Las CCAA podrían tener dificultades para cruzar datos con Hacienda en el trámite de las ayudas directas a los autónomos

El Gobierno delegó en las comunidades autónomas la concesión de las ayudas directas que aprobó a mediados del pasado mes de marzo. No obstante, el Ministerio de Hacienda ha establecido un estricto control sobre el reparto de estos recursos que no será fácil de cumplimentar para todas las CCAA, según afirmaron los responsables de tramitar estas ayudas en seis autonomías consultadas por este medio digital. Los Gobiernos autonómicos deben cruzar sus datos semanalmente con la Agencia Tributaria para que dé su visto bueno y se pueda proceder a la concesión.

El intercambio de una información tan exhaustiva no es una tarea fácil para las comunidades. De hecho, varios de profesionales internos de los encargados de la gestión de estos datos en los distintos territorios han señalado que recabar semanalmente esa cantidad de documentos "supondrá mucho tiempo y podría colapsar las administraciones". Algo con lo que coincide la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), quienes aseguraron, además, que delegar en las CCAA el reparto de las ayudas "sólo ralentizará la concesión de las mismas", explicó su director ejecutivo, Ángel de la Fuente.

El convenio que deben firmar las comunidades autónomas con el Gobierno establece que una vez a la semana, las autonomías deben compartir con Hacienda las solicitudes de todos los autónomos y empresas que quieran beneficiarse de las ayudas. Con esos datos, el Ministerio comprobará que todos los solicitantes cumplen con los requisitos para la concesión, y determinará la cuantía que debe recibir cada uno de ellos. Además, mensualmente los Gobierno autonómicos tienen que informar la Ejecutivo sobre el número de ayudas que llevan concedidas para registrar los avances de la resolución.

Hasta ahora solo dos autonomías han firmado el convenio

Si bien el pasado lunes el Ministerio de Hacienda envió a las comunidades autónomas el convenio que recoge los detalles de la colaboración entre el Gobierno central y los regionales para la concesión de las ayudas directas a autónomos y empresas, aún a día de hoy solo dos de ellas, Castilla-La Mancha y Extremadura, han devuelto el documento firmado a la Administración. Tras la firma este documento, el Ejecutivo cuenta con un plazo de diez días para transferirles la parte de los 7.000 millones de euros que les haya sido asignada para distribuir el dinero entre los negocios afectados por la crisis.

Algunas de las demás comunidades autónomas que aún no han enviado el documento firmado al Ejecutivo mantienen que "algunos puntos del convenio, como el del control semanal, deberían modificarse o plantearse de otra forma para facilitar su gestión". Por su parte, la consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, explicó que "la clave para agilizar este intercambio de datos con Hacienda es la informatización de los datos. Las CCAA debemos digitalizar toda esta información a través de una plataforma electrónica en la que que los solicitantes vuelquen todos los datos que requiere el Ministerio. De esta forma, los cruces semanales de información con la Administración no requerirían una carga adicional en la gestión de estas ayudas".

Algo en lo que, según señaló Franco, ya está trabajando la autonomía de Castilla-La Mancha. "Aspiramos a hacer todos estos trámites de forma digital para poder agilizar tanto el intercambio de información con la Agencia Tributaria como la concesión y tramitación de las ayudas".

No obstante, no todas las comunidades autónomas poseen a día de hoy los sistemas necesarios para digitalizar sus administraciones, e inevitablemente, la gestión de estos recursos, "conllevará mucho trabajo y tiempo". Según apuntó Franco, esta debe ser una "tarea muy bien coordinada con el Ministerio de Hacienda, hay que trabajar conjuntamente para establecer esas necesidades informáticas".

Que sean ayudas finalistas aumenta los trámites

Uno de los requisitos recogidos en el Real Decreto-ley 5/2021 es que las ayudas directas aprobadas en el Gobierno tienen carácter finalista. Esto significa que al autónomo se le exige el cumplimiento de un determinado objetivo. Concretamente, y según el artículo 1.1, el dinero irá dirigido a "satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles.” 

Según la directora del trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, Susana Romero, el hecho de que las ayudas sean finalistas las hace "poco ágiles e imposibles de automatizar. Tras abrir la convocatoria, quedará gestionar miles de solicitudes de beneficiarios, y millones de euros en fondos, y para que eso se lleve a cabo de forma efectiva deben ser ayudas directas, no finalistas", añadió.

Esa es también una de las peticiones más importantes que hizo la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el marco de sus diez propuestas de enmienda para que más autónomos puedan cobrar las subvenciones. Según ATA, que las ayudas dejen de ser finalistas no sólo daría más margen a los autónomos para utilizar el dinero en los fines que consideren oportunos, sino que también serviría para que las administraciones autonómicas puedan tramitar más fácilmente las ayudas. "No haría falta presentar recibos, acreditar determinados requisitos previos, pedir todas las facturas, mirar su orden, o comprobar de qué contrato provienen".

FEDEA no está de acuerdo en que las CCAA se encarguen del reparto

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) también se ha posicionado sobre este tema. Según explican en su último informe, "las comunidades autónomas no disponen actualmente de los medios necesarios para llevar a cabo la gestión y reparto de las ayudas directas. Por lo que su implicación sólo retrasará la concesión de estos fondos". 

Su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, explicó que incluir a los Gobiernos autonómicos en este trámite "no tiene ninguna ventaja. No disponen de los registros de las empresas ni sus cuentas, por lo que no están en posición de comprobar si los solicitantes de las ayudas cumplen o no las condiciones, y el hecho de tener que preguntárselo a Hacienda ralentiza todo el proceso".

Por ello, FEDEA aboga porque sea directamente Hacienda quien se encargara de esa gestión. "Tendría más lógica que el órgano que tiene la capacidad de recabar todos esos datos fuese el mismo que distribuyese los fondos. Se agilizarían los procesos y los autónomos y pequeños negocios dispondrían antes de ese dinero que llevan demasiado tiempo esperando", concluyó el director ejecutivo.