El plan antifraude que Hacienda aplicará para controlar las ayudas europeas afectará también a los autónomos

El Gobierno creará una gran base de datos de beneficiarios de los fondos europeos para tener controlado el uso que hagan los autónomos y empresas del dinero que venga de Europa y se distribuya mediante ayudas. Hacienda ya ha aprobado las dos órdenes ministeriales que establecen las líneas maestras de este plan de gestión y seguimiento que tendrán que llevar a cabo los organismos encargados de distribuir las ayudas provenientes de los fondos europeos. La Ley, publicada el pasado 29 de septiembre en el BOE, marca, entre otras cosas, los mecanismos de control y prevención del fraude que tendrán que llevar a cabo entidades como los ayuntamientos o gobiernos autonómicos sobre las distintas empresas y autónomos beneficiarios.

Estas dos órdenes fijan el marco que tendrán que respetar todas las entidades que gestionen los alrededor de 70.000 millones en ayudas no reembolsables que entregará la UE en tres años y que están contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que prevé miles de subvenciones de las que se pueden beneficiar los autónomos y pequeños negocios, en materia de sostenibilidad, digitalización, ciberseguridad, incentivos al empleo, o fomento de la actividad cultural. 

Estas entidades tendrán que desarrollar un sistema para verificar, en primer lugar, que los beneficiarios cumplen con los requisitos estipulados en cada convocatoria y, por otro lado, que cumplen la finalidad para la que les fue otorgada la subvención -como, por ejemplo, implantar nuevas herramientas digitales para el cobro en el negocio, o comprar un vehículo más sostenible, o mejorar sus sistemas de ciberseguridad-. Con el objetivo de que detallen todas las líneas específicas de control y seguimiento, el Ministerio de Hacienda ha dado 90 días a  los organismos para aprobar planes antifraude, que servirán para controlar el acceso y el uso que hagan los autónomos y demás beneficiarios de estos fondos.  

Concretamente, los ayuntamientos o comunidades -que son las entidades que normalmente se encargarán de distribuir las subvenciones entre sus negocios-  contarán con un plazo máximo de tres meses -a contar desde el pasado 1 de octubre- para aprobar un 'Plan de medidas antifraude', que será revisado periódicamente, bienal o anualmente, y que deberá evaluar el "riesgo, impacto y probabilidad" de fraude en el uso de los fondos por parte de cada beneficiario. Para ello pide, entre otras cosas, que se suministre a la Agencia Tributaria los datos de la mayoría de beneficiarios de estos fondos -en función de sus ingresos o de la cuantía de subvención que reciban- para anticiparse y tener controlado el posible fraude.   

Una base con los datos de autónomos y empresas, según sus ingresos o la subvención recibida

Si bien es cierto "que Hacienda deja margen a las entidades para desarrollar este plan, hay unas determinadas guías y unas líneas maestras que deberán seguir estas entidades. Sin ir más lejos, tendrán que adaptar los requisitos de control a lo que marca la Ley de subvenciones, por lo que estas ayudas tendrán que ser finalistas y, por lo tanto, deberá verificarse que los autónomos cumplen la finalidad para la que se les haya concedido el dinero", explicó José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). 

Para ello, la orden de Hacienda de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, obliga a las entidades gestoras de los fondos a intercambiar con la Agencia Tributaria la información necesaria para configurar la "Base de Datos de los beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas".

En ella, según precisa la norma se integrarán, al menos, a los siguientes beneficiarios:

• Sociedades mercantiles, grupos de sociedades, agrupaciones y uniones temporales de empresas, cooperativas y cualquier otra entidad o persona física que ejerza una actividad económica con un importe neto anual de la cifra de negocios o volumen de operaciones a efectos de IVA o impuesto indirecto equivalente superior a dos millones de euros.
•  Titulares con una participación superior al veinticinco por ciento del capital social o, en su caso, del Fondo Patrimonial, en cualquiera de las entidades mencionadas en el guion anterior.
•  Autónomos, particulares o empresas  que ostenten la condición de beneficiarios de ayudas por importe superior a siete mil euros. 

Es decir, en esta base figurarán, como mínimo, los autónomos o empresarios que se hayan beneficiado de una ayuda superior a 7.000 euros, junto a las actividades que tengan una cifra de negocios superior a los dos millones de euros. 

Así mismo, la Ley también marca que los ayuntamientos, CCAA y demás entidades gestoras deberán recopilar la siguiente información de los beneficiarios en la misma convocatoria: 

a) NIF del beneficiario.

b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.

c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.

d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B).

e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR ( Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes) y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión ( 

f) Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.

Sin embargo, esto sería sólo la parte más elemental del plan de control. En este caso, también "se tiene que rendir cuentas no sólo a las diferentes entidades de auditoría nacional, sino también europea. Para ello, hay que establecer un control de las operaciones, de los gastos que se recogen según muestras representativas. Y además, también hay que cumplir con los llamados 'hitos', que son objetivos temporales a los que se ha comprometido España y con los que las entidades van a tener que ser muy exigentes, porque dependiendo de cada subvención, habrá que cumplir objetivos más cortos o más dilatados en el tiempo", explicó el secretario general de Gestha.

