Los autónomos de Álava se pondrán de luto para protestar por la implantación de la factura electrónica

“Nuestro comercio local está de luto”, exponen los carteles de más de 15 asociaciones de autónomos y pequeños negocios este fin de semana en la provincia de Álava por las dificultades que encuentra el colectivo para implantar el Ticket Bai o factura electrónica en sus negocios. Estos trabajadores por cuenta propia resaltan que “es especialmente inadecuado implantar esta medida en momentos de tanta incertidumbre como la que estamos atravesando”. Ante ello piden una moratoria a la Diputación de Álava en la implantación, ayudas y gratuidad por los altos costes de los sistemas electrónicos y exenciones para los mayores de 60 años.

Comercios, talleres de automoción, fontaneros, electricistas, vendedores de prensa, tintorerías, lavanderías, hosteleros, organizadores de evento, fotógrafos y pescaderos de la provincia de Álava pintarán de negro sus escaparates y acudirán vestidos de luto a trabajar como muestra de disconformidad ante la imposición “en este momento tan inoportuno” en el que entra en vigor el Ticket Bai. Esta movilización se produce tras meses de reuniones y comparecencias ante las instituciones implicadas de las que no han recibido la respuesta esperada.

El pasado 1 de enero entró en vigor, por primera vez en España, la factura electrónica en la provincia de Álava. Un sistema que permite a las haciendas vascas controlar telemáticamente cualquier cambio que los autónomos o negocios pudieran hacer en sus facturas. Sin embargo, los representantes de los comercios y hosteleros del territorio advierten que un 70% de los negocios desconoce cómo y cuándo implantar esta herramienta. Que, de no aplicarse correctamente, puede conllevar sanciones de 20.000 a 40.000 euros.

Aunque la implantación del Ticket BAI o factura electrónica en Álava se hará de manera gradual y progresiva para los distintos sectores, a principios de este año comenzó el periodo voluntario de adaptación para los pequeños negocios de la provincia. Desde la Federación de Comercio, Servicios y Hostelería de Álava (Arabadendak), que representa a más de 850 establecimientos y autónomos de la provincia, afirmaron que “existe un desconocimiento preocupante por parte de todos los autónomos, comercios y establecimientos de cómo utilizar e implementar la factura electrónica”. En este sentido, Emilia Sánchez, gerente de la federación, advirtió que el gasto que supone para los negocios concurre en un tiempo donde la pandemia y las restricciones, en especial para hostelería y comercio, asfixió a los autónomos y supondría un alto coste para sus actividades. Por ello, desde la federación solicitan a la hacienda de Álava que aplace su implantación como ya han hecho Guipúzcoa o Vizcaya.

“La obligatoriedad comenzó en abril, pero los autónomos no tendrán que implantarlo hasta el próximo octubre afectando a 50.000 profesionales. El problema es que no hay espacio ni tiempo para que los emprendedores gestionen con sus proveedores e instalen estos sistemas en sus negocios. Hicimos una encuesta entre nuestros asociados y el 70% desconoce de que trata el Ticket BAI. Muchos aún tienen cajas registradoras antiguas y la implantación, a nivel de costes, la tienen que asumir ellos”, explicó Sánchez. “No saben en que consiste, especialmente cuando están preocupados por problemas de primer orden como es la supervivencia de sus actividades en esta pandemia. Hacienda les exige otro coste más. Según nuestro cálculos, la inversión mínima será de 500 euros por emprendedor y, en algunos sectores con facturaciones más complejas, como la hostelería, de hasta 1.500 euros. Es el peor momento para la implantación de su historia”, añadió Sánchez.

¿Qué exigen los autónomos a la Diputación de Álava?

Las asociaciones ponen de manifiesto que, en los últimos meses, “la sociedad está asistiendo con preocupación al cierre precipitado de comercios emblemáticos de la ciudad y a la desertización comercial de algunas zonas históricas de Álava”. En gran parte provocado por el alto coste y desconocimiento que supone la implantación inminente del Ticket Bai. Ante ello, estos autónomos exigen a la Diputación:

• Moratoria en la implantación: Piden que se alargue más el tiempo dado por la Diputación para implantar el sistema ante las diferentes dificultades que está viviendo el sector en los últimos meses.
• Gratuidad: Denuncian que los aparatos y programas que tienen que comprar resultan muy caros e inaccesibles para algunos negocios. Exigen que se les dé ayudas económicas.
• Exención a los mayores de 60 años: Ante la brecha digital, han solicitado que los negocios cuyos titulares sean personas mayores de 60 años puedan pedir una excepción, siguiendo el modelo de Gipuzkoa.

Los autónomos de Álava no tienen madurez digital para implantar el Ticket BAI

Otro de los problemas que está suscitando el Ticket BAI es la madurez digital de los negocios de la de Álava y empresas de la zona para instalar estos soportes en sus negocios. “A día de hoy no existe una oferta competitiva suficiente de proveedores en la provincia para la implantación, ni el servicio técnico, ni el hardware necesario para consolidar este proyecto. Por eso queremos solicitar el retraso del periodo voluntario y obligatorio marcado por la Administración”, afirmó Sánchez.

Sanciones mínimas de 20.000 euros por no implantar o manipular el Ticket BAI

El fin de esta medida es la prevención del fraude fiscal. El objetivo del Ticket BAI es implantar unas obligaciones legales y técnicas en el software de gestión y facturación de los negocios y autónomos contribuyentes que permitan llevar a cabo un control de sus actividades e ingresos económicos. En especial, las haciendas forales intensificarán el control de los ingresos de cuyos cobros se realizan mayoritariamente en efectivo. Sin embargo, esta medida será de obligado cumplimiento para todos los negocios en el futuro.

El proyecto Ticket BAI prevé elevadas sanciones para aquellos negocios que incumplan la implantación de esta herramienta. No llevar al día el Ticket BAI implicará, desde 2022, sanciones del 20% de la facturación del negocio, con un mínimo de 20.000 euros. Si el contribuyente reincidiera en la infracción, la multa ascendería hasta el 30% de sus cuentas, suponiendo, como mínimo, 40.000 euros. Se prevén sanciones incluso mayores en caso de destrucción, borrado o manipulación del software. “Si a un pequeño negocio, como puede ser una tienda de chucherías, que tiene