Estos son los trucos que usa la Administración para demorar los pagos en las licitaciones públicas

Las micropymes y los autónomos tienen más dificultades que el resto de negocios para acceder a los contratos que sacan a concurso las administraciones públicas. Así quedó expuesto en la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026, aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un órgano colegiado dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

El documento, al que ha tenido acceso este diario, explica que el 98,12% del total de los negocios en España son micropymes y pequeñas empresas que tienen necesidades diferentes al resto debido a los medios con los que cuentan para acceder a licitaciones públicas. En consecuencia, “se requiere la implantación de medidas específicas para micropymes y pequeñas empresas, incluidas las personas autónomas”, dentro de la estrategia de contratación pública, valoraron desde la OIReScon.

En paralelo, los expertos consultados por este medio explicaron algunos trucos que las administraciones utilizan con frecuencia para demorar el pago de sus contratos públicos con autónomos y pequeños negocios, que en demasiadas ocasiones podría extenderse hasta ocho meses. Un ejemplo es la práctica habitual de consignar la fecha de conformidad de las facturas. Un proceso que la administración -ayuntamiento, CCAA o Estado- podría llegar a dilatar durante meses y que podría generar serios problemas en la contabilidad de los autónomos.

A todo ello se suma la morosidad que ya es característica en las licitaciones públicas. En este sentido, un reciente estudio de Informa DyB mostró cómo la Administración es el sector que más dilató sus pagos en el primer trimestre de 2023 sobre los plazos que marca la ley –30 días máximos-, con una demora media de 28,5 días por encima de lo que fija la normativa para el sector público. Es decir, dos meses para el cobro de una factura.

Los "trucos" de la Administración para demorar los pagos de las facturas en las licitaciones públicas de autónomos y pymes

La Administración puede tardar, en algunos casos, meses en pagar sus facturas. Sin embargo, Gádor Espinosa, CEO de iTenderspro, un agregador de licitaciones públicas, explicó que no se trata de una excepción, ya que “no existen grandes diferencias con el periodo medio de pagos en el sector privado”. 

Sin embargo, para la experta, el juego de la Administración “se encuentra en donde no miramos”: la fecha de conformidad de las facturas, a partir de la cual se tienen 30 días para realizar el pago recogido en el contrato. Ex ahí donde se produce la dilación. Si no se da la conformidad, no corre el plazo que estipula la ley. “Desde las administraciones lo deciden por su cuenta, aunque en muchas ocasiones se incluye en el propio pliego y no hay nada que hacer”, explicó.  

Este problema oculto podría generar serios problemas entre los negocios que firmen licitaciones con la Administración. Sobre todo, entre los más pequeños. “En algunas ocasiones, la conformidad de la factura se está retrasando cinco o seis meses, por lo que los autónomos y pequeños negocios pueden terminar cobrando en ocho meses”, relató Gádor Espinosa. 

En paralelo, la CEO de iTenderspro denunció a este diario otro "truco" de las administraciones al que se enfrentan los negocios que suscriben una licitación pública. “En ocasiones, retrasan la ejecución del contrato, sin ninguna penalización, algo que no ocurriría en un contrato privado. Una parte tiene mucha más fuerza que la otra”, expresó. 

Sobre las cuantías de los contratos, la experta valoró que, si bien las administraciones están elevando los precios, muchas veces son los propios negocios o autónomos quienes los rebajan durante sus concursos, ante la necesidad de trabajar. “Esto podría arreglarse cambiando el sistema de puntuación, premiando a las propuestas que más cerca estén en la oferta media”, concluyó.

Los supervisores también alertan sobre las dificultades que tienen los pequeños negocios para acceder a las licitaciones públicas 

Así, el órgano encargado de la supervisión y la gestión de las contrataciones públicas mostró algunas de las dificultades añadidas que los autónomos y pequeños negocios tienen a la hora de acceder a una licitación con la Administración.  

Una prueba de ello es que, como explicaron los supervisores, “en España las pymes, incluyendo a los autónomos, representan más del 62% del Valor Añadido Bruto generado por las empresas no financieras.” Además, la contratación de pymes por las administraciones alcanzó en 2020 el 62,9% de los contratos, “que, sin embargo, representa únicamente un 42,2% del valor total de éstos”, explicaron. 

Ante estos datos, desde la OIReScon consideraron que “se observa una importante asimetría entre el valor generado por las pymes y el valor total de los contratos de los que resultan adjudicatarias.” Un desajuste que, según los supervisores, “se acentúa en relación con las micropymes” y autónomos. 

Analizando las causas que dificultan a los trabajadores por cuenta propia y a los pequeños negocios el acceso a las licitaciones públicas, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación destacó varios, relativos a diferentes ámbitos: 

• De acceso a la información sobre contratación: dificultades de localización y falta de conocimiento de la normativa de contratación pública y requisitos necesarios para contratar. 

• De acceso a los procedimientos: problemas con el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica o profesional exigidos para participar; el elevado presupuesto base de licitación “sin que la división en lotes pueda llegar a hacerlos accesibles”; o las dificultades en el uso de las herramientas de contratación electrónica. 

• En la elaboración de ofertas: problemas en la cumplimentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC); así como las dificultades de las pymes “para competir con las grandes empresas en relación con el criterio de adjudicación relativo al precio del contrato.” 

Con respecto a la subcontratación en las licitaciones públicas, una situación donde es común encontrar a autónomos y pequeños negocios, la OIResCon destacó que no existe información suficiente sobre “el grado de cumplimiento para verificar que los pagos a subcontratistas y suministradores se han llevado a cabo correctamente.”  

Así, otro problema añadido para los trabajadores por cuenta propia que trabajen para la Administración subcontratados por una empresa de mayor tamaño que haya ganado el concurso podrían ser los retrasos en los pagos, una cuestión sobre la que los supervisores no tienen información suficiente. 

Esta cuestión fue confirmada a este diario por Gádor Espinosa, quien expresó que este problema se da, sobre todo, en las licitaciones del sector de la construcción, donde existen más subcontrataciones de autónomos y pequeños negocios. “En este sector, es muy habitual que se pague a 180 días al subcontratado, cuando la administración paga a 30 días desde la fecha de conformidad de la factura”, explicó.

La Estrategia 2023-2026 incluye medidas para facilitar el acceso de autónomos y micropymes a las licitaciones públicas 

Ante esta situación, desde la OIReScon se han fijado una serie de medidas enfocadas a mejorar el acceso a licitación pública para los autónomos y pequeños negocios entre 2023 y 2026, contenidas en la Estrategia Nacional de Contratación Pública para dicho periodo:  

• Simplificación administrativa, tanto para órganos de contratación como para los licitadores, en fase de preparación del contrato y procedimientos de licitación, con especial atención al régimen de contratación de los entes locales de población inferior a 5.000 habitantes. 

• Regulación de las pymes, con el fin de fomentar su participación, fundamentalmente en cuanto a la solvencia exigida, adscripción de medios o integración de solvencia.