sábado. 04.04.2020

LAS GRANDES PLATAFORMAS REPERCUTIRÁN ESTE IMPUESTO

Según PwC, la tasa Google la acabará pagando los pequeños negocios

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero.

El Consejo de Ministros ha aprobado el impuesto sobre Determinados Servicios Digitales llamado tasa Google. Según un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC), las grandes plataformas repercutirán este sobrecoste en los usuarios y en los pequeños negocios.

Según PwC, la tasa Google la acabará pagando los pequeños negocios

España se sitúa en el puesto número 10 en integración tecnológica digital, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digital (DESI), que elabora la Comisión Europea cada año. Todavía queda mucho camino por recorrer en digitalización. Por eso, el pasado martes el Consejo de Ministros abordó varias cuestiones pendientes.

Por un lado, el Ejecutivo aprobó el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como Tasa Google. Por otro lado se aprobó, tras años de peticiones por parte de startups y negocios tecnológicos, el anteproyecto de ley para la Transformación Digital del Sector Financiero.

Se trata de dos proyectos de ley. El primero establece los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras y tiene como objetivo gravar algunas operaciones realizadas por las grandes multinacionales tecnológicas que en la actualidad no tributan. De esta forma, pretenden dar un primer paso hacia un sistema fiscal “más justo, más redistributivo y más moderno" y evitar, así, "competencias desleales", según explicó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

La recaudación estimada es de 968 millones de euros y su liquidación tendrá una periodicidad trimestral. Para ello, se aplicará un impuesto del 3% a empresas con ingresos anuales internacionales de, al menos, 750 millones de euros e ingresos en España superiores a los 3 millones, en la prestación de servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Según PwC la tasa acabará pagándola el pequeño negocio

Esta transformación del sistema fiscal se pretende realizar, en principio, sin subir los impuestos a las rentas medias, ni a los autónomos y pequeños negocios. Sin embargo, según el estudio de PwC 'Impacto de un impuesto sobre los servicios digitales en la economía española', elaborado a petición de las patronales del sector Ametic y Adigital, tendrá un impacto negativo en el Producto Interior Bruto (PIB) español de entre 586 y 662 millones de euros, siendo los consumidores y los pequeños negocios los más perjudicados. Concretamente, el estudio calcula que el impuesto costará una media de 30 euros al año a cada consumidor.

Esto sucederá si las plataformas digitales transfieren el coste del IDSD a sus clientes y usuarios de pago. Es entonces cuando los pequeños negocios que  utilizan estos servicios se verán afectados. La Tasa Google actúa como un impuesto basado en el uso de datos de consumidores y ciudadanos por lo que, probablemente, llevará a que el impuesto lo terminen soportando los más pequeños. En definitiva, penalizará a la industria digital, el primer sector generador de crecimiento y empleo.

Según el informe, los negocios españoles usuarios de los servicios digitales gravados verán reducidos sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros. Esto se debe al incremento del coste de uso de plataformas y marketing digital y la disminución de las ventas por el traslado previsible de parte del precio al cliente final.

Dado los estrechos márgenes de beneficio operativo de las plataformas digitales, inferiores en muchos casos al 5%, -como en el caso de Amazon (2,3%), AirBnB (3,6%), o Zalando (4,2%)-, el coste final se trasladará con casi total seguridad a los usuarios finales de las plataformas y consumidores.

Entre los principales efectos, cabe mencionar que la mayor parte del coste del impuesto será soportado, en última instancia, por las pymes que usan las plataformas digitales. Por ejemplo, si a una empresa como Facebook o Google le suben los impuestos, éstas le subirán los precios al pequeño negocio que contrata servicios  de comunicación en su canal.

A juicio de los elaboradores del informe, también se producirá una notable reducción de ventas en caso de traspasar los sobrecostes al precio final.. Además, empresas importante como Amazon o Ebay podrían subir el coste de su base de datos, complicando el acceso a los autónomos y los pequeños negocios.