Como en cualquier otra subvención, habrá que acreditar el gasto con facturas

Todavía falta que cada organismo marque al detalle exactamente cuáles serán los mecanismos de control y cómo se llevarán a cabo. Sin embargo, "en lo que se refiere a la mayoría de los autónomos, el control será mucho más sencillo, ya que los fondos a los que accederán serán probablemente para objetivos a corto alcance y de bajo presupuesto. Por lo tanto, se puede prever que las medidas de prevención se basarán en facturas y acreditaciones de los gastos a los que se destinan los fondos, y el seguimiento será a corto plazo, verificando que el objetivo para el que se ha recibido el dinero se ha llevado a cabo en el negocio", dijo José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

En esta línea, el secretario general de Gestha puso un ejemplo de cómo se podría articular el plan de control y seguimiento de los fondos de la UE en subvenciones a autónomos: "Imaginemos una ayuda a la digitalización o ciberseguridad. En este caso, el seguimiento más habitual sería similar al de cualquier otra subvención. Una vez recibido el importe, seguramente, lo primero será tener las facturas de las compras e instalación del paquete informático que haya instalado el autónomo en su negocio para protegerse de ciberataques. Esto sería el mismo proceso que con las ayudas directas, presentar las facturas completas ante la autoridad competente".

Así mismo, apuntó el secretario general de Gestha, "también es clave la forma de pago con la que se ha adquirido ese producto y se ha pagado por el servicio. Previsiblemente se exija un medio de pago que permita el rastreo, como una transferencia o pago con tarjeta. Y, posteriormente, se podrá verificar que realmente se ha instalado el programa objeto de la subvención. Imagino que habiendo 69.000 millones que asignar, no se va a ir de oficina en oficina para verificar todos los destinos de subvenciones pequeñas, a no ser que haya una denuncia o sospecha fundada de que el negocio ha utilizado el dinero para otra cosa". 

El grado de control dependerá de la cuantía de la subvención

Como en cualquier otro plan de control, el importe del posible fraude determina las actuaciones. "Según las cuantías que se reciban, evidentemente, habrá mayor o menor seguimiento. A lo mejor para pequeños importes con las facturas sería suficiente. Ahora bien, para una ejecución de una obra pública en la que colabore y por la que cobre un autónomo, la cosa cambiará y habrá, con total seguridad, un seguimiento exhaustivo de que el trabajador por cuenta propia  realmente tiene la capacidad para ejecutar su trabajo y, si la tiene, se verificará la labor desarrollada", dijo Mollinedo. 

El secretario general de Gestha puso el ejemplo, en este caso, de las obras del ave entre Murcia y Almería, que tienen un plazo de ejecución de tres años, que van a cargo de estos fondos y que ya se están empezando a ejecutar. "En ellas colaborarán todo tipo de empresas y autónomos. En este caso, el control de los hitos temporales a los que se hayan comprometido las entidades con Europa será muy estricto".

¿Cómo llegarán los fondos europeos a los autónomos?

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es la hoja de ruta que elaboró el Gobierno para salir de la crisis económica generada por la Covid-19. Un proyecto a largo plazo que contará con un amplio presupuesto que irá recibiendo España de los fondos del Plan Next Generation EU (el Fondo de Recuperación que ha creado la Comisión Europea para ayudar a los Estados miembros) en los próximos años. De estos fondos, alrededor de 72.000 millones de euros serán desembolsados en forma de transferencias y el resto a través de préstamos.

Este apoyo europeo irá destinado en un 17% al emprendimiento y a la digitalización de los pequeños negocios. Así lo anunció el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Sánchez explicó que el Plan de Recuperación cuenta con diez políticas tractoras -u objetivos-, a las que se destinarán estos fondos europeos, en función de su prioridad. Uno de ellos es la modernización y digitalización del tejido industrial, junto con el impulso de la Estrategia España Nación Emprendedora.  

Precisamente, la quinta política tractora es la que más afecta a los autónomos y es la que guía la modernización de todo nuestro sistema productivo desde los parámetros de digitalización. Al parecer, el  proyecto se centrará en especial en las pequeñas y medianas empresas,  "que son muy pequeñas, están muy atomizadas y tenemos que escalarlas para que puedan seguir exportando y ganando en competitividad”, dijo Sánchez. Una digitalización que en un principio no sólo estaría dirigida a los sectores más tecnológicos o industriales, sino también al turismo.

Ambos objetivos forman parte del quinto punto de los diez que tiene el Pan de Recuperación y al que tienen previsto dedicar “ni más, ni menos que el 17% del conjunto de fondos”, comentó el presidente del Gobierno. Esto serían unos 23.800 millones de euros. Se trata de uno de los porcentajes de destino de los fondos euros más altos y que más afectará a los autónomos.  

Así mismo, también afectarán directa o indirectamente a los autónomos otras políticas como los incentivos al empleo -que previsiblemente traerán nuevas bonificaciones para los empleadores-, los fondos para la sostenibilidad, para la reducción de la brecha de género o para el fomento de la industria cultural y del deporte.