La reforma de las pensiones se está ralentizando en la mesa de diálogo social

La reforma del sistema de pensiones podría estar, según pudo saber este diario digital, demorándose más de lo previsto. Las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales “no están avanzando a buen ritmo”. Fuentes internas del diálogo social señalaron que a diferencia de lo que ocurre en otras mesas, las conversaciones para llegar a un consenso sobre el sistema de pensiones van algo más “lentas”. E, incluso, se habla internamente de un posible "bloqueo".

Según explicaron fuentes del diálogo social, la última propuesta que recibieron por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fue a principios de este mes. Y si bien se han seguido reuniendo tras su presentación -de hecho esta semana se celebró una-, lo cierto es que no se consigue avanzar todo lo que se debería para llegar a un consenso. “La negociación va muy lenta. Hay una propuesta sobre la mesa para la revalorización de las pensiones que se sigue discutiendo. Pero la sensación que tenemos -los interlocutores- es de ir a tirones con la negociación” apuntaron las mismas fuentes.

El documento que hay en estos momentos sobre la mesa de diálogo de la reforma del sistema de pensiones, y al que se refirieron las fuentes consultadas, es el mismo que adelantó el pasado 6 de marzo el periódico El País. Este medio recogía que la última propuesta para revalorizar las pensiones que proponía el Gobierno eran establecer subidas acordes “a la inflación media del año anterior. Pero habrá un mecanismo para absorber las alzas cuando el IPC (Índice de Precios de Consumo) sea negativo, como pasó en 2020, y así evitar que los pensionistas ganen aún más poder adquisitivo. En estos casos las prestaciones no subirán ese año, pero la ganancia obtenida por la inflación negativa se compensará en los tres años siguientes”, como se detalla en el artículo. Sin embargo, como señalaron las fuentes del diálogo social, no se ha producido aún ningún avance, ni conclusión sobre la medida.

El Pacto de Toledo pide la comparecencia de Escrivá

Donde tampoco se ha producido ningún avance es el informe sobre la penalización de las jubilaciones anticipadas y la penalización de las largas carreras de cotización que deje presentar el Gobierno. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso encomendó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la realización de un estudio con planes detallados sobre la propuesta y le dio un plazo de tres meses. Hay que decir que varias de las reformas que se quieren llevar a cabo dentro del sistema de pensiones, parten de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en las que se anima a su ejecución para asegurar la sostenibilidad de todo el sistema. 

En este sentido, la Comisión dio al Gobierno un tres meses para presentar un informe sobre cómo se iba a retrasar la jubilación anticipada y beneficiar la moderada, y su efecto sobre las carreras largas. Y sobre el que todavía no se sabe nada. 

El plazo para presentar el informe cumplió su fecha límite el pasado mes de febrero. Precisamente, por este atraso en su presentación, desde la Comisión del Congreso de los Diputados solicitaron la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ante la Comisión. Algo que ocurrirá el próximo 12 de abril. Dura su intervención, se tiene previsto que Escrivá exponga los supuestos avances que hay en las mesas de diálogo sobre las recomendaciones planteadas por el Pacto en materia de pensiones. 

Sin embargo, fuentes del dialogo social dudan de lo que pueda adelantar Escrivá. Y criticaron "que a veces los anuncios e intenciones del Ministerio llegan antes de los titulares, que las propias mesas del diálogo social".

Las reformas que se quieren poner en marcha

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere llevar a cabo entre este año y el próximo 2022 cuatro importantes reformas en materia de pensiones. Todas ellas quedaron recogidas en el documento enviado al Bruselas por el Ejecutivo para poner en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía. Según dijo el ministro José Luís Escrivá, todas las propuestas enviadas a Bruselas siguen “las distintas recomendaciones del Pacto de Toledo. Además, todas ellas confluyen en una misma dirección: mejorar la contributividad y analizar las trayectorias laborales de distintos tipos de colectivos, ya que hay personas que han tenido lagunas, o periodos de cotización muy largos o cortos, y hay que ver cómo se pueden paliar los problemas de equidad que este tipo de situaciones genera”.