La importancia de los servicios digitales para los pequeños negocios

Las plataformas digitales son especialmente útiles para  pequeños y medianos negocios por su bajo coste a la hora de publicitarse o darse a conocer por sus distintos canales, sin contar con las facilidades que ofrecen para la venta online. Además de facilitar la internacionalización, son una solución asequible para que los negocios de menor tamaño puedan distribuir sus productos sin necesidad de desarrollar una plataforma propia. Dichos intercambios, suponen un volumen de negocio de 12.800 millones de euros en España, principalmente en las actividades de comercio y hospedaje.

Para dar una idea de la importancia de estas plataformas, el coste de la publicidad realizada a través de ellas puede llegar a ser hasta seis veces más barata que la tradicional. Esto supone una importante ventaja para los más pequeños, ya que muchos no tendrían acceso al mercado publicitario. Es cierto que las microempresas utilizan también otras herramientas como los contenidos multimedia, los blogs y las redes sociales. Pero las plataformas son, en algunas ocasiones, los principales escaparates de estos autónomos. Según el mismo informe, cada euro invertido en publicidad por un negocio en estas plataformas incrementa sus ventas  en torno a tres euros

Muchas de estas plataformas se enmarcan dentro de los que hoy se considera economía colaborativa y, según los expertos, el 29% de los españoles las utiliza al menos una vez al año. Por actividad, la venta o alquiler de productos de segunda mano es la más usada por los españoles (un 27% la ha utilizado, al menos, una vez en el último año), seguido del alquiler de una habitación o vivienda de un particular, con un 13% del total de los encuestados.

La economía colaborativa generó en España un volumen de negocio entre usuarios de 2.700 millones de euros en 2017, cifra que podría duplicarse de aquí a 2021. Además generó de forma directa alrededor de 39.700 empleos

En definitiva, se verán afectadas -directa o indirectamente- por la Tasa Google, las plataformas de intercambios de productos y servicios; las plataformas de intermediación para el intercambio de bienes o servicios entre particulares; la venta de datos de los usuarios; y las plataformas de publicidad online. Con todo lo que eso conlleva.

Espacio controlado de pruebas para apoyar la transformación digital

Por otro lado, tras años de peticiones por parte del sector tecnológico, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley para la creación de un sandbox, o espacio controlado de pruebas, para acompañar la transformación digital del sistema financiero.

¿Qué es un sandbox?

El sandbox es un espacio de experimentación, que no está sujeto a marcos legislativos concretos, para que las fintech (una startup o pequeños negocios tecnológicos del sector financiero) puedan innovar. En definitiva, el sandbox pretende que éstas empresas puedan hacer pruebas sin riesgos para el consumidor.

Esta iniciativa responde a la necesidad de impulsar la innovación como elemento esencial para un desarrollo económico sostenible y equitativo. Asimismo, quiere garantizar que el cambio tecnológico protege al consumidor de servicios financieros, que se mantenga la estabilidad financiera y la integridad de los mercados y se impida la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Según la AEFI (Asociación Española de Fintech e InsurTech), el sandbox “supone una de las mejores soluciones para permitir que la innovación financiera se acelere, a la vez que se controlan sus riesgos evitando que afecten al consumidor final”.

¿Quién podrá acceder a este espacio de pruebas?

El Tesoro Público - junto con el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Pensiones - destinará un equipo de ocho personas para el funcionamiento del sandbox, que se sumará a los respectivos grupos de coordinación de los supervisores financieros.

Los proyectos que quieran participar, deberán aportar garantías financieras suficientes para cubrir los posibles daños y perjuicios que surjan durante el desarrollo de su actividad, además de asegurar la confidencialidad de los datos de sus usuarios o clientes.

Según la EEFI, la puesta en marcha del Sandbox para fintech podría generar 5.000 empleos más en los próximos dos años y atraer 1.000 millones de euros adicionales en inversión, debido a que se configurará como el espacio para generar nuevas iniciativas que aceleren la transformación financiera, animará a una mayor competencia al reducirse las barreras de acceso y agilizará los procesos. Además, permitirá atraer todo tipo de talento a nivel europeo.

Según PwC, la tasa Google la acabará pagando los pequeños negocios