Trabajo comienza hoy a enviar cartas a quienes estima que abusan de la temporalidad
El ministerio de Trabajo empieza desde hoy, uno de agosto, a perseguir a quienes estima que presuntamente están utilizando los contratos temporales y a tiempo parcial de forma “abusiva”. Desde ahora y hasta el mes de diciembre se reforzarán las actuaciones inspectoras con las que el Gobierno pretende poner coto a la precariedad laboral.
Cinco meses y 960.000 euros. Este es el tiempo y la dotación con la que contará este año el Plan Director por un Trabajo Digno que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de julio. Tal y como anunció la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, las primeras actuaciones que se pondrán en marcha desde hoy, uno de agosto, son las relativas a los planes de choque contra el “uso abusivo y fraudulento” tanto de la contratación temporal como de la parcial. De hecho, en un comunicado enviado este medio día Trabajo a anunciado que las empresas, pymes y autónomos empleadores “presuntamente incumplidoras” recibirán cartas desde hoy advirtiéndoles de posibles efectos y sanciones que les serán de aplicación en caso de no regularizar la situación.
El objetivo de ambos planes es doble. Por un lado regularizar el fraude que se detecte, lo que dotará de mayor estabilidad y seguridad jurídica a los trabajadores, y por otro generar un efecto disuasorio en las empresas.
Dos fases: detección y análisis
Trabajo detalla que los planes se desarrollarán en dos fases, una de detección para la que se empleará la Herramienta de Lucha contra el Fraude, y en la que se instará a las empresas incumplidoras a que “regularicen voluntariamente su situación y repongan los derechos a los trabajadores afectados”. Y otra de análisis, en la que se estudiarán los resultados obtenidos y comportamientos de las empresas, más concretamente de las que no hayan procedido a subsanar las infracciones. En ese último caso, y siempre previa comprobación por parte de los inspectores, “se adoptarán las medidas oportunas y se exigirán las responsabilidades que correspondan”, cita el comunicado.
En enero del próximo año, ambos planes se someterán al seguimiento y evaluación por parte de la Comisión Permanente del Consejo Rector y en la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por otra parte, esta mañana se ha formado el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) con lo que se reanuda la cooperación entre ambas entidades que elaborarán un Plan Anual de Objetivos en el que se determinen las acciones, metas e infraestructura necesaria. La finalidad es “hacer más eficaz la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y las nuevas formas de intento de vulnerar la normativa de cotizaciones”.
“No vale cualquier tipo de empleo”, aseveró Valerio, “la inspección practicará tolerancia cero”, ya que utilizar este tipo de contratos con el ánimo de reducir costes laborales tiene como resultado una “merma en la competitividad y productividad de la economía española, y ataca los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Los datos de la última EPA (Encuesta de Población Activa) revelan que, durante los seis primeros meses del año, se han firmado 9.406.769 contratos temporales frente al 1.123.409 de indefinidos. Esto es el 89% del total (10.530.178). Además cerca de siete de cada diez contratos que se producen son por periodos inferiores a un mes, y una cuarta parte de estos tienen una duración de menos de una semana.