viernes. 15.01.2021

YA SE HAN DETECTADO UN TOTAL DE 2.859 INFRACCIONES

Estas son las CCAA con más inspecciones y sanciones a los autónomos en ERTE

Los inspectores de Trabajo detectaron 2.859 infracciones en ERTEs sobre un total de 21.642 negocios investigados entre abril y noviembre. Estas son las comunidades autónomas en las que la Inspección denunció un mayor porcentaje de fraude.

Estas son las CCAA con más inspecciones y sanciones a los autónomos en ERTE

El Ministerio de Trabajo ha decidido sancionar con dureza a aquellos negocios que hagan un mal uso de los recursos públicos. Hasta el momento, los inspectores ya han detectado 2.859 infracciones en negocios con empleados afectados por un expediente, de los 21.642 que han sido investigados entre abril y noviembre en el conjunto del país.

Los últimos datos proporcionados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el senador socialista Miguel Ángel Heredia, reflejan que la inspección ha podido ver infracciones en el 13% de los negocios con empleados en ERTE que han sido investigados durante la pandemia. Habitualmente, las sanciones a estos negocios se deben a la incorporación de los trabajadores a la actividad sin darles de baja del expediente, para dejar de pagar las nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados.

Según explicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los inspectores se están encontrando con una parte de los empleadores "que  deciden mantener en el ERTE a sus empleados y los mandan a trabajar sin cumplir las obligaciones de darlos de alta y pagar cotizaciones y salarios". 

Estas prácticas, como recuperar a un trabajador sin comunicarlo al SEPE para seguir beneficiándose de las exoneraciones, no sólo suponen "una sanción administrativa grave, sino que pueden tener responsabilidades penales", advirtió la ministra de Trabajo.

Inspecciones e infracciones por comunidades autónomas

A pesar de que las inspecciones están coordinadas a lo largo de todo el país, hay algunas comunidades que destacan tanto por el número de inspecciones realizadas a sus negocios con empleados en ERTE, como por el porcentaje de infracciones por fraude en los expedientes destapadas por los inspectores.

Los últimos datos actualizados a noviembre reflejan que se ha detectado algún tipo de práctica irregular en 2.859 negocios con empleados en ERTE del total de 21.642 expedientes investigados y con la actuación finalizada. Aún con todo, se prevé que las cifras de infracciones y sanciones sigan creciendo, ya que la Inspección mantiene abiertas 9.500 de las más de 30.000 investigaciones que ha realizado desde abril por esta causa.

Asimismo, el Gobierno ofreció en respuesta a una pregunta parlamentaria anterior, también planteada por el senador socialista Miguel Ángel Heredia, una tabla con el número de negocios que habían sido investigados y sancionados en cada una de las comunidades autónomas.

Por comunidades, en el mes de septiembre ya destacaban por un mayor volumen de infracciones  Andalucía (244); Canarias (150); Comunidad Valenciana (179), Castilla y León (117) y Cataluña (103).

Comunidades con mayor porcentaje de infracción

Sin embargo, si se tiene en cuenta el porcentaje de infractores respecto a la cifra de investigados, los datos cambian. En este caso, sería Melilla la comunidad con un mayor volumen de infracciones en relación a los negocios investigados: de las 20 actuaciones inspectoras finalizadas, en cuatro de ellas se encontró alguna infracción (un 20%)

A ésta le siguen de cerca Canarias con un 17,4% de fraudes detectados (150 infracciones de 862 inspecciones realizadas) y Cataluña con un 14,5% (103 infracciones en 708 actuaciones finalizadas).

También Aragón, se sitúa con un porcentaje alto de fraude detectado por los inspectores, un 13,55% (75 de un total de 552); Comunidad Valenciana con un 11,95% (179 de 1498); Ceuta con un 10,9% (7 de 64) y Madrid con un 10,4% (87 infracciones en un total de 833 actuaciones finalizadas).  

Al otro lado de la lista, la comunidad con menos infracciones detectadas en relación a la cifra de inspecciones finalizadas es La Rioja, que todavía se mantiene con un 0% de sanciones: de las 55 actuaciones finalizadas en la región, los inspectores no hallaron por el momento ninguna infracción. 

