Los agricultores con titularidad compartida ya pueden solicitar las ayudas para el pago de sus cuotas
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para la concesión de ayudas directas para las explotaciones agrarias de titularidad compartida para 2023. Según recoge el texto, el objetivo de esta subvención es contribuir al pago de las cuotas de la Seguridad Social, para lo que se concederá la cuantía anual de 1.500 euros.
Desde el pasado 19 de abril y hasta el próximo 11 de mayo, las explotaciones agrarias de titularidad compartida pueden solicitar las subvenciones que desde el Ministerio de Agricultura ya han puesto en marcha. Este paquete de ayudas se convoca en régimen de concesión directa y no están sujetas a la concurrencia competitiva de los solicitantes.
Tal y como explicaron desde la Asociación de Jóvenes Agricultores, “podrán optar a estas subvenciones las explotaciones agrarias de titularidad compartida que se hallen inscritas en situación de alta en el registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida del ministerio, con un mes de antelación a la fecha de publicación del extracto de la orden de convocatoria en el BOE”.
Cada explotación recibirá 1.500 euros para el pago de cuotas
Según queda recogido en el BOE, para 2023, en esta ocasión, se ha destinado un presupuesto total de 1,8 millones de euros, provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Así, la cuantía máxima que se podrá otorgar a cada entidad beneficiaria no podrá superar los 1.500 euros.
“El importe máximo referido en el apartado anterior para la anualidad 2023 se distribuirá en partes iguales entre las explotaciones agrarias de titularidad compartida que cumplan los requisitos requeridos para obtener la ayuda”, refleja el texto.
Con la puesta en marcha de esta convocatoria, los agricultores y ganaderos que resulten beneficiarios de la misma podrán afrontar parte del pago de las cuotas de la Seguridad Social, a las que los titulares de las explotaciones agrarias de titularidad compartida se encuentran obligados.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 15 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria. Así, los agricultores y ganaderos al mando de explotaciones agrarias de titularidad compartida tendrán hasta el próximo 11 de mayo para hacerlo. Dicho trámite podrá realizarse a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
“Si la documentación aportada fuera incompleta o contuviera errores subsanables, se requerirá al interesado para que, en el plazo máximo de diez días hábiles desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido”, recoge la convocatoria.
Según el texto publicado en el BOE, el plazo máximo para resolver y publicar la resolución de concesión será de seis meses desde la fecha de su publicación, y la resolución del procedimiento se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica asociada del ministerio.
El pago de las ayudas se realizará tras dictarse la resolución de concesión en la cuenta bancaria asociada a la titularidad compartida. “La subvención otorgada estará asociada a la explotación agraria de titularidad compartida, y corresponderá por mitades iguales a favor de cada uno de los cónyuges o miembros titulares de la explotación agraria”, indica el BOE.
Asaja reclama al Ministerio una revisión de la normativa agraria que frena las titularidades compartidas
Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) criticaron que “una figura asociativa como es la de titularidades compartidas de las explotaciones agrarias”, que ha sido promovida por una Ley e impulsada por todas las políticas agrarias, “sea periódicamente torpeada” por las administraciones.
La titularidad compartida, según indica el Ministerio de Agricultura en su portal web, es una figura jurídica de la explotación agraria a la que pueden acogerse aquellas parejas que comparten el trabajo y gestión de la explotación. Esta figura permite que la administración, representación y responsabilidad de la explotación sea de las dos personas titulares, fomentando la igualdad entre ambas.
Después de una década desde la implantación de la figura, a través de la Ley sobre titularidad compartida, cientos de agricultores y agricultoras se han decidido por esta forma de gestionar las explotaciones “cuando han visto ventajas derivadas del desarrollo de la propia Ley”.
Sin embargo, tal y como denunciaron desde Asaja, “el desarrollo normativo ha sido lento, e incluso todavía en la actualidad hay administraciones que no reman en la misma dirección”.
Entre las últimas, añadieron, se encuentra la exclusión de algunas entidades locales de participación de pastos a solicitantes que son figuras asociativas sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, ciertas sociedades civiles, y las titularidades compartidas de explotaciones agrarias. “En este caso, basaban la decisión en la Ley de Contratos del Sector Público, que limita la posibilidad de contratar a personas naturales o jurídicas”, explicaron desde Asaja.
Otra “situación injusta”, destacaron, se da en el viñedo, al no poderse incluir como bien común de la pareja por las incompatibilidades del real Decreto sobre potencial vitícola con la figura de la titularidad compartida. En estos casos, “se complica enormemente la gestión, puesto que pese a la cotitularidad se les obliga a seguir funcionando como si fueran dos explotaciones distintas -con cuadernos de campo, contabilidad y PAC independientes-, entre otras limitaciones que imposibilitan el avance de la explotación”.
Estos problemas, añadieron desde Asaja, “son individuales y complejos”, y sin embargo las administraciones “no dan respuesta o la retrasan meses o incluso años”.
En este contexto, desde Asaja Castilla y León, comunidad autónoma que más ha apostado por la titularidad compartida al contar con 504 parejas, reclamaron al Ministerio de agricultura que “se atiendan con rapidez estas incongruencias e injusticias que afectan a explotaciones en titularidad compartida”.
Asimismo, desde la asociación solicitaron al ministerio que “su equipo jurídico revise de forma global la normativa agraria para evitar que estas situaciones de indefensión sigan perjudicando a parejas de agricultores y ganaderos que optan por una figura que precisamente promueve la propia Administración”.
