Estas son las fechas previstas por el Gobierno para aprobar las principales reformas que afectan a los autónomos
Hace dos semanas, el Gobierno envió a Bruselas su Plan de Recuperación con más de 340 páginas que detallan una a una las 102 reformas y 110 inversiones que pretende llevar a cabo el Ejecutivo en el corto, medio y largo plazo para salir de la crisis. Algunos de los componentes más importantes que recoge el plan abordan la reforma del mercado laboral, del sistema de pensiones y de la fiscalidad. Estos tres bloques concentran más de 40 medidas que afectarán, en muchos casos, directamente a los autónomos.
Ahora bien, la mayoría deberán pactarse con los agentes sociales y, por tanto, están supeditados a la convocatoria de mesas de trabajo para abordar los distintos cambios y a su aprobación en el Parlamento. Por ello, a la hora de fijar el calendario de aprobación y entrada en vigor de estas reformas, el Gobierno ha querido diferenciar entre lo "urgente" y lo "importante". Como ya avanzó este diario, entre las reformas prioritarias estaría la del mercado laboral que se negociaría a lo largo de este año para que esté en vigor en 2022. El Ministerio de Trabajo tiene la intención de sacar adelante las ocho medidas del componente del plan -entre las que destacan la revisión de las bonificaciones a la contratación, el establecimiento de ERTE estructurales o la reducción de contratos, penalizado los temporales-. Aunque este paquete de reformas deberá contar con la aprobación de los agentes sociales y con el refrendo del Congreso.
Y también este año pretende avanzar en algunas de las principales reformas para la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre las que se encontrarían los incentivos a las jubilaciones demoradas y desincentivos a las anticipadas; la negociación con las asociaciones de autónomos de los elementos principales de la reforma del sistema de cotización de los autónomos para adaptarlo a los ingresos reales o el mantenimiento del nivel adquisitivo ligando las pensiones al IPC. En este componente, la idea del Gobierno sería también "tomar medidas desde ahora y conseguir hitos importantes desde 2021", apuntó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De hecho, en ambos casos, tanto en el componente del mercado laboral, como en algunas de las principales reformas del sistema de pensiones, la intención del Ejecutivo es lograr este año un acuerdo global tanto en el diálogo social como en el Parlamento para que las medidas entren en vigor en el próximo ejercicio algo que, no ocultan, va a ser difícil. "Estamos desplegando el dialogo social para lograr un acuerdo sobre las reformas de más calado este año 2021, ya que nuestro objetivo es contar a principios de 2022, con un nuevo marco laboral que nos ayude a encauzar un crecimiento rico con empleo de calidad, con mayor productividad y mejores salarios", añadió Calviño.
Diferente cuestión serían la mayoría de medidas recogidas en la reforma fiscal, que para el Gobierno son importantes pero no tan "urgentes o prioritarias, y eso se refleja en el plan enviado a Bruselas", dijo la ministra de Economía. De hecho, lo cierto es que hay un comité de expertos que está estudiando la mayor parte de estas medidas del componente 28 del plan de recuperación, bajo el nombre "adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, y hasta que no traslade sus conclusiones a Hacienda en febrero de 2022, probablemente, no se empezarían a implementar los cambios.
Trabajo quiere que la reforma laboral esté aprobada en 2021 y entre en vigor en 2022
El Gobierno quiere llevar a cabo una reforma del mercado laboral, que afectará a miles de autónomos, empresas y asalariados, y cuyas medidas entrarán en vigor antes de final de año. Así lo avanzó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al termino de la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo con las comunidades autónomas a finales de abril. En la intervención posterior al encuentro, Díaz dijo que intentará que estas reformas estén "culminadas a lo largo de este año".
Las diecisiete medidas recogidas en el plan de recuperación presentado por el Gobierno apuestan por llevar a cabo una reforma "estructural" del mercado de trabajo en base a varios ejes. Los principales y que más afectan al colectivo de autónomos serían la reducción a tres de los tipos de contratos disponibles, con el fin último de "generalizar el contrato indefinido"; la puesta en marcha de un ERTE estructural como herramienta para evitar despidos y recualificar a los empleados; o la revisión de las subvenciones y ayudas a la contratación, simplificándolas y centrándolas en la empleabilidad de las personas en paro.
