profesionales, con origen mayoritario en el colectivo de trabajadores por cuenta ajena, ha servido para financiar tanto las pensiones, como el propio déficit en contingencias comunes.

Creo que cada prestación debe financiarse con origen en sus cotizaciones, y las desviaciones finales deben compensarse con el adecuado grado de solidaridad propio del sistema, una vez integradas las cuentas, pero ello no debe comprometer, en su caso, la existencia de ninguna Entidad que tanto beneficio ha dado.

- ¿Cuáles son las mayores ventajas que usted destacaría de las mutuas para con los autónomos?

- Realmente se trata de las mismas ventajas que tienen los trabajadores por cuenta ajena. En contingencias profesionales las Mutuas realizarán, en favor de los trabajadores autónomos, actividades preventivas, les pagarán rentas sustitutivas, les prestarán asistencia sanitaria en el caso de necesitarla, y podrán optar a prestaciones de asistencia social propias de las Mutuas y distintas de las que prestan las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

En este sentido, los autónomos tienen ahora a su disposición más de 21.000 profesionales de las Mutuas, de los cuales 10.544 son profesionales sanitarios. Cuentan con 23 hospitales y 1.057 ambulatorios y centros asistenciales, y con 1.259 camas hospitalarias si su patología requiriera de un ingreso. En enfermedades o accidentes no laborales, los autónomos cuentan con una prestación económica desde el cuarto día de la baja.

En cualquier caso, ante una baja por una incapacidad temporal, desde el día 61 la Mutua se hará cargo de sus cotizaciones por todas las contingencias. Además, los autónomos tienen acceso a la prestación por riesgo durante el embarazo o la lactancia. Así como por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, y también al cese de actividad de trabajadores autónomos.  

- ¿Usted cree que los autónomos conocen bien el papel que desempeñan las mutuas en su protección social?

- Desgraciadamente, la gran mayoría de los autónomos y de los trabajadores por cuenta ajena no son conocedores de la importancia que tienen las Mutuas como agentes estratégicos para la salud de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social.

Por poner sólo un ejemplo, pocos son conscientes de que las Mutuas realizan más de 22,5 millones de actos médicos al año. Más allá de este desconocimiento, nos enorgullece la opinión que transmiten los trabajadores que, por enfermedad o accidente laboral, han recibido asistencia en alguno de nuestros hospitales o centros asistenciales. El nivel de Calidad del Servicio, según las encuestas de satisfacción y percepción de la calidad que realizan las Mutuas a sus pacientes, fue en 2018 de un 8,68 sobre 10.

Las Mutuas realizan más de 22,5 millones de actos médicos al año.

- Son muchos los trabajadores por cuenta propia que se quejan de que, tras haber cotizado por cese de actividad, las mutuas no se lo han concedido ¿Por qué se deniega esta prestación? ¿Cómo podría mejorarse?

- Las Mutuas, como no puede ser de otra forma, se ciñen estrictamente a la normativa. Y, en ese sentido, el primer problema con que se encuentra el trabajador es la excesiva rigurosidad de los requisitos de acceso al subsidio, lo que hace que no llegue siquiera a formularse un número significativo de solicitudes. Los trabajadores autónomos tienen que aportar, junto con la solicitud de la prestación, un importante número de documentos acreditativos de que concurren las causas y requisitos que justifican la concesión de la prestación, debiendo las Mutuas, en prácticamente todos los expedientes, realizar una intensa labor de auditoría.

En la actualidad se exige, por el artículo 332 y concordantes con Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS, que se acredite ante el órgano gestor la situación de cese de actividad mediante una declaración jurada del solicitante, en la que se consigne el motivo o motivos concurrentes para el reconocimiento del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, y la fecha de efectos de cese de la actividad, a la que se acompañará de una serie de documentos que se regulan exhaustivamente en este artículo 332 del TRLGSS, así como en los artículos 4 y siguientes del RD 1541/2011, de 31 de octubre, y en las Instrucciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 11 de mayo de 2016, sin perjuicio de que pueda aportar cualquier medio de prueba admitido legalmente.

Ante esta realidad, como propuesta, sería interesante valorar un cambio en el actual sistema de solicitud de la prestación, sustituyéndolo por un modelo de declaración responsable del solicitante, en el que el órgano gestor únicamente denegara la solicitud en el caso de no darse los requisitos del artículo 330 del TRLGSS. 

