Beneficios para las pymes en la nueva ley de contratos públicos
Menos trámites administrativos, la posibilidad de ofertar obras y servicios a partir de 15.000 euros y cobrar en cuanto se certifiquen los trabajos, principales atractivos de la nueva legislación.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público aprobada recientemente por el Congreso ha incorporado a su acervo las novedades legislativas de la UE, encaminadas a incrementar la eficiencia del gasto público y a facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en los procesos de contratación que realizan todas las administraciones públicas, ya sean estas de ámbito estatal o local.
En la práctica, la normativa busca una mayor transparencia en la contratación y conseguir una mejor relación calidad-precio. Para que esto sea efectivo, la nueva legislación vela para que en los criterios de adjudicación se incluyan aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores.
División en el lote de los contratos
Una de las principales novedades encaminada a favorecer la participación de pymes en procesos de adjudicación públicos tiene que ver con la apuesta por la división en lote de los contratos. Será la norma a partir de ahora, hasta el punto que se deberán justificar los casos en los que no se opte por esta tendencia; invirtiendo con ello la norma general existente. Para mejorar las actuales cifras de participación de pymes en las licitaciones públicas, el Estado reducirá el importe de los contratos menores, pasando de 50.000 a 40.000 euros las obras, y de 18.000 a 15.000 euros los suministros y servicios.
Junto a estas novedades, se apostará por simplificar el procedimiento previo a la licitación y la documentación a aportar. Por otra parte, las administraciones públicas están obligadas a publicar todos los trámites que formen parte del proceso de contratación: el documento, sus modificaciones, cesiones, las actas de valoración de las ofertas o los expedientes previos de preparación. Estos registros serán abiertos y públicos, en favor de la transparencia.
Pago directo a las subcontratas
Otro de los beneficios que tendrá para las pymes es la posibilidad que tendrán los licitadores, siempre que se establezca en los pliegos de condiciones de los procesos de adjudicación, de pagar directamente las facturas de los subcontratistas, “con el fin de evitar la lacra de la morosidad” que padecen los organismos públicos, como reconoce la propia normativa en su articulado. Esta cuestión tendrá una repercusión directa muy positiva en las empresas dedicadas a la construcción, puesto que la nueva ley de contratos imposibilitará que las administraciones certifiquen las obras en más 30 días, sin excepciones; acelerando con ello el periodo medio de pago.
