El PSOE propone crear una lista negra de empresas que no pagan sus facturas a tiempo

Para combatir la mora en el cobro de facturas que puede llevar al cierre a muchos pequeños negocios, el PSOE y Unidas Podemos proponen publicar anualmente una lista con todas aquellas empresas que hayan superado el plazo de pago establecido en la Ley de Morosidad (60 días de máximo). La medida, en principio, no afectaría a los autónomos persona física, ya que sólo se incluirá a las sociedades que cumplan una serie de condiciones, como tener más de 600.000 euros en facturas impagadas fuera del plazo legal y que durante el ejercicio anterior sus pagos a proveedores fuera de plazo superen el 10% del total. Los expertos consideraron que sería más efectivo un régimen sancionador contra la morosidad pública y privada, que un listado que sólo incluye a empresas.

La creación de una lista negra de empresas morosas es una de las medidas que recientemente han presentando conjuntamente los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, al Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas. Se trata una norma que fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales de 2021, que se encuentra en trámite parlamentario.  Incluye importantes medidas para los trabajadores por cuenta propia como la imposición de la factura electrónica para los pequeños negocios, también la intención de crear una empresa “por un euro”, o nuevas sanciones económicas para quiénes incumplan los plazos de pago.

De hecho, el capítulo cuarto del anteproyecto del Proyecto de Ley de Crea y Crece está dedicado entero a la lucha contra la morosidad. Es de suponer que, de ser aceptada, la nueva enmienda que han presentado PSOE y Unidas Podemos se encuadre dentro de este capítulo. Según publica la agencia de noticias Europa Press, que ha podido tener acceso a la enmienda, “el listado, de periodicidad anual, incluirá a aquellas empresas que a 31 de diciembre del año anterior cuente con un importe total de facturas impagadas en el plazo legal superior a 600.000 euros y a las que el porcentaje de facturas pagadas durante el ejercicio anterior incumpliendo la normativa supere el 10%”.

¿Qué empresas pondrían aparecer en la nueva lista negra?

Aunque todavía se desconocen muchos aspectos de este nuevo listado de empresas morosas, pues aún no se ha hecho público el documento oficial con todas las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley, Europa Press sí que revela las circunstancias en las que debe concurrir un negocio para aparecer en el listado. “El listado incluye a empresas que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, es decir, aquellas que cumplan dos de estas tres condiciones: contar con más de 4 millones de euros, una cifra de negocio superior a 8 millones, y más de 50 empleados” recoge la publicación.

De esta forma, PSOE y Unidas Podemos excluyen a los trabajadores por cuenta propia de aparecer en el listado, debido a su condición de persona física. No obstante, todos aquellos autónomos dueños de una sociedad (autónomos societarios) que cumplan las condiciones anteriormente descritas, es decir que tengan una mediana empresa, podrán aparecer en la futura lista negra de empresas morosas.

En cuanto al tipo de información que se proporcionará de dicha entidad morosa en el listado, Europa Press informa que principalmente se publicarán los siguientes datos: razón o denominación social de la actividad, su número de identificación fiscal y el importe no pagado fuera de los plazos que establece la Ley de morosidad (Estos son 30 días en el caso de contratos con la Administración, o de 60 días siempre que sea relación comercial entre empresas). Se trata de los mismos datos que se incluyen dentro del Listado de Morosos que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

¿Será útil el listado para luchar contra la morosidad empresarial?

Luchar contra la morosidad con la publicación de un listado de las empresas que incumplan los plazos de pago es una medida que cuestiona el responsable de economía aplicada de la consultoría fiscal AFI, Juan Sosa. Sosa participa en el análisis que hace trimestralmente la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) sobre la morosidad a través del Observatorio creado específicamente para ello. “Es complicado que una medida como esa consiga ser realmente eficiente” dijo Sosa.

Según explicó aunque “la morosidad que alcanza mayor repercusión mediática es la que generan las grandes empresas grandes. Sin embargo, lo cierto es que esto sólo ocurre en ciertos sectores muy particulares. Normalmente, las grandes compañías tienden a tener un tratamiento de pago mejor que el resto”. Además, comentó que el listado no sería del todo justo, pues no se tendría en cuenta “la morosidad que genera la Administración pública”.

Según el último Informe de Morosidad de Cepyme, “los datos del tercer trimestre de 2021 muestran que la deuda comercial con retraso en pago ha crecido un 17,3% en términos interanuales, hasta alcanzar un valor de 279.808 millones de euros. De esta manera, a partir del tipo de interés legal del dinero fijado en el 3% por el Banco de España, se ha estimado que los intereses de demora exigibles por retraso en pago han alcanzado los 1.411 millones de euros (un 15,8% interanual más)”.

Un régimen sancionador contra la morosidad sería más “efectivo”

Para el experto en economía aplicada de la consultoría fiscal AFI, Juan Sosa, la forma más eficaz de luchar contra la morosidad tanto pública, como empresarial es mediante la activación de “un régimen sancionador que multe económicamente a las entidades, bien sean empresas, o ayuntamientos o cualquier otro tipo de Administración pública, que están pagando fuera de los plazos que marca la ley”. A su modo de ver, “eso sería más efectivo, que la publicación de un listado de empresas morosas. Que, por cierto, ya hay empresas privadas que se dedican a la publicación de estos datos y no tienen un impacto considerable”.

La creación de un régimen sancionador es una de las principales medidas que desde años viene reivindicando la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). De hecho, en este momento, el régimen sancionador se está negociando a través de dos vías. La primera, con el proyecto de reforma de la Ley de Morosidad, que contempla la creación este régimen sancionador y penalizar a todos aquellos que no paguen sus facturas en los tiempos que marca la norma con multas de hasta 1 millón de euros. No obstante, el proyecto de reforma sigue pendiente en el Congreso de los Diputados.

Y la segunda a través del Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas. “Desde ATA, junto con Cepyme, nos hemos puesto de acuerdo para enviar una batería de enmiendas al proyecto, éstas incluyan tanto un buzón de denuncias anónimas y un régimen sancionador contra la morosidad”.