A la hora de comprar, un 64% de los consumidores tiene en cuenta si los productos o servicios que adquiere son o no respetuosos con el medioambiente, y si generan un impacto social positivo. Ante esta tendencia, cada vez más presente, resulta paradójico que un 78% de los autónomos, pymes y negocios de España no conozcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por tanto, aún no los hayan incorporado a sus estrategias de negocio.

Una fisura de considerable dimensión sobre la que se alerta en la Guía para pymes ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elaborada por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). Según los datos manejados por ambas entidades, el 67% de los que optan por utilizar energías renovables, reciclar o implantar medidas que mejoren la salud y el bienestar de los empleados, lo hacen por ahorrar costes, principalmente de consumo energético y de agua (ODS 6 y 7).

Sin embargo, subirse al carro de los ODS contribuye a que los negocios sean más competitivos, más rentables y creen más empleo. “La sostenibilidad debería ser una parte vertebral en las estrategias de negocio de las pymes”, afirmó el presidente del CGE, Valentín Pich. “No sólo por un compromiso ético, sino también por las oportunidades que les puede reportar, entre otras, en cuanto a reducción de costes y de la factura fiscal, mejora de la reputación y de la competitividad, acceso a nuevos mercados, o más facilidades para financiarse”.

Desde que en 2015 se aprobase la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Estado ya ha reconocido -aunque tímidamente- a los autónomos y empresas que apuestan por este nuevo modelo de negocio.

Pese a que el Impuesto de Sociedades en si mismo no contempla ningún incentivo fiscal en materia de medio ambiente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible sí establecen beneficios fiscales para las empresas que potencien y promuevan la inclusión social. A este propósito se fijan deducciones para los negocios que contraten a trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33 % e inferior al 65 %.

En cuanto al IRPF, los trabajadores pagarán menos por la renta en especie si el autónomo titular del negocio o empresario pone a su disposición un vehículo “eficientemente energético”.

En materia de bonificaciones e incentivos,  la administración local ha sido quizá la más activa con los negocios y empresas que están contribuyendo a cumplir con los 17 objetivos y 169 metas recogidos en los ODS.

Los ayuntamientos tienen potestad para bonificar el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de aquellos inmuebles (oficinas, naves, locales comerciales, viviendas…) en los que se han instalado sistemas de aprovechamiento térmico o de la energía solar. También se bonifica el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para quienes utilicen o produzcan energías renovables.

Y algo mucho más a la orden del día, el llamado “numero del coche” (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica), también está bonificado en función del tipo de carburante, motor e impacto en el medio ambiente. Este último, afecta de modo directo a la cuenta de resultados en sectores donde existe una alta concentración de autónomos como el taxi, los agentes comerciales o los profesionales del transporte.

A este respecto, durante la presentación de la Guía, Pich propuso “establecer la aplicación de la libertad de amortización para inversiones en activos fijos que redunden en una disminución de la contaminación o en una especial eficiencia energética”. Esto es, un incentivo por el cual los autónomos y empresas que inviertan en activos medioambientalmente sostenibles sean quienes elijan el coeficiente de depreciación de los mismos, lo cual permitiría aumentar los gastos deducibles durante los primeros años y reducir así la factura fiscal.

Los negocios que más contaminan pagan más impuestos

Donde sí se ha actuado con algo más de intensidad es en sentido contrario. Es decir, se han creado tributos que penalizan a los negocios que generan un impacto negativo en nuestro entorno.

Además de los impuestos estatales como el de hidrocarburos o el de la electricidad, las comunidades autónomas tiene ciertas competencias para regular figuras impositivas que graven actividades que dañan el medioamebiente. Por ejemplo, Cataluña cuenta con los impuestos sobre los grandes establecimientos comerciales o las bolsas de plástico, así como  el “canon del agua” por el que, según el informe La fiscalidad medioambiental en España elaborado también por el CGE, se recaudaron 3,89 y 503,62 millones de euros en 2017. Otros casos son el impuesto por instalaciones que inciden en el medio ambiente de Extremadura, el que grava la eliminación de residuos en vertederos de la Región de Murcia, o el de los vertidos a las aguas litorales de Andalucía.

Todos estos incentivos y gravámenes fiscales son, en opinión de Pich, “insuficientes” y hacen que el compromiso con la sostenibiliad se quede en una “mera declaración de intenciones”. A este respecto, consideró que “la fiscalidad medioambiental en España debe repensarse y reorganizarse para que todas las administraciones públicas vayan al  unísono y en una misma dirección. El fin debe ser desincentivar las conductas lesivas para el entorno natural de todos los agentes económicos, no obtener una mayor recaudación”.

De hecho, pese al vasto listado de tributos autonómicos y estatales, más del 60% de la recaudación de los impuestos verdes procede del Impuesto sobre Hidrocarburos, es decir, de la gasolina.

Oportunidades de negocio

Reducir la factura fiscal de autónomos y pequeñas empresas no es la única ventaja de ser sostenible. El vicepresidente de Cepyme, José Manuel de Riva, explicó que “crea nuevas oportunidades de negocio, promueve la innovación y mejora la reputación”. Es más, según los economistas, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible podría generar hasta 12 billones de dólares hasta 2030. Un incentivo a repartir entre grandes y pequeños, en cuyo alcance “las pymes desempeñan un papel crucial”, insistió De Riva.

Los ODS abren la puerta de nuevos mercados que marcarán la economía del futuro, entre ellos las nuevas tecnologías, la economía circular, los negocios inclusivos, las energías renovables o la economía ecológica. Además, facilitan el establecimiento de alianzas con grandes empresas y el acceso a la contratación pública. Pensemos que la Red Española del Pacto Mundial, cifra en el 66% el porcentaje de las empresas del IBEX 35 que ya evalúan a sus proveedores bajo criterios sociales y en el 71% el de las que lo hacen en base a criterios ambientales, y que en el ámbito de los contratos con la administración se priman, por Ley, los proyectos de empresas sostenibles.

Más allá de lo genérico, las áreas donde la sostenibilidad se ha convertido en una oportunidad real de negocio son salud de los empleados -medidas de conciliación, programas y actuaciones que fomenten el deporte y una nutrición sana…-, energías renovables, digitalización, reutilización, reciclaje, y transparencia -que tal y como destaca el informe, se está convirtiendo en “el nuevo paradigma para hacer negocios”-.

Ejemplos reales

En España existen ejemplos reales de negocios que ya están aprovechando las ventajas de los ODS. Es el caso de 'Corresponsables' que, dentro del ámbito de la educación de calidad (ODS 4) se alió con Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y MésQue Televisió con el objetivo de acercar los ODS y el desarrollo sostenible a la ciudadanía.

O 'Luxeapers, SLU' que, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer y cumpliendo con los ODS 3 relacionados con la salud y el bienestar, imparte charlas informativas a sus trabajadoras acerca de cómo realizarse una exploración mamaria y actuar de forma preventiva.

Una tercera muestra es la de 'Bound4blue', que ha desarrollado un sistema de transporte naval alternativo no contaminante que reduce hasta un 40% las emisiones contaminantes de los barcos de mercancías, dando con ello respuesta al ODS 14 para la preservación de la vida submarina.

No obstante y aunque la posición de España no es del todo mala en el ranking de países en términos de desarrollo sostenible -ocupa la posición 21 de 162 según el SDG Index 2019-, Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial, aseguró que “aún queda mucho por avanzar” y “es el momento de aumentar la velocidad si queremos cumplir los ODS” siendo “las pymes uno de los motores decisivos para hacerlo”.