El año 2020 empieza con buenas noticias para los 128.000 autónomos del sector del transporte y para otros cerca de 300.000 autónomos que también tributan por el sistema de estimación objetiva. Tal y como adelantó Autónomos y Emprendedores el pasado cuatro de diciembre, por cuarto año consecutivo, el Gobierno en funciones ha dado luz verde al Real Decreto Ley que prórroga los límites actuales de exclusión de régimen de módulos.

Por tanto, “se mantiene lo que hasta ahora tenían”, afirmó la ministra de Educación y Formación profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año. Esto significa que los autónomos sólo quedarán fuera del sistema de tributación objetiva cuando:

• Los rendimientos íntegros superen los 250.000 euros;
• La facturación a otros empresarios y profesionales superen los 125.000 euros;
• Las compras en bienes y servicios superen los 250.000 euros
• Los autónomos que adquieran bienes y servicios también podrán tributar en estimación objetiva con el límite de 250.000 euros.

De no haberse aprobado esta prórroga, éstos límites se hubieran reducido hasta los 150.000 y 75.000 euros, tal y como se previó en la Ley de 2015. Esto, hubiera supuesto que unos 200.000 autónomos habrían tenido que pasar a tributar vía estimación directa. El sector del transporte habría sido el más afectado; entre 76.000 y 90.000 profesionales "se hubieran visto obligados a abandonar la profesión o trabajar en la economía sumergida", según denunció Fetransa (Federación Española de Transporte Discrecional de Mecancías).

Ahorro de costes y beneficio para Hacienda

Con todo, ésta puede ser la última vez que se amplíe la vigencia de los límites actuales. Tanto ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) como Fetransa son conscientes de que se necesitan fórmulas que cierren la brecha impositiva que se produce entre los autónomos que tributan por estimación objetiva y los que lo hacen vía estimación directa. Es más, ambas asociaciones llevan un lustro proponiendo a Hacienda que constituya una mesa de trabajo técnica cuya misión será la de diseñar un modelo de “transición suave” que, en un periodo de cuatro años, garantice que los autónomos, tanto los transportistas como los del resto de sectores afectados, puedan continuar con el ejercicio de su actividad.

Con ello, el incremento de entre 6.000 y 12.000 euros de costes fiscales que tendrán que asumir los autónomos que tributan por el sistema de módulos quedará diluido, facilitando así la supervivencia de los negocios.

Además, según los cálculos de Fetransa relativos al sector del transporte de mercancías por carretera, los costes de gestión se elevarían entre 1.500 y 2.000 euros cada año. La razón es que los transportistas se verían obligados a contratar los servicios de una gestoría para cumplir con sus obligaciones fiscales. Por el contrario, la sencillez del sistema de módulos permite a estos profesionales realizar estos trámites por ellos mismos, sin necesidad de incurrir en gastos adicionales a los propios de la actividad, que oscilan entre los 133.000 y los 190.500 euros, según los datos del Observatorio del Ministerio de Fomento. De hecho, el 40% de su facturación es para cubrir el coste del combustible.

Hacienda también sale beneficiada de la prórroga del sistema de módulos. Además de evitar el incremento de la economía sumergida -que en España representa en torno al 22% del PIB (Producto Interior Bruto)-, se evitarán aplazamientos en el pago de impuestos. Según los expertos en fiscalidad, rebajar los límites de los módulos hasta los 150.000 y 75.000 euros impediría afrontar a un gran número de autónomos las liquidaciones del IVA trimestral. Por tanto, no sólo se incrementarían las solicitudes de aplazamiento, sino que éstas se encadenarían de forma consecutiva. El resultado: la deuda de los autónomos con el fisco se cronificaría de forma casi permanente.    

Se congelan las pensiones y se pospone la subida del SMI

El Real Decreto Ley omnibus que  recoge la prórroga de los módulos incorpora también otras medidas urgentes que afectan al bolsillo de los autónomos. La más destacada es la congelación de las pensiones.

Por primera vez desde el año 2011, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, la nómina de los más de 9,8 millones de pensionistas no subirá. Al menos por el momento. Según explicó Celaá, “la revalorización al 0,9% (según la variación del IPC) se hará en el momento en el que se configure el Gobierno”. Llegado ese momento la subida se hará con carácter retroactivo.

De este modo, en el supuesto de que no se forme Gobierno y vayamos a nuevas elecciones los pensionistas podrían pasar el primer semestre del año sin percibir ni un sólo céntimo de euro más en su nómina.

Y, todo ello, siempre y cuando la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados convalide el Real Decreto Ley, algo para lo que no se espera que haya problema.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), prometida  por el presidente en funciones Pedro Sánchez, tendrá también que esperar. Hasta en tres ocasiones, la ministra portavoz en funciones reiteró que “se fijará conforme al diálogo con los agentes sociales”. Es decir, que tanto patronal como sindicatos deberán dar consentimiento firme a la propuesta que les traslade el Ejecutivo. Según detalló Celaá, el compromiso es que, “en una legislatura”, se incremente en los términos que recoge la Carta Social Europea. Esto es, hasta el 60% del salario medio o, lo que es lo mismo, 1.200 euros mensuales. Así, en términos constantes y suponiendo una legislatura completa, la subida que se aplicaría cada año sería de 75 euros cada mes.

Al igual que ocurre con la revalorización de las pensiones, una vez alcanzado el acuerdo se llevará a efecto con carácter retroactivo.