viernes. 15.11.2019

MÁS DE 30.000 AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LOS SOBRECOSTES

Primeras sentencias sobre el Cártel de Camiones, en España hay una firme

Primeras sentencias sobre el Cártel de Camiones, en España hay una firme

Más de 30.000 autónomos podrían haberse visto afectados por el Cártel de Camiones. Las sentencias de esta conocida trama están empezando a salir y en España ya hay una firme.

Primeras sentencias sobre el Cártel de Camiones, en España hay una firme

En abril de 2017, la Comisión Europea multó con casi 3.000 millones de euros a las empresas Man, Iveco, Daimler y Volvo/Renault por negociar y pactar el precio al que iban a vender sus vehículos. Una trama que acabó afectando a más de 30.000 autónomos que adquirieron uno o varios camiones de estas marcas entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011 -tiempo que duró el cártel-. Ahora, y habiendo pasado casi dos años desde la resolución europea, se empiezan a conocer las primeras sentencias sobre esta trama.

“Creo que hay alrededor de cincuenta sentencias emitidas, casi todas ellas han sido favorables a la reclamación. Y las que fueron rechazadas, lo han sido por forma, no por el contenido de la demanda” explicó José Carlos López Jato, vicepresidente de Fetransa (Federación Española de Transportistas Autónomos). López se muestra “moderadamente positivo” en cuanto a cómo va a acabar el denominado ‘Cártel de Camiones’, que pudo afectar a entre 30.000 y 40.000 autónomos del transporte, y a otras compañías de logística a nivel europeo. No obstante, reconoció que, aunque muchas de las sentencias acaben siendo favorables, “porque está claro que las marcas pactaron, lo que sí habrá será disparidad entre las sentencias”.

Y es que, uno de los puntos clave en este proceso judicial y, que ya apuntaron los expertos a este periódico, está siendo el informe pericial que presentan los demandantes, es decir la justificación del presunto sobre coste pagado. Según explicaba Juan Sánchez Corzo, abogado en el despacho Life Abogados, los transportistas autónomos tenían, en este punto, una desventaja contra las grandes compañías,” ya que una empresa de tales dimensiones, que hubiese comprado muchos camiones entre 1997 y 2011, tenía mucho más fácil hacer un estudio sobre la evolución de los costes de los vehículos para el informe pericial, dado que pudo trazar una curva de precios con su propia información. Mientras que el transportista por cuenta propia sólo habrá comprado en ese periodo un par de vehículos y la información de los precios del mercado no es fácilmente accesible a través de Internet”.

El vicepresidente de Fetransa explicó que, hasta ahora, las sentencias que se habían emitido reconocían entre un 5% y un 15% de sobrecostes.

Ya hay una sentencia firme en España

A finales del mes pasado, el Juzgado Mercantil Nº1 de Pontevedra condenó a IvecoSpa a indemnizar por daños a una pyme dedicada al transporte con 20.000 euros, aparte de casi otros 20.000 en concepto de intereses. Se trata de una sentencia especial, pues ésta, en comparación con el resto, “es firme. Esto quiere decir que está vista ya para sentencia de ejecución y, lo más seguro, es que la marca pague” señaló Juan Camacho, abogado del despacho Balms Abogados y encargado de llevar el caso.

El abogado señaló que el proceso judicial para emitir una reclamación por el Cártel de Camiones es complejo porque, aunque el daño se ha producido en España, la empresa a la que se le reclamaba estaba fuera de nuestras fronteras; en este caso en Alemania. Lo que obligaba a llevar una serie de actuaciones y a cumplir con un protocolo. Y, en este caso específico, la marca fabricante no cumplió correctamente con el procedimiento. 

Según contó el abogado, el procedimiento se inició con una demanda contra los fabricantes. Primero se elaboró en español, luego en inglés. Tras ello, se emplazó a la parte demandada, es decir, se le notificó a la empresa que había una demanda contra ella y se le envió toda la documentación. “Todo este procedimiento de emplazamientos, lo seguimos conforme a los anexos de la Directiva Europea 2014/14 y, además, todo se hizo en inglés, porque ellos no saben español” apuntó Camacho.

Este abogado señaló que fue precisamente durante este proceso dónde la compañía no cumplió con el protocolo: “hay varios de esos emplazamientos en los que ellos no comparecen. Los demandados, para defenderse, deberían contestar a la demanda, comparecer en la audiencia previa y en el juicio, pero no lo hacen”. A raíz de esta ausencia de respuesta, Balms Abogados decidió continuar con el procedimiento y el juzgado encargado del caso dictó un decreto en el que declaraba a la parte demanda en rebeldía. Esto quiere decir que se podían seguir juzgando los hechos, siempre teniendo en cuenta el interés del demandado, aunque no esté participando.  

El día que se celebró la audiencia previa, “la demanda quedó vista para sentencia, pues no había pruebas por parte del demandado, tal y como establece la Ley de enjuiciamiento civil en España” afirmó Camacho.  Ésta, llegó al Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, que falló a favor del demandante, reconociendo un sobre coste del 9% del valor de adquisición del camión, más los intereses desde la fecha de compra. “Desde el momento en el que se emitió el fallo, empezó a correr el plazo de 20 días para poner un recurso de apelación. Pasado dicho periodo, la marca no lo presentó, por lo que la sentencia ha terminado siendo firme. Ya no cabe recurso contra ella”.

Próximamente, y gracias a esta “sentencia firme”, el despacho presentará una de ejecución para que la pyme pueda cobrar lo que reconoce el fallo.

“Esto acabará en el Supremo”

Desde el bufete al que pertenece Camacho -Balms Abogados-, llevan seis casos del ‘Cártel de Camiones” y, hasta ahora, las sentencias que han recibido son estimatorias, es decir, favorables. Si bien “no en todas se reconoce el porcentaje de sobrecoste que nosotros pedimos” comentó el abogado. El despacho pide, en concreto, el 16,68% de reconocimiento de sobrecostes: “tenemos un informe pericial, avalado por la Universidad de Santiago de Compostela, que está, a su vez, avalado por tres peritos. Pero hay juzgados que consideran que están bien y nos conceden el porcentaje, y otros que no -como el de Pontevedra- y nos conceden menos”.

Camacho apuntó, como el vicepresidente de Fetransa, que es normal la diferencia entre los casos, pues “además, se trata de un tema nuevo que, de momento, tiene poco recorrido. Esto, seguramente, acabe en el Tribunal Supremo” previó. Este experto cree que la mayoría de las sentencias no se quedarán en el juzgado de primera instancia -como el caso de Pontevedra- y que tendrán que llegar a un recurso de casación (para unificar posturas) y luego al Tribunal Supremo. “De hecho, habrá casos en los que la empresa haya adquirido varios camiones y  se irá directamente al recurso de casación”.

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