Rosell defiende un SMI hasta 850 euros en 2020 como pactó CEOE
En un encuentro con periodistas, Juan Rosell, presidente saliente de CEOE, ha explicado que los empresarios no se oponen a una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pero pide que se respeten los términos acordados con los sindicatos en diciembre del año pasado que fijaban una subida de hasta 850 euros en el 2020.
La decisión del Gobierno de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros este año y a 1.000 en el 2020 de forma unilateral ha vulnerando los principios del diálogo social y es un hecho es incomprensible para Juan Rosell, presidente saliente de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). “No se entiende”, aseveró durante un encuentro con periodistas con motivo de su despedida del cargo el próximo día 21 de noviembre. “Menos aún cuando ya se había acordado la senda de subida con los sindicatos”. Algo, esto último, sobre lo que ha afirmado supuso “un postulado muy importante para la patronal”.
Dicho acuerdo estre CEOE, UGT y CCOO fijaba un incremento progresivo del SMI para el periodo 2018 – 2020. Así las subidas serían del 4% este año -hasta los 736 euros al mes de la actualidad-, del 5% en 2019 -hasta los 774 euros cada mes- y del 10% -850 euros al final del periodo-, en 2020. Estos incrementos quedaban vinculados a su vez a un crecimiento del PIB real del 2,5% así como a la creación de 450.000 nuevos puestos de trabajo.
Plantear este incremento de forma paulatina -que según los cálculos de la patronal afectará a unos 250.000 trabajadores “a tiempo completo”- cumplía un doble objetivo. El primero minimizar el impacto que pueda producirse en términos de sostenibilidad de empleo. “Han sido muchos meses de estudio y negociación hasta conseguir unas cifras que demostraban que no se destruirían puestos de trabajo”. El segundo, facilitar la adaptación progresiva de los convenios colectivos de los sectores más afectados como puede ser el de limpieza, hostelería o textil. A este respecto, cabe destacar que el preacuerdo del IV AENC (Acuerdo Nacional para la Negociación Colectiva) alcanzado el pasado mes de julio dejaba la puerta abierta a nuevas revisiones al “instar” a establecer salarios mínimos de convenio de 14.000 euros a lo largo del trienio.
Sin criticar abiertamente la propuesta del Ejecutivo de Sánchez, Rosell hizo hincapié en las derivadas que pueda sobre las bandas salariales superiores y en cómo pueda repercutir en las nuevas contrataciones. “No creemos que vaya a afectar a las ya existentes, pero sí a las nuevas. Especialmente al empleo juvenil”.
No obstante, consideró que el incremento salarial en esta franja “es necesario”, ya que con ello se distanciaría de la cuantía establecida para el subsidio mínimo por desempleo y supondría “un incentivo” para la incorporación al mercado laboral de quienes se están beneficiando de ella. “Con la diferencia actual a muchos les compensa más quedarse en casa que aceptar un trabajo cobrando el mínimo”.
Actualmente el subsidio por desempleo se corresponde con el 80% del IPREM (Índicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o lo que es lo mismo el índice que se toma como referencia para el cálculo de determinadas ayudas y subvenciones y que para 2018 es de 537,84 euros mensuales (7.519,59 euros anuales en 14 pagas). Es decir, quienes lo perciben cobran una cuantía de 430,27 euros al mes, mientras que el SMI para 2018 se fija en 735,90 euros.
Bases máximas
Juan Rosell también puso en duda la eficiencia de la subida de las bases máximas de entre el 10% y el 12% que también ha propuesto el equipo de Sánchez, cuyo objetivo es aumentar los ingresos en 1.100 millones de euros.
Entre las razones que esgrimió fue la falta de profesionales cualificados en España, que son los que se mueven en las bandas salariales más altas. Incrementar las bases máximas “desincentivará a muchos científicos, ingenieros, investigadores… a venir a trabajar a las empresas españolas”. Eso, sin contar con los efectos negativos que tendrá sobre la IED (Inversión Extranjera Directa) o la posibilidad de deslocalización de algunas multinacionales.
En este sentido, el presidente saliente de CEOE, apostó por un incremento máximo del 5%, dos puntos por encima de la que se aplicó el pasado año. Ahora bien, siempre y cuando se acompañen de “otros incentivos fiscales”. Justo en la línea contraria a los anuncios del Gobierno de Sánchez como el impuesto a la gasolina.
Otra de las consecuencias perversas que, en opinión de Rosell, podría darse es el trasvase entre regímenes de la Seguridad Social. Las compañías podrían optar por nombrar consejeros a los altos directivos. Y, en tal caso, "pasarían a cotizar como autónomos".
Autónomos y despedida
Los autónomos también han estado presentes en la despedida de Juan Rosell como presidente de la patronal de los empresarios. Aunque ha sido contundente al afirmar que “ya están” representados institucionalmente en la mesa de diálogo entre Gobierno y agentes sociales, no ha cerrado las puertas a la entrada de las asociaciones que ostenten una mayor representatividad dentro del colectivo, “pero que ésta sea realmente mayoritaria y que quede justificada”.
En relación a sus ocho años de mandato, Rosell declaró que “siempre he manifestado la opinión de CEOE, no la mía”, y que en determinadas decisiones hubiera sido “más duro”. Asimismo, afirmó que su sucesor, Antonio Garamendi, tendrá 21 millones de euros con los que hacer muchas cosas “dejamos el barco en la buena dirección”.
