Cada año hay 100.000 concursos públicos y muchos pueden ser una oportunidad para los autónomos

Un autónomo puede tener como cliente a un Ministerio, a un Ayuntamiento o una Institución de una Comunidad Autónoma. En España se convocan todos los años una serie de licitaciones o concursos públicos, por los que se da a conocer la necesidad de un servicio o de una serie de productos. Diferentes negocios o empresas ofrecen su candidatura y finalmente la administración elije la que mejor se adecua a las condiciones establecidas para su licitación. Se trata de una opción por la que cada vez más pequeños negocios están apostando debido a la mejoras de la Ley de contratos públicos. Aún y así siempre planea el riesgo de la morosidad pública que, aunque se ha reducido, aún sigue superando el límite de 30 días que marca la ley para el pago de las facturas.

“La licitación es un acto que tiene como principal objetivo el encontrar, de manera adecuada y seria, un responsable para algún servicio o beneficio que se ofrezca en el sector público” define la compañía Double Trade, especialista en recopilar e informar a empresas sobre los concursos públicos. De esta forma se aseguran, según la compañía, dos aspectos de la contratación: que el Estado no elija por “conveniencia propia” una empresa o un particular, y que las empresas que presenten sus proyectos sean capaces de realizar el trabajo.

Todos los años el Estado anuncia una serie de licitaciones para cubrir sus necesidades, normalmente suelen rodar las 100.000 y según el bufete Life Abogados, éstas mueven al rededor de 200.000 millones de euros, lo que supone el 20% del PIB. El el año pasado, y en base a los datos que maneja Double Trade, se convocaron 105.895 en España, el 60% de ellos iba destinado a servicios, el 22% a suministros y el 16 a obras, apunta la compañía en su web.

Asimismo, todos los años miles de estos concursos se quedan desiertos. La compaña explicó que la razón principal de estos “desiertos” es el desconocimiento: “para saber si un concurso público puede ser de tu interés primero tienes que enterarte de la convocatoria y esto no es siempre tan sencillo”. Esto es especialmente complicado, cuenta la compañía, en el caso de los pequeños negocios que no tienen la suficiente plantilla como para encargar a uno de sus trabajadores que se dedique a buscar y analizar las cientos de miles de convocatorias y encontrar una que se adapte a su modelo negocio..

Otra de las razones por las que se quedan desiertos es la competencia que puede llegar a haber por un concurso, “lo que no le interesa a uno sí le puede interesar a otro, especialmente cuando se trata de precio”.

¿Qué requisitos tiene que cumplir el autónomo para acceder a una licitación?

Los trabajadores autónomos pueden informarse y enterarse de este tipo de concursos públicos a través del portal del Estado (contrataciondelestado.es) o contratando los servicios de una compañía. Pero antes de interesarse por ellas, el profesional debe conocer los requisitos que debe cumplir antes de presentar su solicitud. Todos ellos están recogido en la normativa de contrataciones del sector público, aunque desde Double Trade señalan los más importantes:

• Tener plena capacidad de obrar.
• No estar incurso en ninguna prohibición para contratar con la Administración. Un ejemplo de ello sería estar condenado mediante sentencia firme por delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, por asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores, haber sido inhabilitado para ejercer la profesión, haber sido declarado insolvente, haber cometido una infracción muy grave en prevención de riesgos laborales o en materia medioambiental, etc.
• Estar al corriente del pago con las obligaciones con Hacienda y con Seguridad Social.
• Disponer de los medios, experiencia, capacidad técnica y económica para realizar el contrato de obra, servicio o suministro que se quiere conseguir.
• Que el trabajador autónomo tenga la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de la actividad o la prestación del seguir que exige el contrato.

Esto viene a decir, confirma la compañía, que un “trabajador por cuenta propia puede puede contratar, sin problema alguno, con cualquier Administración, siempre y cuando cuente con la suficiente capacidad económica y técnica para hacer frente a ello”. No obstante, muchas veces un autónomo no puede cumplir el solo con la licitación, entonces se “baraja la posibilidad de establecer alianzas con otros autónomos o empresas e, incluso, subcontratar, con otras entidades, determinadas partes del trabajo, pudiendo, de este modo, justificar, ante nuestro cliente, los requisitos técnicos que nos exige”.

La nueva normativa mejora las condiciones

En marzo de 2018 se publicó en el boletín Oficial del estado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Se trata de una nueva normativa sobre contratos públicos que “introducía una serie de cambios para facilitar el acceso de las empresas a las licitaciones, sobre todo el de pequeños y medianos negocios” explicó la compañía.

Que aclaró que la nueva ley mejoraba especialmente el proceso “reduciendo las cargas administrativas por las que tenías que pasar los operadores económicos, reduciendo la exigencia de los criterios de solvencia. Es decir ya no se adjudica a la oferta económica más ventajosa, sino que se tienen en cuenta criterios como morosidad en pagos, calidad de la oferta, etc.” En este sentido Double Trade resume X los puntos que se mejoran con la nueva Ley:

1. Se facilita el acceso a los contratos del sector público
2. Se mejoran los criterios de adjudicación
3. Un mayor acceso a la información y transparencia en la contratación
4. Incluyen criterios para una nueva gobernanza: ahora la normativa obliga  a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento. También cambian las condiciones de contratación pública con criterios de solvencia menos exigentes, se sustituye como criterio de adjudicación 'a oferta económica más ventajosa' por el criterio de 'la mejora en relación con la calidad y el precio”', se intenta poner coto a la morosidad en los pagos o se establece un modelo de adjudicación exprés…
5. Con la nueva norma los contratos por razón de cuantía ya no se realizarán bajo la fórmula de negociado sin publicidad como anteriormente (con límite de cuantía de 200.000 euros para obras y 60.000 para el resto) sino que la Administración está obligada a publicar anuncios de licitación. Esto es según la compañía uno de los cambios más interesantes para el autónomo, porque les facilitar el acceso "a la contratación pública de cuya oferta las empresas era desconocedoras ya que no se publicitaba".