jueves. 02.04.2020

ANTES DE QUE FINALICE MARZO

Para paliar la crisis, las administraciones deberían pagar sus deudas con los autónomos

Para paliar la crisis, las administraciones deberían pagar sus deudas con los autónomos
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha exigido al Gobierno que todas las Administraciones Públicas hagan frente a sus pagos atrasados a proveedores, la mayoría autónomos.
Para paliar la crisis, las administraciones deberían pagar sus deudas con los autónomos

La morosidad es uno de los principales problemas de los autónomos. La solvencia de estos pequeños negocios depende de que sus clientes salden sus deudas. La situación se torna difícil para el colectivo de trabajadores por cuenta propia cuando la morosidad se vuelve estructural y sistémica. Estos profesionales tienen que ver como grandes empresas se financian a través del aplazamiento de sus deudas y las Administraciones Públicas incumplen los plazos medios de pago continuamente. 

De hecho, cobrar pasados los 30 días se ha convertido en algo habitual para los autónomos, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA); cuyo último informe sobre morosidad muestra como dos de las tres administraciones han aumentado los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores, la mayoría trabajadores por cuenta propia. Tanto es así, que la administración autonómica incrementó en cinco días el tiempo que tarda en pagar, de 35 a 42 días; y la administración local, para la que trabajan la mayoría de los autónomos, paso de 65 a 78 días.

Solo la Administración Central fue capaz de reducir sus periodos medios, pasando de 37 a 33 días de media. Tal es el problema, que los autónomos se han visto obligados a exigir el pago por adelantado. Las solicitudes de este medio de abono se dispararon un 9% entre 2018 y 2019, según muestra el Informe Europeo de Pagos de Intrum. La preocupación del colectivo no es infundada, ya que la morosidad amenaza la viabilidad del 30% de los negocios en España e impide a un 16% contratar a nuevos empleados, según esta entidad.

El problema es de tal calado que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó una sentencia el pasado mes de enero, que obliga al Gobierno español a vigilar el cumplimiento de los plazos de pago de las administraciones con sus proveedores; como ya informó este medio. En concreto, la sentencia establece que “los países velarán por que en las operaciones comerciales en las que el deudor sea un poder público, el plazo de pago no supere 30 o 60 días naturales -dependiendo del caso-". 

Ahora bien, si la morosidad ya es una lastre para los autónomos de por si, la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, comúnmente conocido como coronavirus, ha puesto sobre la mesa el alcance y la gravedad de este problema. Estos pequeños negocios se están viendo sin liquidez para afrontar la situación. Por este motivo, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) exige al Gobierno que todas las Administraciones Públicas hagan frente a sus pagos a proveedores y suministradores dentro del plazo legal y solvente -antes de final de este mes de marzo- los más de 7.300 millones pendientes de pago en periodo excedido a cierre de 2019.

Autónomos al borde de una crisis de liquidez

La crisis sanitaria causada por la epidemia de Covid-19 ha supuesto la toma de decisiones extraordinarias que afectan de manera excepcional a la actividad económica. “Pymes y autónomos se verán inmersos en una crisis de liquidez de dimensiones desconocidas, por lo que, si no reacciona de manera urgente, muchas de ellas no podrán sobrevivir”, alerta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

A la espera de la aprobación de nuevas medidas económicas, Desde la Plataforma instan al Gobierno a asegurar el mantenimiento de la cadena de pagos acometiendo determinadas acciones, que “generan liquidez, pero no deuda al Estado”. Cañete señala que “esta medida no implica aportación de recursos extraordinarios, solo supone el cumplimiento, por parte de nuestras Administraciones Públicas, de la legislación vigente en materia de pagos”.

Además de esta reivindicación, la PMcM considera urgente la necesidad de anticipar la devolución del IVA a las pymes y autónomos que lo hubieran solicitado a cierre de 2019 e implantar un sistema que permita la compensación de créditos fiscales, como ya vienen haciendo otros países.

Antoni Cañete recuerda que, durante la crisis de 2010, las Administraciones Públicas pagaban de media pasados los 150 días, “lo que supuso un estrangulamiento de la actividad de pymes y autónomos, que sólo se solucionó con la implantación del Plan de Pago a Proveedores a partir de 2012; en ese periodo, cientos de miles de trabajadores por cuenta propia, en un proceso en cadena, se vieron abocados al cierre; con el consecuente impacto sobre la actividad económica y el empleo”.

Una inyección de liquidez como la que supondría el pago de las deudas con los autónomos “no tendría coste adicional para las arcas públicas y, a diferencia de los avales del ICO, no conllevaría riesgos de impagos, ya que solo supone atender a los pagos pendientes dentro de los límites legales de pago fijados para las Administraciones Públicas”, asegura. "La economía es una asociación de flujos encadenados que no podemos parar, por lo que es fundamental inyectar liquidez. Cualquier corte en la cadena de liquidez significa el cierre y la desaparición de la parte que se queda sin fondos. Las empresas y los autónomos estamos perdiendo sangre, necesitamos urgentemente que se produzca una transfusión que no puede esperar; si no, llegaremos tarde en muchos casos”, concluye Cañete.

Para paliar la crisis, las administraciones deberían pagar sus deudas con los autónomos