Los autónomos se quejan de la excesiva legislación autonómica que les impide trabajar y expandirse

La burocracia y la excesiva regulación de España – tanto a nivel estatal como autonómico – son una traba que impide a muchos autónomos y pequeños negocios ejercer eficazmente su actividad y operar en distintos territorios. Los expertos apuntan que limitar el ejercicio de la actividad a una única jurisdicción merma drásticamente la competitividad de los trabajadores por cuenta propia y que afecta directamente a su captación de clientes y beneficios. “Las trabas regulatorias, cargas administrativas, decretos y la actualización de ordenes hacen que nuestro país pierda cada año en torno a un 2 y 4% del Producto Interior Bruto (PIB)”, afirmó Gregorio Izquierdo, Director General del Instituto de Estudios Económicos. Porcentaje que se traduce en un mínimo de “2.500 millones de euros perdidos cada año” por la amplía normativa y sobrerregulación de España y las Comunidades Autónomas. y que podría elevarse hasta los 4.500 millones de euros

Desde la pandemia las normativas que afectan a los autónomos han crecido un 22%. Se dice que las distintas leyes españolas ocupan más de un millón de folios y siguen incrementándose. “El 70% de la regulación española la imparten las Comunidades Autónomas. Normas que se conectan con las propias del Estado, el ámbito local y las que provienen de la Unión Europea. Esto genera una competencia legislativa que no favorece la actividad económica de los autónomos y pequeños negocios. Es una barrera que restringe que estos emprendedores puedan operar en otros territorios a la vez que aumenta sus costes fijos. Sobrecostes por trabas que impiden extender su actividad producción ya que deben adaptarse a la compleja legislación de cada ámbito territorial lo que también se traduce en multas y sanciones. El  exceso de normativa y la dificultad para estar al tanto de la misma produce indefensión además que obliga, en muchas ocasiones, a disponer de un departamento de gestión de licencias y revisión de normativas si ese negocio o comercio desea operar fuera de su propia comunidad”, añadió Izquierdo.

“Los trabajadores por cuenta propia y cualquier tamaño de empresa requieren un mercado único. Su carencia y la excesiva normativa, son barreras que frenan la entrada de nuevos autónomos y el crecimiento de sus actividades. En entornos sin competencia se reduce la productividad, la eficiencia y el crecimiento potencial a largo de plazo de cada negocio”, dijo, Director General del Instituto de Estudios Económicos. “Este tipo de normas afectan especialmente al sector del comercio, transporte o profesionales – arquitectos, abogados, etc. – que ven como al cruzar la línea de un territorio necesitan más licencias para operar con una actividad que ya está legislada en su punto de origen en el mismo país. Algo inaudito que frena el crecimiento, la captación de clientes y que hace perder miles de euros al año a todos los trabajadores por cuenta propia”, concluyó Izquierdo.

La excesiva normativa desconcierta a los autónomos

Esta actividad normativa dificulta especialmente la labor de un autónomo. “Los trabajadores por cuenta propia se enfrentan a un desconcierto normativo, que les obliga a acudir a un profesional que lo pueda orientar” afirmó Alberto Ara, abogado laboralista y asesor jurídico. Ara explicó que simplemente para abrir un negocio cara al público “hay que cumplir con la prevención de riesgos laborales, con la normativa municipal y autonómica, un alta en Seguridad Social, en Hacienda, etc. Es una cantidad de trámites burocráticos, y con todas las administraciones, que es imposible saber sin acudir a profesionales”.

Según Ara hay “50 boletines oficiales de la provincia, 17 diarios oficiales de las comunidades autónomas, un Boletín Oficial del Estado (BOE) y, además, toda la normativa que aprueba Europa” y es prácticamente “imposible” que un autónomo pueda llevar a cabo su actividad y estar pendiente de las distintas publicaciones. Esta es la razón por la que se “destinan notables recursos para cumplir con toda la normativa vigente, lo que erosiona su competitividad, y desincentiva, lastra o imposibilita la tarea de incrementar su productividad.

La normativa y regulación aumentó un 22% desde la pandemia

En el informe de ‘Producción normativa 2020’ publicado por Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) – aún no se ha actualizado según apuntaron fuentes internas de la confederación – señaló que la producción de normas estatales se disparó más de un 22% desde la pandemia. Situación que “provoca una pérdida en la calidad técnica de la norma y añade una carga innecesaria a las empresas de nuestro país”.

El estudio destacó que el pasado 2020, el Gobierno de España aprobó 793 nuevas normas. Lo que supone un incremento del 22,4% con respecto al ejercicio anterior. Además, el 72% de las normas han sido desarrolladas a través de un real decreto ley. “Se debe velar por no añadir cargas innecesarias a las empresas, que para cumplir con la legislación que les es aplicable deben destinar ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo. En ocasiones a lo largo del año 2020, ha existido pérdida de calidad técnica de la norma. Ello se demuestra en el hecho de que en sucesivos reales decreto ley se han producido numerosas modificaciones sobre los aprobados anteriormente, ya sea corrigiendo errores, introduciendo precisiones o modificando el sentido del articulado anterior. Esto, provocado probablemente por la urgencia e improvisación, produce gran incertidumbre jurídica y perjudica gravemente la calidad regulatoria del país”, valoró el informe de CEOE.

Madrid lucha por la Ley de Mercado Abierto que permita a los autónomos de otros territorios operar sin solicitar licencias extra

Los autónomos que ejercen su actividad legalmente en otras autonomías podrán hacerlo libremente en la Comunidad de Madrid sin necesidad de volver a solicitar una acreditación o una homologación autonómica. Esto tiene mucho que ver con la Ley de Mercado Abierto aprobada por el ejecutivo autonómico y que, de culminar el periodo legislativo correspondiente, convertiría a la Comunidad de Madrid en “la primera región de España dónde las empresas y operadores económicos, de todo el territorio nacional, podrán instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales que ya tengan en sus lugares de origen” según recoge un comunicado oficial emitido por el Gobierno regional.

Para el ejercicio de muchas profesiones es necesario cumplir una lista de normas específicas y diferentes en cada comunidad autonómica. Suele ser imprescindible obtener una autorización, una certificación o, incluso, una homologación oficial para la venta de un producto. Se trata de un requisito que obliga a los autónomos de otros territorios a informarse sobre la legislación autonómica, a comprobar si cumplen con los estándares y a solicitar el permiso si quieren instalarse en otro territorio. Permiso que se le concederá o no de manera discrecional por parte de la administración territorial. Algo que suele durar semanas, que provoca costes añadidos y que la nueva ley de Mercado Abierto madrileño va a eliminar.

Con la entrada en vigor de la Ley de Mercado Abierto “cualquier entidad que ya esté legalmente establecida en otra comunidad autónoma podrá hacerlo libremente en Madrid de forma automática. Este adelanto también se aplica a los productos que se comercialicen en el resto de España y que, por tanto, podrán circular libremente sin necesitar requisitos extra a los que ya soportan” explican desde el ejecutivo autonómico. Se trataría, por tanto, de la eliminación de un procedimiento burocrático que han denunciado en numerosas ocasiones las patronales y organizaciones de autónomos que critican que un trabajador por cuenta propia se enfrenta hasta 17 normativas autonómicas diferentes para ejercer una única actividad.