- ¿Cómo afecta el absentismo laboral a las mutuas?

- El absentismo laboral tiene consecuencias directas en la actividad económica de las Mutuas, ya que su crecimiento conlleva que se incremente el correspondiente gasto en prestaciones económicas. Por eso, desde AMAT, llevamos tiempo solicitando de forma reiterada a la Administración de Seguridad Social una revisión de la fracción de la cuota que ofrece a las Mutuas por la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, adecuada y suficiente para cubrir su déficit, tanto a nivel sectorial como de cada Mutua. Esa cuota, que era de un 6% hasta 2010, se redujo a un 5,1% a partir de 2012. Como el absentismo laboral disminuyó por la crisis económica, las Mutuas contaban con suficiente financiación para cubrir la prestación y lo que sobraba, una vez cubiertas las reservas obligatorias, se ingresaba en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Pero a partir de 2013 el absentismo volvió a incrementarse, y con él el gasto en prestaciones, comenzando a entrar en déficit en 2015. Y la cuota no se incrementó proporcionalmente, tan sólo en 2016 aumentó en un 0,1%, quedándose en el 5,1% actual.

El enorme déficit acumulado que la prestación económica por contingencias comunes lleva asociado desde 2015, ha hecho que la solvencia de las Mutuas se haya ido reduciendo, por lo que de continuar así, sin la suficiente financiación, algunas entidades podrían tener problemas en los próximos años. Por otro lado, sin duda, también tiene un efecto pernicioso sobre las cuentas de las Seguridad Social y significa una parte importante de su déficit.

No obstante, no hay que olvidar que el absentismo es un problema de todos, y que también tiene efectos sobre las empresas, yendo directamente contra la línea de flotación de la competitividad, el empleo y el crecimiento económico.

- Por lo que es cierto que el absentismo laboral crece cuando mejora la economía, y baja cuando hay crisis…

- En los años más duros de la crisis económica se produjo una significativa reducción de los procesos de incapacidad temporal. Por poner un ejemplo, en 2013 el número de trabajadores que faltaba cada día al trabajo era de 661.765. En 2018 esa cifra se ha visto incrementada hasta llegar a 1.014.707 trabajadores. Analicémoslo, si lo prefiere, en porcentaje de bajas respecto al total de la población trabajadora: en 2013 faltaba cada día un 4,45% de los trabajadores a su puesto de trabajo, mientras que en 2018 ya se había alcanzado el 5,86%.

 Las razones de esta evolución seguramente no pueden explicarse por una única causa. Existe un punto de vista desde el que se aboga por que en tiempos de crisis existe miedo a perder el empleo por parte de los trabajadores, lo que se corrige en tiempos de bonanza, y desde otro punto de vista se justifica porque en el valle del ciclo económico se reduce el uso indebido de esta prestación, uso indebido que aumenta cuando la economía mejora. Seguramente un término intermedio entre estos puntos de vista justifique esta realidad.

- ¿Cuáles son las principales diferencias que existen en la gestión de una enfermedad por parte de la Seguridad Social y una mutua?

- Con carácter general, las Mutuas sólo pueden prestar asistencia sanitaria a aquellos trabajadores a los que cubre, cuando se ha producido un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Si el trabajador está cubierto por las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, esa asistencia sanitaria la prestan los Servicios Públicos de Salud.

Así las cosas, hay que señalar que los profesionales médicos de las Mutuas han estudiado en las mismas universidades que los de los Servicios Públicos de Salud, y están sujetos a los mismos Códigos Éticos y Deontológicos. En ese sentido, no debería haber grandes diferencias en cuanto al tratamiento médico que va a recibir un paciente. Pero me atrevería a decir que incluso, en determinadas patologías, como pueden ser las traumatológicas, los profesionales de las Mutuas cuentan con una altísima especialización, lo que se puede ver reflejado en la atención.

La principal diferencia se encuentra en los tiempos de respuesta. Las Mutuas no tienen lista de espera para pruebas diagnósticas o para intervenciones quirúrgicas, por lo que un trabajador que hubiera sufrido un accidente podría ser operado al día siguiente, optimizando de ese modo su recuperación.