Según Díaz, la pretensión del Gobierno es que todas reformas sirvan para "modernizar" el mercado de trabajo español y su idea es que se formalicen "antes de diciembre". En la misma línea, la ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró que "ya estamos desplegando el dialogo social para lograr un acuerdo sobre las reformas de más calado este año 2021, ya que nuestro objetivo es contar a principios de 2022, con un nuevo marco laboral que nos ayude a encauzar un crecimiento rico, con empleo de calidad, con mayor productividad y mejores salarios".
Generalización del contrato indefinido y limitación del temporal
Especialmente importante para los autónomos empleadores será la reforma 4 del componente 23, que busca simplificar los contratos, "generalizar el control indefinido", o devolver la causalidad al contrato temporal, que a juicio del Gobierno se ha usado más de la cuenta en los últimos años.
Como ya avanzó este diario, Trabajo está empeñado en la "reducción del exceso de temporalidad en los contratos". Entre las "reformas en el ámbito laboral y de pensiones" que el Ejecutivo envió a Bruselas, se dedica un apartado completo a la "Generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación indefinida".
Esta reforma apunta como objetivo prioritario "reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral que limitan el aumento de la productividad y el crecimiento potencial y dan lugar a precariedad laboral". Según indica el texto, esto se haría simplificando y reordenando "las modalidades de contratación laboral y generalizando la contratación indefinida", así como "devolviendo la causalidad al contrato temporal". También "revisando la aplicación del contrato fijo-discontinuo e introduciendo mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad". En definitiva, el Ejecutivo pretende "penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajar el fraude laboral".
Revisión de todas las subvenciones y ayudas a la contratación
También son especialmente importantes para el colectivo las reformas 5 y 7 que se señalan en plan del Ejecutivo: la "modernización de las políticas activas de empleo" y la "revisión de subvenciones y ayudas al empleo". En cuanto a la primera de estas dos medidas, la intención es que estas políticas se conviertan en "un elemento clave" en la lucha contra el desempleo.
Aunque no se precisa exactamente cómo y qué instrumentos se cambiarán, la intención es reformar las subvenciones y bonificaciones a la contratación temporal. Entre las medidas para conseguirlo, se encuentran la simplificación de los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y que vayan para contratos indefinidos. También pretende evaluar las actuales políticas activas de empleo dirigiéndolas a trayectorias individualizadas de orientación, que impulsen la capacitación digital y los nuevos nichos de empleo, además de mejorar la coordinación de los servicios públicos de empleo en toda España, "promoviendo ventanillas de empleo para jóvenes y replanteando la Garantía Juvenil para reforzar el seguimiento personalizado".
Podrían eliminarse algunos incentivos al empleo
Si bien todavía no se ha aclarado si esto se traduciría en un recorte de subvenciones o beneficiarios de las ayudas, lo cierto es que en mayo de 2019, el Gobierno publicó la Actualización del Programa de Estabilidad para ese año. La tarea encargada por el Ejecutivo socialista al AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) dio como resultado un documento en el que ya se previó un proceso de revisión de los gastos para ese año. Con él, se puso la lupa en cuatro áreas, una de ellas, las bonificaciones y reducciones de las cuotas a la Seguridad Social.
Aunque hay que tener en cuenta que las directrices publicadas ese año partían de un análisis en un contexto diferente, sin pandemia, no es menos cierto que en el documento ya se ponía de manifiesto la intención de “reorganizar” estos incentivos dirigidos a los autónomos y enmarcados en las políticas activas de empleo en marcha. El Gobierno pretendía que esta revisión generara unos ingresos extra a la Seguridad Social de unos 500 millones anuales y que éstos ayuden a la sostenibilidad del sistema público.
Implantación del ERTE estructural
Otra de las reformas laborales que Trabajo quiere llevar a cabo antes de final de año es la número 6 del componente 23 del plan enviado a Bruselas: el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición. O, en otras palabras, un ERTE estructural al que los negocios puedan acudir de forma permanente y que sirva para renovar las competencias de los asalariados, con un modelo similar al alemán.
