viernes. 03.12.2021

LA OPCIÓN DE TRABAJAR PARA EL SECTOR PÚBLICO

La Administración sacó a concurso 30.827 licitaciones en el primer trimestre y han atraído a muchos autónomos

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La Administración sacó en el primer trimestre 30.827 concursos, cifra cercana a la obtenida en 2019 antes del estallido de la emergencia sanitaria. Según la consultora Double Trade, cada vez hay más pequeños negocios que trabajan para el sector público.

La Administración sacó a concurso 30.827 licitaciones en el primer trimestre y han atraído a muchos autónomos

La  actividad de la Administración pública parece ir recuperándose poco a poco a pesar de la pandemia. Prueba de ello es el incremento en el número de licitaciones que fueron emitidas durante el primer trimestre de 2021: se publicaron 30.827 nuevos concursos, cifra que roza el nivel alcanzado en 2019. Además, la consultora Double Trade España está notando, cada vez más, un incremento de pequeños negocios entre los adjudicatarios de estas oportunidades que brinda el sector público.

Acceder a una licitación es la única forma que tienen los autónomos y pequeños negocios de trabajar con la Administración pública. De esta forma, consiguen tener de clientes de sus servicios o productos a una diputación, a un ayuntamiento o a RENFE, entre otros organismo público. Todos los meses, las diferentes administraciones publican necesidades de obras y servicios. Durante el primer trimestre del año, según la consultora multinacional DoubleTrade, se sacaron a concurso un total de 30.827 licitaciones por un valor de 22.900 millones de euros.

Se trata de un 12% de incremento en el número de licitaciones respecto a las emitidas en 2020, además de que es una cifra muy cercana a la obtenida antes del estallido de la emergencia sanitaria en 2019. Para el director general de la compañía, Xavier Piccinini, la cifra de este primer trimestre es parecida a la que se puede ver en un año de “recuperación económica”.

Las razones del incremento en el número de licitaciones

De esta forma, España deja atrás al “desplome” de licitaciones públicas producido el año pasado y registra cifras muy cercanas a las que se obtenían antes de la emergencia sanitaria. Según Piccinini se trata de una vuelta a la normalidad de funcionamiento del sector público que se debe, por un lado, a la recuperación de aquellos concursos públicos atrasados, que se deberían haber abierto en 2020 y que no se pudieron poner en marcha. “En abril y mayo tuvimos un parón de licitaciones bastante importante” dijo el experto.

Y por otro lado, el notable incremento de licitaciones en todos aquellos aspectos que tienen como objetivo la digitalización. “La Administración está aprovechando la apertura de licitaciones públicas para digitalizar buena parte de sus servicios. Se trata de un ámbito que es muy interesante para las empresas interesadas pues abarcan diferentes grados de necesidades en esta materia” señaló el director general de Double Trade en España. Que apuntó, en este sentido, que no tienen las mismas necesidades en materia de digitalización RENFE, que un pequeño Ayuntamiento.

Los sectores que más demanda el sector público

Sin embargo, y pese al interés del sector público por la digitalización, hay un sector que destaca por encima del resto en el número de licitaciones. Así, en base a los datos recopilados por la multinacional, la construcción supuso el 20% de los concursos abiertos por el Estado durante el primer trimestre. Le sigue, de lejos, el sector sanitario con un 9,3% de los concursos, también las TIC&Telecom con el 7,7 % y las de Energía y Medioambiente con un 7,6%.

En cuanto a los servicios concretos que demandan los diferentes entes públicos, Piccinini reconoció que es un aspecto muy difícil de concretar porque depende tanto de la Administración pública que abra el concurso, como del ámbito en el que se desarrolle esa licitación. Sin embargo, señaló que gran parte de los que se abrían podían ser desempeñados por un pequeño negocio. 

Las licitaciones de 15.000 euros pueden ser una oportunidad

El director general de DoubleTrade España, Xavier Piccini, reconoció que sus estudios“confirman una mayoría de pymes que son adjudicatarias de concursos públicos”. En este sentido, Piccini defendió que las licitaciones “son una gran oportunidad de negocios para los autónomos y pequeños negocios. Cada vez hay más de ellos que trabajan para el Estado. Sin embargo todavía hay un profundo desconocimiento”.

Además el experto apuntó que la Administración pública había cambiado mucho en los últimos años, lo que le permite ser más accesible para los negocios de menor tamaño. Fue en marzo de 2018 cuando entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público. A través de la norma se facilitaba el acceso a los pequeños negocios a licitaciones reduciendo, por ejemplo, los plazos de adjudicación o permitiendo a los negocios cubrir un lote del servicio demandado, para así no tener la obligación de asumir todo el concurso, sino un apartado específico. 

En concreto, Piccini señaló que los trabajadores por cuenta propia y los pequeños negocios suelen tener una mayor oportunidad de ser seleccionados en aquellos concursos de menos de 15.000 euros. “Son los concursos que denominamos de menor valor, pero que suelen ser más interesantes para los pequeños negocios. Además en ellos, la Administración busca muchas veces la cercanía que sólo una actividad local puede cubrir” detalló.

Algunas de estas licitaciones pueden ser, por ejemplo, las necesidades de limpieza o mantenimiento de un Ayuntamiento, la construcción o reparación de un edificio, cualquier tipo de contrato que tenga que ver con el abastecimiento de suministros, etc.  

Ojo a la morosidad del sector público

Por último, el experto admitió que también hay que tener en cuenta cuando se trabaja con la Administración la morosidad pública: “Les advertimos sobre ella. Lo primero que les dejamos claro es que hay una obligación y que por ley el sector público debe pagar dentro de los 60 días a sus adjudicatarios”. Sin embargo, esto muy pocas veces ocurre.

Los últimos datos sobre los periodos medios de pago a proveedores del pasado mes de febrero, que publicó el Ministerio de Hacienda, revelan como y a pesar de que la mayoría de las comunidades autónomos se pusieron las pilas en materia de morosidad, el Estado y cuatro comunidades pagaban fuera del plazo establecido. Por eso desde hace años las principales organizaciones de autónomos, como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), llevan reclamando la puesta en marcha de un régimen sancionador contra la morosidad, que penalice a aquellas empresas o instituciones públicas que paguen fuera del plazo establecido a sus proveedores, muchos de ellos trabajadores por cuenta propia.

La Administración sacó a concurso 30.827 licitaciones en el primer trimestre y han atraído a muchos autónomos