Esta realidad, que se ve claramente reflejada ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional, es la que las Mutuas vienen reclamando para los casos de enfermedades o accidentes no laborales. Es decir, cuando se produce una contingencia común, las Mutuas no pueden actuar a nivel sanitario, salvo alguna excepción, sobre los trabajadores que tiene cubiertos, ello sin perjuicio de que les abone la correspondiente prestación económica, y quien actúa son los Servicios Públicos de Salud, que al tener una alta carga asistencial, además de la propia burocracia que se deriva de las relaciones entre Entidades Gestoras, Servicios Públicos de Salud y Mutuas, lo único que se consigue es retrasar la asistencia sanitaria en favor del trabajador y alargar los tiempos de la incapacidad temporal por motivos bien distintos a la salud de los pacientes, lo que termina llevando consigo un enorme coste, además de personal para el trabajador,  en prestaciones económicas de más de 14.400 millones de euros con cargo a la Seguridad Social, a las Mutuas y a las Empresas.

- ¿Cuánto aportaron el año pasado las mutuas a la Seguridad Social y cuánto esperan aportar este año?

- Me iré incluso más atrás. En 2015 las Mutuas aportaron 891 Millones de Euros a la Seguridad Social, con los que se dotaron el Fondo de Contingencias, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos. En 2017 y 2018, esta cifra ha sido de 558 y de 294 millones de euros, respectivamente. Para 2019, la previsión es que esta cifra no supere los 90 millones de euros.

- ¿Cómo cree que será el futuro de las mutuas? ¿Cómo se puede arreglar su situación actual?

- En la actualidad, las Mutuas están siendo sometidas desde hace unas décadas a un proceso de publificación, incrementándose la injerencia de la Administración Pública en su funcionamiento interno, en contraposición a su naturaleza privada. Si bien esta actuación de la Administración tiene sentido, por lo que se refiere al carácter de las prestaciones públicas en las que las Mutuas colaboran en la gestión, el carácter fundamental de su naturaleza privada, su autonomía de gestión, se está viendo comprometida, al menos en cuanto a sus políticas de personal y de gastos en bienes corrientes y servicios, distintos al concepto de transferencia propio de las prestaciones públicas. Esta merma en su autonomía de gestión está poniendo en riesgo la calidad de servicio en favor de los trabajadores y los ahorros que las Mutuas vienen consiguiendo históricamente en favor de las empresas y de la propia Seguridad Social.

Para mantener estas ventajas que aportan las Mutuas, resulta imprescindible que la esencia de la naturaleza privada de las Mutuas se dote de la necesaria seguridad jurídica, alejándoles de cualquier posible eventual interpretación e injerencia. Debe quedar jurídicamente definido el alcance de la autonomía de gestión y presupuestaria de estas Entidades. Es decir, si la Ley de Seguridad Social dice que las Mutuas tienen una naturaleza privada, ésta debe manifestarse de alguna manera, tal y como se propone. En la órbita privada, en el funcionamiento ordinario de las Mutuas, la dirección y el  control, atendiendo a como se haya definido el alcance de la naturaleza privada de las Mutuas, debe corresponder a sus Juntas Directivas y Asambleas, es decir, a los empresarios asociados y a sus representantes en los órganos de gobierno.

Situándonos en la esfera pública, es decir, en la que define qué prestaciones públicas corresponden a la Seguridad Social y quieren que las Mutuas colaboren en su gestión, la dirección y el control deben ser llevados a cabo por los organismos que se determinen desde el correspondiente departamento ministerial. En concreto, en cuanto al control, este debería centrarse en verificar la calidad y cuantía de las prestaciones en cuya gestión colaboran las Mutuas, así como en garantizar que las Mutuas cuentan con la debida liquidez y solvencia para hacer frente a sus obligaciones futuras ante los trabajadores protegidos.

Una mayor autonomía de gestión de las Mutuas, y un mayor control por parte de la Administración de las prestaciones en las que colaboran, garantizaría un mejor servicio para los trabajadores y menores costes para las empresas y la propia Seguridad Social. No obstante, si las Mutuas no cuentan con la financiación suficiente para llevar a cabo su colaboración, de poco servirán estas propuestas.