La idea preliminar ya se incluyó en el paquete de medidas para la reforma laboral que el Ejecutivo mandó a las autoridades europeas para su aprobación. En este sentido, el Gobierno, desde el presidente hasta los titulares de diferentes ministerios, llevan meses aclarando que su intención es no dejar caer los ERTE, ni sus exoneraciones para los negocios en las cotizaciones a la Seguridad Social por sus trabajadores.
De hecho, la vicepresidenta económica y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya sugirió en agosto que el diálogo social abordará tarde o temprano si los ERTE deberían “transformarse desde el instrumento de choque que son ahora a una oportunidad para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen, en línea con lo que hace Alemania”. El Gobierno tiene la vista puesta en el modelo 'Kurzarbeit', una modalidad de jornada reducida en la que el Estado paga temporalmente hasta dos tercios del salario al trabajador y ofrece formación para reincorporarle al mercado laboral e impedir despidos masivos.
Una parte de la reforma de las pensiones también podría desarrollarse este año
Así mismo, en el ámbito de las pensiones, las directrices que el Ejecutivo envió a Bruselas están recogidas en el componente 30 y se articulan en una decena de reformas que, en algunos casos, también se pretenden aprobar a lo largo de este año. El objetivo en este ámbito, según apuntó la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la presentación del Plan de Recuperación "es asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo".
Para ello, el Gobierno quiere " tomar medidas desde ahora y conseguir hitos importantes en 2021. Entre los principales objetivos que ya se están trabajando, está la separación de fuentes de financiación, la implantación de los desincentivos a la jubilación anticipada y los incentivos a la prolongación de la vida laboral, la revalorización de las pensiones y desarrollar los elementos centrales del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, de forma que pueda entrar en 2022", explicó Calviño.
Incentivos a la jubilación demorada y desincentivos a la anticipada
La Reforma '2b' del componente 30, enviado a Bruselas, para la sostenibilidad del sistema de pensiones prevé la "alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal". Si bien el texto se envió recientemente, el Gobierno ya creó una mesa a finales del año pasado para comenzar a trabajar sobre los incentivos a la jubilación más allá de la edad legal y desincentivos a la anticipada.
La idea del Ejecutivo sería llegar a un acuerdo con los agentes sociales sobre estos porcentajes de "recorte y ampliación de las pensiones antes de final de año. De hecho, el Gobierno ya propuso reformar el mecanismo de la jubilación anticipada "lo antes posible", para que se apliquen los desincentivos previstos por ley de entre un 6,5% y un 8% por año adelantado, no sólo a los autónomos y trabajadores con bases medias o bajas, sino también a los que cotizan por las bases más altas. Cosa que hasta ahora, según afirmó la Seguridad Social, no sucede porque a los que cotizan por bases más altas sólo se les reduce la pensión un 4%.
A juicio del ministro ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la tasa de penalización que hay ahora mismo es "suficiente" en términos generales. Sin embargo, los autónomos y trabajadores por cuenta ajena que cotizan por las bases más altas, en determinadas circunstancias, pueden retirarse dos años antes de la edad legal con una reducción de tan sólo un 4% sobre su pensión (2% anual). Y previsiblemente, la intención del Gobierno es que se les aplique el mismo coeficiente que a los demás, es decir, hasta un 16%.
Así mismo en cuanto a los incentivos para fomentar la jubilación demorada, según ha venido afirmando Escrivá en anteriores comparecencias, esta modalidad tiene "margen" para incentivarse más. Así mismo, también relacionó el poco uso de esta modalidad por parte de los contribuyentes al "desconocimiento que todavía hay acerca de la jubilación demorada". Cuestión con la que su departamento pretende acabar. En el borrador de la reforma de las pensiones que maneja el Gobierno y que presentó el ministro la semana pasada en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se prevé introducir dos nuevas modalidades añadidas a la ya existente.
Al parecer, el Ejecutivo querría proponer a lo largo de este año tres modalidades, en vez de una, para alargar la jubilación más allá de la edad legal: la primera, que es la misma que había hasta ahora, supondría un único cambio: aplicar siempre un 4% añadido por año de demora a las pensiones. Con la segunda, el autónomo podría acceder a un pago único que está todavía por determinar. Y, por último, se propondría una tercera formula que consistiría en una combinación de ambas.