A ésta le sigue también con un porcentaje bajo de negocios con infracciones descubiertas País Vasco, con un 3,5% (27 infracciones en un total de 768 inspecciones finalizadas). Después se sitúan Cantabria con un 6,19% (13 de un total de 210); Navarra, con un 6,2% de infracciones detectadas (16 de un total de 258); Islas Baleares, con un 6,3% (69 de 1.081); y Galicia con un 7,6% (60 infracciones en un total de 786 actuaciones finalizadas).   TABLA BIEN BIENFuente: elaboración propia en base a los datos a 15.09.2020 de la Inspección de Trabajo, vía Senado.

Fraudes más comúnes en los ERTEs

Tal y como adelantó este diario, la Inspección de Trabajo intensificó la detección del fraude en ERTEs con una campaña inspectora que se puso en marcha en julio y que incide en la protección y uso responsable de los recursos públicos.

La campaña, ya activada, además de actuaciones informativas con el envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los ERTE, contempla la intensificación de visitas de Inspección con el fin de detectar incumplimientos o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al SEPE, que implica la reanudación del trabajo con personas trabajadoras cobrando la prestación por desempleo.

Según afirmó en anteriores declaraciones a este medio Héctor Illueca, director de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el motivo más común por el que se han impuesto sanciones a los negocios inspeccionados con trabajadores en ERTE  es haber recuperado a un trabajador sin comunicárselo al SEPE y, por tanto, continuar beneficiándose de unos beneficios que ya no le correspondían, ni al empleador ni al empleado.

En enero podría aumentar el importe de las sanciones

No obstante, este tipo de infracciones pueden salir muy caras para el empleador. El próximo 1 de enero, los negocios que infrinjan la normativa laboral podrían enfrentarse a sanciones un 20% superiores a las actuales. El Ministerio de Trabajo sacó a consulta pública un proyecto de Real Decreto Ley para actualizar las multas vinculadas a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que entraría en vigor en 2021.

 Este proyecto se divide en dos partes: "En primer lugar, se modificaría el reglamento general de la imposición de sanciones para rebajar hasta un 40% las sanciones en casos de pronto pago, siempre que se reconozca la infracción y no se recurra", explicó Luis San José, abogado laboralista del despacho AGM abogados. 

En contrapartida, "también se actualizará el importe de las sanciones al IPC, ya que llevan sin modificarse desde 2007. Este índice incrementará todas las multa de la Ley de Infracciones y sanciones del Órden Social, en un 19,9%, que es lo que correspondería al periodo que comprende desde enero de 2007 hasta diciembre de 2019. Es decir, lo que se haría es ajustar la cuantía de estas multas", añadió el experto de AGM abogados. 

Finalmente, si el proyecto saliera adelante, los trabajadores por cuenta propia verían aumentar las sanciones que pudiera imponerles la Inspección de Trabajo por fraude a la Tesorería hasta en casi un 20%. Actualmente, estas multas oscilan entre los 60 euros, en el caso de las más leves, hasta los 187.515 euros, en el caso de las más graves. Con la actualización pasarían a ser de entre 70 euros, en el caso de infracciones leves en su grado mínimo, y 225.000 euros, 

Estas prácticas pueden llegar a tener consecuencias penales

Además, según explicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista concedida al periódico La Voz de Galicia, el fraude en ERTEs no sólo es una infracción grave que implica sanciones económicas, sino que también podría conllevar "responsabilidades penales" porque, cuando un empleador lleva a cabo este tipo de prácticas fraudulentas con los ERTEs, lo que está haciendo es "un mal uso de los recursos públicos. Se los quita a otra empresa y a trabajadores que sí los necesitan", añadió Díaz.

Efectivamente, tal y como apuntó la ministra, el fraude en la tramitación de un ERTE puede no quedarse sólo en una infracción laboral y pasar, incluso, al ámbito penal, conllevando penas de hasta seis años de cárcel.

El artículo 307 del Código Penal (CP) castiga a quien, por acción u omisión, "defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de esta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida".

Según recoge esta norma, cuando la cuantía que se ha defraudado supere los 50.000 euros, esta conducta podría ser castigada con una pena de prisión de entre uno y cinco años, y una multa equivalente a seis veces el dinero impagado o recibido indebidamente. 

Estas son las CCAA con más inspecciones y sanciones a los autónomos en ERTE