1.- La cotización por ingresos reales para los autónomos

Uno de los objetivos que persigue Escrivá, y que está dentro de la reforma enviada a Bruselas, es la creación de un sistema para que los trabajadores por cuenta propia puedan cotizar por ingresos reales. Se trata de un mecanismo sobre el que asegura el ministro llevar trabajando varios meses, cruzando datos con el Ministerio de Hacienda, para ponerlo en marcha. Sin embargo, las organizaciones de autónomos sólo se han reunido una vez con el Ministerio desde que empezó el año con el Gobierno y sólo le trasladaron, como señalaron a la salida de la reunión, algunos datos pero ninguna propuesta. 

Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la cotización por ingresos reales es una meta muy ambiciosa y compleja de lograr. La Federación ha señalado en varias ocasiones que es muy difícil conocer los rendimientos netos que va a tener un autónomo para establecer una base de cotización. Y en un estudio que realizó el pasado mes de octubre, cuando el Ministerio puso sobre la mesa de negociación una propuesta para cotizar por ingresos reales, concluyó que de ponerse en marcha "la medida planteada ésta dejaría fuera a la mitad de los trabajadores por cuenta propia y subiría la cuota a 700.000 autónomos. Ya que se trata de un sistema que sólo se podría aplicar a aquellos autónomos que tributan en estimación directa y, además, a aquellos sobre los que se puedan conocer sus rendimientos netos. Estos suman 1,5 millones, algo menos de la mitad de los 3,2 millones que están afiliados al Régimen de Autónomos". 

El Gobierno incluso no prevé que el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos pueda estar listo antes junio de 2022 y sólo estima que, como mucho, el 70% del colectivo de autónomo esté cotizando bajo este nueva figura. 

2.- Penalizar la jubilación anticipada y acercar la edad efectiva de retiro a la edad legal

Acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal es otra de las metas del Ministerio que lidera Escrivá. Un objetivo que pasa por la penalización de la jubilación anticipada, y el incentivo de las demoradas. Y vetar la jubilación forzosa de los convenios colectivos. 

 En estos momentos, tanto trabajadores por cuenta propia como ajena, tienen la posibilidad de retirarse del mercado laboral de forma anticipada. Estos pasan a cobrar su pensión antes de tiempo, pero asumen por ello una penalización sobre la prestación que les correspondería de entre un 6,5% y un 8% por año adelantado, según los años cotizados. Penalización que, para el Ministerio, es insuficiente y que puede aumentarse.

De hecho, el ministerio busca mecanismo para desincentivar aún más las jubilaciones anticipadas voluntaria y que durante los últimos años han sido fuertemente utilizada. Actualmente, ha más de 55.000 personas beneficiándose de este tipo de jubilación. Antes de que acabe el año, el Gobierno quiere subir la penalización del retiro anticipado para desincentivar a los autónomos y asalariados que decidan abandonar la vida laboral antes de la edad legal, sobre todo en las bases de cotización más altas. La idea de Escrivá es que el porcentaje de pensión que les quede sea menor que en estos momentos.  

Muy unido a ello, y en el lado contrario, se encuentra los incentivos para demorar la edad de jubilación. Sobre este punto, el Ministerio baraja la posibilidad no solo de incrementar los porcentajes, sino que la persona que apueste por retrasar su jubilación reciba un pago único adicional y no una subida mes a mes; consideran que este cambio puede ser un gran aliciente para los que apuesten por esta fórmula. 

Asimismo, y con el objetivo que persigue el Gobierno de que cada vez más los trabajadores se jubilen siendo más mayores, una de las reformas que baraja es la modificación de la jubilación forzosa. Según han publicado diferentes medios, los agentes sociales (sindicatos y patronal) están estudiando la propuesta del Gobierno -a la que supuestamente ambos se negarías- de vetar la jubilación forzosa que se pacta en los convenios colectivos de las empresas y que permite a las empresas prescindir de un trabajador cuando se alcanza su edad legal de retiro. 

