El adelanto de las elecciones paraliza algunas medidas de la Ley de Cadena del Transporte

La disolución de las Cortes anunciada el pasado 29 de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha paralizado la tramitación de todos los proyectos de leyes que en la actualidad se encontraban en el Parlamento. Alguna de estas medidas afectaba directamente a los profesionales del transporte, como es el caso de la regulación sobre la Ley de la Cadena de Transporte o la Ley de Movilidad Sostenible, dos compromisos del Ministerio de Transporte que, por el momento, no podrán ver la luz. 

Según explicaron fuentes de la Federación Nacional de Transporte por Carretera (Fetransa), con la disolución de las cortes, la aprobación de algunos de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Transporte con el sector “no es posible materialmente por falta del tiempo necesario para su tramitación”. 

Decae la Ley de Movilidad Sostenible y afecta a la Ley de Cadena de Transporte

El 29 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio, cuyo Real Decreto fue publicado el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva fecha en la que los españoles están convocados para ir a las urnas y la consiguiente disolución del Congreso y del Senado, afecta de forma directa a la aprobación de los más de 60 proyectos de ley que en la actualidad estaban siendo tramitados en el Parlamento. 

Tal y como señalaron desde la Federación Nacional de Transporte por Carretera (Fetransa), estos proyectos de ley “decaen automáticamente” una vez disueltas ambas Cámaras, “afectando, entre otros, a diferentes proyectos legislativos relativos al sector del transporte por carretera”. 

Uno de los proyectos que decaen con la disolución de las Cortes es el relativo a la Ley de Movilidad Sostenible. En palabras de Fetranasa, esta normativa, entre otros, “regulaba el plazo de utilización obligatoria de la documentación de transporte en formato electrónico”. Asimismo, también regulaba una posible introducción de los peajes por el uso de las autovías y vías de alta capacidad, así como el establecimiento de tasas por parte de los Ayuntamiento por el acceso a las ciudades. 

La Ley de Cadena de Transporte también se ha visto afectada por la disolución del Congreso y del Senado. Según explicaron fuentes de Fetransa, con la decisión del Gobierno decae el proyecto de ley de convalidación del Decreto Ley 14/2022, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, “que incluía diferentes medidas relativas a la regulación sobre la Ley de Cadena de Transporte”, que fue aprobada el pasado mes de agosto y que, entre otras, recogía la prohibición de la contratación por debajo de costes. 

El Gobierno podría aprobar nuevas ayudas para el sector transporte

Las funciones ejecutivas del Gobierno no están limitadas por la disolución del Parlamento, por lo que el Ejecutivo tiene plena capacidad para actuar hasta que se celebren las elecciones del próximo 23 de julio. Aunque debería estar limitada a cuestiones muy concretas

En palabras de la Federación Nacional de Transporte por Carretera (Fetransa), en este mes y medio que falta para acudir a la urnas, el Gobierno podría incluso aprobar nuevas medidas vía Decreto-ley “en caso de que se acreditaran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad”. 

Esto podría ocurrir, según Fetransa, por ejemplo, con la publicación de nuevas ayudas para el sector del transporte “en el caso de que la situación de inestabilidad internacional por la guerra de Ucrania impactara de nuevo en el precio del petróleo”. 

No obstante, según fuentes de Fetransa, la aprobación de algunos de los compromisos que adquirió en los últimos meses el Ministerio de Transporte con el sector “es materialmente imposible por falta de tiempo necesario para su tramitación, como es el caso de la regulación de la subcontratación en la actividad del transporte por carretera o la reducción de las cotizaciones laborales de las empresas transportistas, entre otras”.

Medidas como la modificación de los pesos y dimensiones sí podrían ver la luz

Según informaron desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), la situación podría ser diferente en el caso de la modificación de los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías por carretera, “cuya aprobación se realiza mediante una simple Orden ministerial, y respecto de la cual el Ministerio de Transportes, junto al de Interior y el de Industria, tienen bastante avanzado el trabajo necesario para su tramitación y aprobación”. 

Por ello, “no sería descartable” que dicha Orden ministerial pudiera ser publicada días antes de que se celebren las elecciones generales, “aunque su entrada en vigor se produjera posteriormente a dicha fecha”. 

En palabras de la Federación, esto no sería la primera vez que ocurriera, ya que “existen precedentes de regulaciones similares aprobadas coincidiendo con un periodo electoral”. Este es el caso, por ejemplo, de la Orden ministerial que introdujo el “megacamión” en España, aprobada dos días antes de que se celebrasen las elecciones generales en diciembre de 2015, “aunque su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor se produjo más tarde”. 

El Gobierno adquirió el compromiso de ampliar el código de buenas prácticas del sector

En agosto de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley, con el que buscaba garantizar una rentabilidad mínima de los autónomos del transporte. Esta norma, que regula la subcontratación y prohíbe trabajar a pérdidas para evitar la competencia desleal, fue bien recibida por el colectivo aunque se quejaron de su ambigüedad. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), por ejemplo, denunció que la norma era insuficiente y generaba serias dudas de cómo los transportistas debían aplicarla.

A iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ejecutivo aprobó un decreto para dar 'luz verde' a esta nueva Ley de la Cadena del Transporte, que trata de corregir las imperfecciones del sistema que afectan a la parte con menos capacidad de negociación. Esta parte son los transportistas, en su mayoría autónomos, que son los que se ven obligados a pactar condiciones en desigualdad con sus clientes.

Entre las principales disposiciones se encuentra la obligatoriedad de recoger los contratos por escrito en los que aparezca el precio del servicio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes, en referencia a un sistema de precios que el propio Ministerio ya publica. Para asegurar que esta medida se cumple, se aprobaron nuevas infracciones y sanciones respecto a estas obligaciones y el Gobierno adquirió el compromiso de ampliar el código de buenas prácticas del sector sobre las subcontrataciones.

Este último elemento es el que más discrepancias tuvo en las negociaciones entre el Ministerio y el sector, representado en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Finalmente, el Gobierno dio más tiempo y prometió analizar en seis meses la efectividad de estas medidas y a presentar un proyecto de ley sobre la subcontratación.