El Ministerio de Transportes prometió tener lista una ley antes el 31 de julio

Los transportistas rechazan las nuevas medidas del Gobierno “porque suponen un retroceso”

Tras meses de negociación y con la fecha límite a la vuelta de la esquina, los transportistas han rechazado el borrador del Real Decreto-ley que el Ministerio de Transportes pretende aprobar antes del 2 de agosto. El motivo principal es que las nuevas medidas suponen “un paso atrás” sobre lo pactado.

CAMIONES PESADOS
Los transportistas rechazan el borrador de la reforma propuesta por el Gobierno “por suponer un retroceso con lo ya acordado”
Los transportistas rechazan las nuevas medidas del Gobierno “porque suponen un retroceso”

La semana pasada, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció la aprobación por Real Decreto-ley de las medidas legislativas "acordadas" con el sector del transporte de mercancías por carretera. Según la promesa del Gobierno, esta norma, que busca asegurar una rentabilidad mínima del trabajo en el sector y una utilización justa de la subcontratación, sería aprobada por el Consejo de Ministros antes del 2 de agosto. Sin embargo, el pasado 18 de julio, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) rechazó la propuesta del Ministerio tras analizar el nuevo borrador.

Tal y como explicaron desde el comité, el borrador ha sido rechazado por suponer “un paso atrás” en relación con los términos que se habían venido desarrollando en las distintas negociaciones. Así, los transportistas aseguraron que no van a aceptar la redacción de una norma que permita al Gobierno “justificar un cumplimiento formal de sus compromisos, pero que resulte inaplicable en la práctica”. En consecuencia, el CNTC propondrá una redacción alternativa en la que se insistirá en “los principios básicos que se han venido defendiendo a lo largo del tiempo de negociación”, añadieron.

Tras su rechazo, el Ministerio ha enviado ya un nuevo borrador a la mesa de negociación, que se reunió el pasado miércoles 20 de julio para analizarlo. En línea con lo ocurrido con los textos anteriores, “todo apunta a que se volverá a rechazar este nuevo borrador”, explicaron a este medio fuentes de la negociación. “Lo que no llegamos a entender es por qué no se trabaja siempre sobre un mismo documento. Cuando recibimos el borrador, nosotros analizamos artículo por artículo y proponemos las modificaciones, pero el Ministerio siempre nos envía un texto nuevo y resulta muy difícil trabajar así”, añadieron.

El compromiso por parte del Ministerio de tener lista la reforma de ley antes del 31 de julio está suponiendo otro gran problema para las distintas asociaciones que se encuentran en la mesa de negociación. “Estas cosas se tienen que hacer sin prisa, y desde la mesa de negociación no tendríamos ningún problema en que esto se hiciera con más tranquilidad. Al final, de lo que se trata es de que salga algo bueno para el sector y que las cosas estén bien hechas. Si el Gobierno saca un Real Decreto y se van a aprobar cosas que no nos van a beneficiar, al final estamos haciendo algo que no debemos hacer”, explicaron a este medio.

El Gobierno se comprometió a aprobar el texto en el Consejo de Ministros antes del 2 de agosto

A raíz de la convocatoria de huelga que tuvo lugar en el mes de diciembre, el Ministerio de Transportes adquirió una serie de compromisos con los transportistas. A finales de marzo, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Tras este acuerdo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) se comprometió a presentar antes del 31 de julio un proyecto de ley con el que se aplicase al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria. Cuatro meses después, el pasado miércoles 13 de julio, tuvo lugar una reunión entre el Ministerio de Transportes y el CNTC, tras la cual el Ministerio anunció la aprobación por Real Decreto-ley de las medidas legislativas acordadas con el sector del transporte.

“Coincidimos con el sector en que esta medida no puede esperar y les anuncio que vamos a tramitarla de forma urgente en forma de Real Decreto-ley para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto”, explicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Así, el Gobierno expresó su compromiso para adoptar estas nuevas medidas que buscan “garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes”, así como paliar las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania y sus efectos en el sector transporte.

El objetivo es prohibir que los transportistas trabajen a pérdidas

Este nuevo texto, que en realidad es una reforma de ley, recoge una serie de disposiciones con el objetivo de asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista; que se regule la subcontratación en el sector; y que sea obligatorio realizar contratos por escrito. A su vez, el Real Decreto-ley habilita una nueva convocatoria de ayudas directas para las empresas y negocios del transporte, en línea con las ya recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo y que suponen unos 450 millones de euros para paliar los efectos negativos de la crisis energética, que repercuten directamente en el precio del combustible.