3- Recuperar el coeficiente de Rajoy con algunos cambios

Una de las propuestas de Escrivá es recuperar parte de la reforma que lanzó el PP en el año 2013. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, y que incluye un coeficiente a través del cual para el cálculo de la pensión se tiene en cuenta la esperanza de vida. Es lo que se denominó como factor de sostenibilidad y lo que se buscaba era reducir la pensión, en base a la esperanza de vida. 

Según recoge desde el blog Jubilación De Futuro, de BBVA, “a los factores que se utilizan para el cálculo de la cuantía de la pensión inicial de jubilación (edad, años cotizados, suma de las bases de cotización, etc.) se sumará un nuevo coeficiente que enlaza la cuantía resultante con la esperanza de vida del pensionista en el momento de cumplir 67 años. Es decir, si mejora nuestra esperanza de vida a los 67 años provocará una disminución de nuestra pensión en el momento de la jubilación. Dicho factor se aplicará en el momento en que sea efectiva la contingencia de jubilación analizando periodos de cinco años en función de la esperanza de vida de cada lustro”. 

Se trata de una medida que ya intentó, hace ocho años, el anterior Gobierno del PP cuando introdujo una serie de factores para intentar mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Precisamente uno de ellos fue un mecanismo de revalorización de las pensiones en el que se preveía una subida mínima del 0,25% anual y, por otro, el índice corrector de las pensiones en función de la evolución de la esperanza de vida (el llamado factor de sostenibilidad). Y esto es justamente, lo que quiere incorporar ahora Escrivá, aunque con una serie de cambios. 

El punto cinco de las las reformas del documento enviado a Bruselas recoge que se hace necesario, para lograr la sostenibilidad del sistema,  "incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población". Muy especialmente de cara "la carga excepcional que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom". Esto quiere decir que se intentará buscar un "equilibrio entre población ocupada (la que paga las cotizaciones) y la población pensionista (que percibe las prestaciones)".

4.- Fondo público privado de pensiones

Otro de los planes que incluye la reforma es la creación de un fondo público de pensiones, que serviría para mejorar la cobertura de los jubilados en España ya sean asalariados o autónomos. De hecho, este es uno de los tres objetivos que persigue el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para 2021 y que ya anunció José Luis Escrivá el pasado mes de noviembre durante la presentación del Plan Presupuestario del Ministerio. Este da respuesta a la recomendación número 16 del Pacto de Toledo.

Este fondo estaría gestionado, según comentó en su día el ministro, por una o varias entidades privadas y sería como un complemento a la prestación por jubilación que ofrece la Seguridad Social ya que permitiría a todos los trabajadores, incluidos muy especialmente los autónomos, tener un plan de pensiones respaldado y con garantía del Estado.

En cuanto a las últimas declaraciones del ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, en la entrevista publicada el pasado domingo en El Periódico y en las que asegura que no se tendrá en cuenta el Índice de Precios de Consumo (IPC) negativo para reducir las pensiones, Angula señaló que “seguramente lo que se hará es una medida del incremento medio a niveles históricos de este Índice, que será lo que finalmente se aplique a la subida de pensiones".

5 Incremento de las pensiones según la media del IPC

En cuanto a las últimas declaraciones del ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, en la entrevista publicada el pasado domingo en El Periódico y en las que asegura que no se tendrá en cuenta el Índice de Precios de Consumo (IPC) negativo para reducir las pensiones, Angula señaló que “seguramente lo que se hará es una medida del incremento medio a niveles históricos de este Índice, que será lo que finalmente se aplique a la subida de pensiones".

6.- Cambiar el cómputo de años cotizados

Para ello, también el Gobierno tiene previsto ampliar los años del periodo de cotización que se toma como referencia para el cálculo de las pensiones. En concreto, se barajaba la posibilidad de que se pueda incrementar el cálculo de la pensión de 25 a 30 años; de 25 a 35 años; o subirlo a 30. Es una medida sobre la que todavía no hay nada en claro.