Resolver los conflictos por solicitudes denegadas

Trabajo anuncia que creará en septiembre una única comisión nacional para el cese de actividad

A la vuelta de vacaciones el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social pondrá en marcha la Comisión paritaria para decidir sobre las solicitudes negativas de prestación por el conocido como ‘paro de los autónomos’. La decisión se produce tras la reclamación que presentaron ATA y UPTA el pasado mes de marzo.
parado banco
Trabajo anuncia que creará en septiembre una única comisión nacional para el cese de actividad

Sólo se creará una única Comisión para decidir sobre las denegaciones por cese de actividad. Así lo han confirmado desde la Seguridad Social a Autónomos y Emprendedores fuentes próximas al organismo. Según explican, “damos por cerrado el acuerdo con las organizaciones de autónomos para que sea cree una única Comisión de carácter estatal que se encargará de resolver los conflictos” que surjan en caso de que a un autónomo se le deniegue la solicitud del llamado 'paro de los autónomos'. Un acuerdo que, según las mismas fuentes, tomará carácter oficial “en breve”, a la vuelta del verano.

Finalmente, el departamento que dirige en funciones Magdalena Valerio ha escuchado la demanda que, a principios de primavera, le hacían llegar las dos asociaciones que representan al 81% de los autónomos en España, ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) y UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).  

La resolución que se publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 25 de marzo determinaba que “el ámbito de la comisión paritaria será el provincial, de modo que se constituirá una comisión paritaria en cada provincial”. Esto no gustó nada a ninguna de las dos asociaciones mencionadas, que consideraron que una maraña de 50 comisiones trabajando sobre criterios distintos para decidir si un autónomo tenía derecho o no a la prestación, no era en absoluto operativo y supondría mayores trabas e inseguridad jurídica para el colectivo. Incluso podría limitar aún más el acceso al cese de actividad, como ya se publico en este diario digital. En este sentido, ATA y UPTA rechazaron la creación de 50 comisiones y, finalmente, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha aceptado su criterio accediendo a crear una única Comisión paritaria de carácter estatal.

Aquellas comisiones debían haber estado integradas por un representante de las asociaciones de autónomos, un funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), un representante de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat), un secretario designado por la citada Asociación de Mutuas y, si así se decidía, un letrado de la Administración de la Seguridad Social "con voz pero sin voto" nunca han llegado a constituirse.

La composición de la nueva comisión paritaria estatal aún no se conoce aunque, casi total seguridad, estará compuesta por varios representantes de las principales organizaciones de autónomos, altos cargos del INSS, también de la Seguridad Social y de las mutuas. 

La pared de hierro de los criterios de acceso

El Real Decreto Ley de 28 de diciembre universalizó la prestación por cese de actividad. Es decir, todos los autónomos tienen acceso al ‘paro’ en contra prestación de cotizar un 0,70% más que se incluiría en la cuota mensual de 283,35 euros. La ayuda, cuya cuantía media es de 775 euros cada mes, podrán percibirla durante cuatro meses, dos más que antes de la entrada en vigor del real decreto de enero.

El objetivo era dar un paso más en la mejora de la protección social del colectivo. Sin embargo, en enero no se solucionó la principal barrera con la que se encuentran los trabajadores por cuenta propia que, lamentablemente, se han visto obligados a echar el cierre de sus negocios. O lo que es lo mismo no se han modificado los criterios de acceso a la prestación por cese de actividad. En concreto el referido a justificar “pérdidas económicas y demostrables superiores al 10%”, que es la principal barrera de acceso. Este requisito ha estado impidiendo cobrar la prestación a muchos autónomos que venían cotizando de manera voluntaria por esta contingencia ya que, por ejemplo los que tributan por módulos, no podían acreditar pérdidas.     

Prueba de ello es el escaso número de solicitudes que resultan favorables a los autónomos. En 2017 se presentaron 3.678 solicitudes de las que sólo obtuvieron respuesta positiva 1.523, es decir, un 46,01%. La situación mejoró algo el pasado año 2018 cuando de las 3.647 solicitudes por cese de actividad presentadas los autónomos, se reconocieron 1.857, esto es, un 50,9%.

Este año, y según los datos a los que ha tenido acceso Autónomos y Emprendedores de fuentes próximas a Amat, se habría producido un leve retroceso en el número de aprobaciones. En el primer trimestre de 2019 sólo se habrían resuelto favorablemente 346, lo que significa que de seguir así el ejercicio se cerraría con unas 1.400 solicitudes en verde.

De cara al próximo 2020 se espera una mejora del ratio de resoluciones favorables. La razón es que habrá transcurrido un año de la modificación introducida por el Real Decreto de 28 de diciembre y los autónomos ya habrán cotizado doce meses por esta contingencia, tal y como se exige en los requisitos de acceso a la prestación.  

La prestación más rentable para el sistema

Los autónomos que acceden al cese de actividad cobran la prestación durante una media de 9,8 meses y la cuantía, también media, es de 774,39 euros cada mes. Hasta el año pasado, del importe recaudado por este concepto (recordemos que la cotización era voluntaria) Seguridad Social sólo destinaba en torno al 11% a abonar la prestación. Por ejemplo, en 2018 se recaudaron 133 millones de euros mientras que sólo se dedicaron 10,5 a pagar el ‘paro’. Esto la convertía en la prestación más rentable para el sistema.

Para este año, ya con los más de 3,2 millones de autónomos cotizando por este concepto, el Estado espera recaudar 322 millones de euros. De ellos, 105 irán a pagar la prestación. Con los 217 millones restantes se asumirán las cuotas de los autónomos en situación de incapacidad temporal. Además el periodo mínimo de disfrute de la prestación será de cuatro meses, dos más que hasta diciembre pasado.