Domingo. 18.11.2018

APROBADA UNA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR

El Senado insta al Gobierno a desvincular el SMI de las bases mínimas de los autónomos

El Senado insta al Gobierno a desvincular el SMI de las bases mínimas de los autónomos

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción presentada por el Grupo Popular en la que insta al Gobierno a desvincular la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) prevista para 2019 -un 22,3% respecto a la cuantía actual- de las bases mínimas del RETA. 

El Senado insta al Gobierno a desvincular el SMI de las bases mínimas de los autónomos

El Gobierno vuelve a recibir una indicación de las Cámaras respecto a la situación de los trabajadores autónomos en el plazo de una semana. En esta ocasión, se trata de una moción del Grupo Popular -que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta- aprobada por el Pleno del Senado este miércoles en la que se insta al Ejecutivo, en su primer punto, a “garantizar, previo acuerdo con las asociaciones de autónomos más representativas, que se desvincule la subida del SMI prevista en el acuerdo de presupuestos firmado con Podemos para el ejercicio 2019, respecto de la base mínima de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)”. El pasado martes 30 también el Congreso de los diputados aprobó una Proposición No de Ley que, entre otras medidas, insta al Gobierno a no subir las cotizaciones de los autónomos. Son dos iniciativas parlamentarias que intentan poner coto al incremento de las bases de cotización anunciada por el Gobierno. 

Además, la moción aprobada en el Senado pide “una cuota reducida para aquellos autónomos cuyos ingresos no excedan del SMI en cómputo anual”. Esta petición es una de las que está más cerca de cumplirse ya que el Gobierno se ha comprometido a que los trabajadores por cuenta propia que ingresen menos que el SMI “tendrán un tratamiento especial”, según la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

Tarifa plana

La moción del Senado se refiere en su tercer punto a la tarifa plana e insta a mantenerla tal y como está fijada en la Ley de Autónomos. En la reunión que el pasado martes mantuvieron en el Ministerio de Trabajo las asociaciones que representan a los autónomos con el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, éste anunció que en los planes del Gobierno está subir la tarifa plana cinco euros (de los 50 actuales a 55) y dejarla en el futuro sólo para su aplicación a autónomos que inicien su actividad o que tengan ingresos por debajo del SMI. La asociación mayoritaria, ATA, ya ha manifestado a través de su presidente que la tarifa plana de cotización ha sido muy positiva porque ha triplicado el crecimiento del RETA, ha servido para luchar contra la economía sumergida y ha permitido la consolidación de muchos negocios. La moción, concretamente, insta a “mantener las tarifas planas así como las bonificaciones y reducciones en la cotización de los autónomos, previstas en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo”. El Congreso, a través de la PNL aprobada la semana pasada, también insiste en este punto.

Por último, se insta al Gobierno a “cumplir con la Disposición Adicional Primera de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, relativa a la participación de los trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social”. Se trata de nuevo de una antigua y persistente reivindicación de las asociaciones de autónomos. En el CES están representados los llamados agentes sociales, empresarios y sindicatos, y los autónomos como colectivo consideran que ellos son, asimismo, agentes sociales con importancia en la economía española. Incluso el presidente del CES, Marcos Peña, defiende su inclusión en este órgano consultivo, inclusión prevista legalmente pero todavía pendiente de llevarse a cabo.

A qué obliga la moción

Esta iniciativa del Senado, al igual que la PNL del Congreso, no tienen carácter legislativo. Sin embargo, suponen un posicionamiento de las Cámaras sobre una cuestión concreta, en este caso la situación de los trabajadores autónomos, y en cierta manera “obligan” al Gobierno, ya que el Parlamento le insta a que tome las medidas aprobadas. El Ejecutivo puede no hacerlo, pues de hecho no está obligado al no tratarse de iniciativas legislativas, pero el incumplimiento siempre supone un coste político al gobernar de espaldas al Parlamento.

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