El problema es que, aunque hay documento que se han entregado a los agentes sociales, la negociación aún no ha a avanzado mucho y existen muchos temas que no convencen a las partes. Esta reforma, que es de gran calado, necesitará todavía de mucho consenso para salir adelante, aseguran fuentes de las mesas de negociación.
Implantación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales
Otra de las reformas clave del componente 30 sería la número 3: "el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos Reales". El Gobierno lleva tiempo manifestando su intención de tener preparado este sistema para 2022, a pesar de que los expertos y organizaciones de autónomos advierten de la complejidad de instaurar un régimen de estas características, que además debe ser pactado con los agentes sociales.
Aún con todo, según dijo la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la presentación del Plan de Recuperación, la intención continúa siendo desarrollar este año "los elementos centrales del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, de forma que pueda entrar en 2022". No obstante, lo cierto es que en el propio texto enviado a Bruselas se advierte de que la implantación se hará "de forma gradual mediante la aproximación de las bases de cotización mínimas por tramos a los ingresos reales del trabajador".
De hecho, como ya avanzó este diario, aún no existe una propuesta concreta por parte del Ministerio que ya ha reconocido las dificultades para conocer los ingresos reales de los autónomos en base a los datos que posee Hacienda. Ya se sabe que en 2022 no se podrá implantar el sistema aunque se puedan sentar algunas bases y que la cotización por ingresos reales se atrase al 2023. Incluso que se apruebe un periodo transitorio de nueve años para evaluar la eficacia de este sistema y realizar cambios. En principio, es muy probable que la cuota siga siendo voluntaria y el autónomo regularice su cotización cada año al final de su ejercicio fiscal. Y que el autónomo pueda cambiar de base de cotización seis veces al año para poder ir adecuándolas a sus rendimientos netos.
La reforma del sistema fiscal no se empezaría a abordar hasta febrero de 2022
Por último, según apuntó la ministra de Economía Nadia Calviño, en la presentación del plan, "la revisión de la fiscalidad se llevará a cabo, pero no es una cuestión urgente o prioritaria y eso se refleja en el texto remitido a Bruselas". Si bien la ministra no comentó en qué momento se aprobarán los cambios en el plano fiscal, lo cierto es que estas medidas se llevarán a cabo en base a los resultados que presentará en febrero del año que viene el Comité de expertos que puso en marcha Hacienda para evaluar las diferentes medidas fiscales. Por ello, es probable que su implementación se posponga, al menos, hasta ese momento.
La idea del Gobierno sería subir determinados impuestos para salir de la crisis generada por el coronavirus, aunque no de inmediato. Para ello, ya ha puesto encima de la mesa varias alzas que estudiará el comité designado por el Ministerio de Hacienda para que -la mayoría de ellas- entren en vigor, probablemente, entre el año que viene y 2023.
Entre los cambios más importantes enviados a Bruselas y recogidos en este componente 28 estarían la reforma de medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica ; medidas tributarias de adopción a corto plazo en los Impuestos personales (IRPF); en Sociedades; y en los impuestos indirectos ( como el IVA).
Uno de los puntos más controvertidos del componente 28 que envió el Ejecutivo a Bruselas es el "análisis de beneficios fiscales". Según explica el Gobierno en su reforma número 2, estos incentivos son "medidas que minoran la recaudación, adoptadas por razones de política económica y social y que pueden afectar a determinados colectivos".
Así, el comité de expertos analizará estos beneficios entre este año y el que viene "prestando atención a aquellos que distorsionan la progresividad y la redistribución del mismo". Todo ello en base también a las conclusiones de expertos y organismos independientes. De hecho, El Ejecutivo asegura que estudiará los beneficios que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) puso en el punto de mira en su último informe Spending Review.
Aunque esto no significa que todos los incentivos apuntados por el organismo vayan a desaparecer, sí es cierto que todos ellos van a ser revisados y algunos podrían terminar eliminándose a partir del año que viene. Entre los más importantes que planteó la AIREF están las reformas de los beneficios fiscales del IRPF, centradas en la previsión social, la tributación conjunta o el arrendamiento de vivienda y también una revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía de los tipos reducidos del IVA para mejorar su eficiencia distributiva.
