Está en el documento enviado a Bruselas

Los autónomos miran con recelo la reforma de la subcontratación que planea el Gobierno

La “modernización” del sistema de contratación y subcontratación que planea el Gobierno podría, en función de cómo se haga, "trastocar" partes sensibles de la actividad de los pequeños negocios, según los expertos.

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Los autónomos miran con recelo la reforma de la subcontratación que planea el Gobierno

Entre 2021 y 2023, el Gobierno pretende poner en marcha 17 reformas en el ámbito laboral. Así consta en el documento enviado hace unas semanas a Bruselas y que también contempla la necesidad de "modernizar" el actual sistema de contratación y subcontratación de actividades empresariales. Esto podría - según advierten desde la patronal- poner en peligro la actividad de miles de autónomos que viven en estos momentos de la externalización de servicios.

La regulación de la subcontratación de servicios ha sido siempre uno de los caballos de batalla del Ministerio Trabajo y Economía Social y uno de los mantras de los sindicatos. Antes del estallido de la pandemia, en febrero del pasado año, el Gobierno se reunió en varias ocasiones con los agentes sociales (patronal y sindicatos) para negociar una nueva regulación de este sistema. Lo que venía, a su vez, motivado por las diferentes sentencias emitidas por el Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Ahora Moncloa busca retomar esta cuestión pendiente y paralizada por la emergencia sanitaria.

Según explicó la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, “nos reunimos hará cosa de un año en la mesa del diálogo social para modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula subcontratación de obras y servicio”. Vicente contó que ésta se paró para negociar las continuas reformas y extensiones de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) puestos en marcha durante la pandemia. Y aseguró que “es un tema pendiente en la mesa de diálogo y lo vamos a retomar con carácter inmediato”.

Asimismo, explicó que la contratación y subcontratación de servicios es una forma de operar que “ha llegado para quedarse. Cada vez son más las empresas que trabajan en red con la subcontratación de servicios y no tenemos una legislación que aborde los derechos de los trabajadores en esas contratas y subcontratas”.

Podría ser perjudicial para los autónomos, según los expertos

La actualización de la contratación y subcontratación de servicios es la reforma número 8 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: reformas en el ámbito laboral y de pensiones enviado por Moncloa a Bruselas y al que ha tenido acceso a este diario. El documento recoge que el objetivo del Ejecutivo es de la “modernización” de este mecanismo.

En concreto, su intención es “evitar que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación para reducir los estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratistas”. Y para ello quieren asegurar “un uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que los que es un mero instrumento de reducción de costes”.

Se trata de un cambio que puede llegar a complicarle la vida a muchos pequeños negocios que viven de la externalización de algunos servicios que hacen las grandes y medianas empresas. El abogado laboralista de la Gestoría Barcons, Jaume Barcons, aseguró que el Gobierno no deja muy claro cómo se va a proceder a la regulación de este tipo de contratos. Y advirtió que “habrá que esperar a ver cómo avanzan las negociaciones, pero en función de cómo se legisle se puede perjudicar a muchos pequeños negocios”.

Barcons explicó que son muchos los autónomos que dependen precisamente de la externalización de servicios de grandes compañías y que si el objetivo del Gobierno es “desincentivar que esto se haga”, se podría poner en riesgo la actividad de muchas empresas.

Se trata de un aviso sobre los problemas que puede conllevar una mala reforma con el que también coincide la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Desde la patronal explicaron que, “pese a que la información trasladada sólo plantea un enunciado al respecto y a la espera de mayor concreción, es una cuestión que puede afectar directamente al funcionamiento del modelo productivo y, por tanto, a la marcha de la economía".

En este sentido, pidieron al Gobierno “cautela” a la hora de regular las contratas: “es una cuestión que afecta a todo el tejido productivo. Especialmente, porque hay muchas actividades que realizan un proyecto y realizan una subcontrata, porque no tiene sentido crear un equipo para desarrollar un proyecto puntual”.

Asimismo, advirtieron que “ojo con regularlo de forma muy generalizada porque se puede trastocar todo el sistema”.

¿Qué significa la modernización de las contratas?

Aún son varias las reuniones que se tienen que producir entre el Gobierno y los agentes sociales para que la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales vea la luz. Sin embargo, ya se conocen cuáles van a ser las intenciones del Ejecutivo y, por tanto, dónde van a estar los principales escollos.

El primero de estos problemas, que explicó la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, es la delimitación del servicio subcontratado. “Contratar o subcontratar un servicio tiene un objetivo fundamental y es la especialización. Un negocio decide subcontratar una parte del sistema organizativo o productivo de la actividad para obtener una especialización. No obstante, lo que ocurre en estos momentos es que se está subcontratando aquello que incluso forma parte de la actividad principal de la empresa principal" dijo Vicente. Que apuntó que el objetivo “sería poner un límite y que las empresas no se desconstruyan del todo”.

Una cuestión que aunque a priori no lo parezca, puede llegar a ser muy compleja. Según el abogado laboralista Jaume Barcons “la subcontratación de servicios es clara, por ejemplo, cuando una empresa contrata a un informático autónomo para que le instale un programa. Es un servicio puntual y especializado. Pero, ¿qué va a ocurrir con el abogado que trabaja todos los meses a final de mes con una actividad para hacer las nóminas? ¿Se va a poder seguir subcontratando ese servicio o se va a tener que incluir al abogado en la plantilla?” se preguntó el experto. Que volvió a incidir en el hecho de que se podrá perjudicar más o menos a los pequeños negocios en función de dónde se marque el límite. 

Otros de los aspectos que adelantó Vicente que persigue el Gobierno es que “todas las empresas que realicen una contrata deberán cumplir los mismos requisitos. Esto significa que las responsabilidades serán las mismas para todos independientemente de su tamaño y deberán regularse los contratos por igual”.

Para los autónomos es más importante que las contratas paguen

La modernización y subcontratación de actividades empresariales es una reforma que afecta especialmente a los trabajadores por cuenta propia que viven de la externalización de los servicios. Un ejemplo de sector afectado son todos aquellos autónomos que se dedican a alquilar su maquinaria (excavadoras, grúas, camiones,..) a las grandes constructoras. Viven única y exclusivamente de la contratación y subcontratación de sus máquinas a grandes compañías.

El portavoz de la Unión de Excavadores de Madrid (UNEXMA), Javier Solis, explicó “que en la construcción nadie tiene máquinas en propiedad y se trabaja por subcontrataciónes. De hecho, lo más habitual -entre el 70% u 80% de los casos – la constructora contrata a un intermediario, que acaba subcontratando al autónomo que es quien posee las máquinas”. Para estos profesionales la subcontratación tiene un problema mucho mayor que el Gobierno no ha planteado y es “la morosidad. Estamos de acuerdo en que se reforme la norma de las contratas y subcontratas, pero lo que se tienen que hacer cumplir es obligar a las empresas que nos contraten que paguen dentro de los límites de la ley de morosidad”.

A su modo de ver, la regulación de este mecanismo no tendría sentido sino se tiene en cuenta cuáles son las condiciones de “inferioridad” que tienen la actividad subcontratada y que no puede negociar en igualdad de condiciones con una empresa central. Desde UNEXMA esperan que la norma regule la situación de su sector y “eliminen los intermediarios que están provocando que el autónomo deje de ganar parte de la comisión que le corresponde”.