“Los acuerdos a los que llegamos con el Ministerio se basan en la aprobación de una ley de costes mínimos, es decir, prohibir que en el transporte se trabaje por debajo de los costes. Para ello, lo que en un principio se habló es que iba a tratarse de una reforma basada en la ley de la cadena alimentaria, con la que se iba a regular también la subcontratación, que supone un gran problema para el sector”, explicaron fuentes de la negociación. Debido a lo larga que se hace la cadena, y teniendo en cuenta que cada uno de los participantes “le va dando un mordisco”, el precio que le acaba quedando a los transportistas “termina siendo precario, por eso queremos limitarlo”, añadieron.

Otra de las medidas que viene reivindicando el sector durante mucho tiempo es la necesidad de que el transportista tenga prohibido realizar las labores de carga y descarga, salvo en aquellos casos en los que la participación del conductor sí sea necesaria, como ocurre con los transportes especializados. “Bastante tienen ya con el trabajo como tal de conducción, como para encima encargarse de cargar y descargar”, señalaron a este medio.

Los transportistas rechazan el nuevo borrador del Ministerio

Tras analizar el nuevo borrador del Real Decreto-ley propuesto por el Ministerio de Transporte, el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera rechazó la propuesta. “La opinión es desfavorable en cuanto supone un paso atrás a los términos conforme a los que se había venido desarrollando la negociación hasta ahora”, señalaron fuentes del comité. Así, el CNTC ha sido tajante y ha dejado claro que no se aceptará la redacción de una norma “que permita al Gobierno justificar un cumplimiento formal de sus compromisos, pero que resulte inaplicable en la práctica”.

Por el momento, el CNTC ha comunicado al Ministerio sus conclusiones y ha anunciado el rechazo del borrador, proponiendo a su vez una redacción alternativa “en la que se insista en los principios básicos que se han venido defendiendo a lo largo de este tiempo de negociación”. El pasado miércoles 20 de julio la mesa de negociación se reunió a primera hora de la mañana para seguir trabajando y analizar el nuevo borrador enviado por el Gobierno. Sin embargo, tal y como indican fuentes cercanas, se prevé que “también se rechace este nuevo texto”.

Otro de los motivos por los que se rechazan los borradores presentados por el Ministerio de Transportes es que los textos no son del todo claros. “Pretendemos que se le dé una redacción que nos aporte una seguridad y que nos garantice que el acuerdo sea real. No queremos regular algo importante y que después, por el tipo de redacción empleada, pueda ser interpretado de otra manera. Necesitamos que el texto esté muy atado y que sea concreto”, explicaron.

Además, aseguran que la forma de modificar el texto por parte del Ministerio no se está haciendo bien. “Hubo un primer texto inicial y nosotros lo modificamos, incluyendo en el mismo todo lo que pensábamos que era necesario. Sin embargo, el Ministerio, en lugar de hacer las correspondientes modificaciones, nos envió un texto nuevo diferente. Así es muy complicado trabajar y no sabemos cuál es el motivo por el que se está haciendo así”, añadieron.

Lo que si dejan claro desde la mesa de negociación es que el objetivo principal es “que se mejore el sector” y que se aporte una mayor seguridad a los transportistas. “Prácticamente, todo lo que se está reflejando en el borrador empeora la situación. Casi es mejor estar como estamos que aplicar el nuevo borrador que nos ha llegado”, concluyeron.

CCOO también critica el real decreto del Gobierno

Comisiones Obreras se ha mostrado tajante con las nuevas medidas propuestas por el Gobierno, asegurando que este Real Decreto registra unas condiciones “que no respetan la legalidad vigente” y exigiendo la convocatoria de una mesa social al respecto, en la que se cuente también con las organizaciones sindicales.

“Los camioneros y camioneras siguen cargando y descargando igual, y ahora se busca la letra pequeña de las excepciones para que todo siga igual o peor. Lo más sorprendente es que se quiere computar el coste salarial de los conductores y conductoras a precio de fraude y no a salarios de convenio para fijar el precio justo por los servicios de transporte”, explicaron desde la organización. Este precio, según CCOO, debería cubrir los costes de explotación, entre los que se encuentra el coste salarial, las cotizaciones a la Seguridad Social, salarios y dietas.

En su comunicado, Comisiones Obreras ha dado su visión en lo que respecta a algunas de las medidas propuestas en el borrador. Una de ellas es que el coste del personal sea diferente según el tipo de vehículo, sin embargo, para la organización no tendría ningún sentido, ya que “los conductores cobran lo mismo con independencia del vehículo que lleven”. A su vez, el Gobierno propone un plus de actividad calculado en base al kilometraje, algo que CCOO ha criticado tajantemente al asegurar que “la normativa europea prohíbe la retribución por kilómetro”.

Los transportistas rechazan las nuevas medidas del Gobierno “porque suponen un retroceso”
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