martes. 12.11.2019

SE QUEJAN DE QUE DEBERÍAN PAGAR HASTA 15 CÉNTIMOS MÁS POR KM

Los transportistas irán a la huelga si el Gobierno les obliga a pagar los nuevos peajes

Los transportistas irán a la huelga si el Gobierno les obliga a pagar los nuevos peajes

El sector del transporte está en pie de guerra tras la aprobación del Real Decreto que les exigirá circular por autopistas de peaje por “razones de seguridad, fluidez de tráfico o motivos medioambientales”. Dos de las consecuencias inmediatas de la medida serán el incremento de los costes de entre 12 y 15 céntimos por kilómetro recorrido y "un alza de los falsos autónomos". Los profesionales valoran la convocatoria un “paro nacional” si Fomento no da marcha atrás antes del día 22 de este mes de noviembre. 

Los transportistas irán a la huelga si el Gobierno les obliga a pagar los nuevos peajes

“Esperamos que el Gobierno dé marcha atrás o que los grupos parlamentarios lo tumben”, con esta firmeza Víctor González, presidente de Fetransa (Federación Nacional de Transportistas Autónomos y Pymes) se ha referido al Real Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado jueves y que entró en vigor la mañana siguiente. Éste faculta a, entre otros, la Guardia Civil, Dirección General de Tráfico (DGT), Jefaturas provinciales o administraciones autonómicas a “exigir” al transporte pesado que se desvíen a autopistas de peaje por razones de “seguridad, fluidez de tráfico o motivos medioambientales”.

La decisión, que ha sido tomada de forma unilateral, sin consulta ni diálogo previo, ha levantado ampollas entre los profesionales del sector que decidirá en el Pleno Monográfico de la Comisión Nacional del Transporte del próximo día 22 de noviembre si va o no a la huelga. “De no darse marcha atrás, valoraremos convocar un paro nacional”, ha insistido González. Asimismo, ha destacado que la medida tiene carácter “meramente recaudatorio. Lo que se pretende es sostener el mantenimiento de las vías que van a pasar a ser de gestión pública en los próximos meses”. Conservación vial que “ya estamos pagando por tres con los impuestos al gasoil”, ha apostillado.

De hecho, la disposición adicional séptima del RD, determina que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Estatales (SME, SA) será quien explote las autopistas que vuelvan a manos del Estado una vez finalice el periodo de concesión, y que ésta “queda autorizada para el cobro a los usuarios de las tarifas que fije el Consejo de Ministros”. En palabras del presidente de Fetransa el trasfondo es que “no serán gratuitas para el transportista”. Es decir, que tendrán que seguir pagando el peaje como hasta ahora aunque la gestión pase a ser pública.

Tal es así que el colectivo también pone en tela de juicio la aplicación de bonificaciones a las que el RD deja la puerta abierta. “No deja nada claro. Se puede bonificar desde el 0% hasta el 100%”, puntualiza González.

No obstante, el sector espera que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos se abra al diálogo. De producirse son dos las alternativas que se pondrán encima de la mesa. La primera, es que si se mantiene el carácter obligatorio del desvío el peaje sea gratuito para los transportistas; la segunda, pasar por establecer incentivos que intensifiquen el uso de las autopistas de pago pero manteniendo la voluntariedad.

Por otra parte, y en opinión del portavoz de Fetransa, la medida aprobada por el Gobierno es el primer paso para la implantación de la Euroviñeta. Es decir, el cobro de peaje en la red estatal de autovías, tal y como ya ocurre en países como Portugal. 

Incremento de entre 12 y 15 céntimos

La posición  de los transportistas no es de extrañar ya que la primera consecuencia de esta última reforma es que acarreará un incremento de los costes por consumo de gasoil de entre 12 y 15 céntimos por kilómetro recorrido. A lo que hay que añadir que los costes de avituallamiento (comida, bebida) son entre un 20% y un 25% más elevados en las estaciones de servicio de autopista que en las de carreteras convencionales.

A partir de ahí, la reacción va a en cadena. “Las medidas que recoge el Real Decreto hace posible que se precaricen las condiciones de trabajo y empujará a la competencia desleal”, se ha lamentado el presidente de Fetransa. González señala también que “se disparará aún más el fraude de los falsos autónomos -que  trabajan para las cooperativas de trabajo asociado- así como el de las empresas buzón (aquellas que, aunque tienen su centro logístico y de operaciones en España, están domiciliadas en países como Bulgaria, Rumanía… con el fin de ahorrar costes laborales).   

Además de lo que supone en el plano económico la seguridad tanto de los transportistas como del resto de conductores podría verse seriamente afectada. Según denuncia Fetransa las autopistas carecen de vías de servicio suficientes y adecuadas y se da el caso de muchos conductores que no pueden realizar sus descansos en los tiempos que establece la normativa de tráfico o se ven forzados a hacerlos en zonas no habilitadas como los arcenes.

Lastre para los precios y las exportaciones

Pese al respiro que Hacienda les daba la pasada semana prorrogando los límites de los módulos, la realidad es que los transportistas están entre quienes más están padeciendo la política fiscal de Sánchez. “Llueve sobre mojado. Si ya la situación es insostenible con esto último nos dan la puntilla”, ha recalcado González.

La realidad es que los Observatorios de Transporte que publica periódicamente el Minsiterio de Fomento ponen de relieve la compleja situación que atraviesa el sector. El coste medio por kilómetro de cada trailer es de 1,24 euros, incluyendo el gasto en combustible que supone algo más un tercio del total. Dicho coste se eleva hasta los 1,38 en el caso de los encargos (trayectos que se realizan sin carga). Ahora bien, el precio que se paga es de entre 0,70 y 0,90 céntimos de euro. Es decir, un 35% menos.

La decisión adoptada por el Ejecutivo socialista y que está en vigor desde el viernes, tras haberse publicado en el BOE, implicará que las anteriores cifras se incrementen hasta los 1,36 euros de mínima (1,50 si el camión va vacío). Este sobre coste será “casi con toda probabilidad” asumido por los transportistas, lo que tocará a los márgenes de explotación sus negocios. La otra opción será repercutirlo a los clientes, lo que afectará al precio final de las mercancías y supondrá una pérdida de competitividad de las exportaciones españolas.  

En cuanto a las razones de seguridad y medioambientales con las que el Gobierno justifica la oportunidad del RD, Víctor González las califica de “farsa” y destaca que la siniestralidad en el transporte profesional se ha reducido un 20% el último año y que sólo en el 11% de los accidentes de tráfico están implicados los transportistas profesionales.

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