Las cotizaciones que ahora pagan los autónomos por sus empleados en ERTE podrían subir a partir de mayo
En unos meses, el Gobierno podría rebajar las exoneraciones de las que se están beneficiando actualmente los autónomos por mantener a sus empleados en ERTE, a cambio de incentivar a aquellos negocios que los reincorporen. Al parecer, la intención que baraja el Ejecutivo es reimplantar un sistema similar al que se puso en marcha el verano pasado, en el que se penalizaba a quiénes mantuvieran a trabajadores acogidos al expediente, a la vez que se premiaba a los que recuperaran a sus empleados.
El Gobierno ya tiene la vista puesta en el 31 de mayo, que será la fecha en la que los ERTE y la prestación por cese de actividad que están cubriendo a miles de autónomos, empresas y asalariados, dejarán de estar oficialmente en vigor. De momento, y a expensas de las reuniones que se irán manteniendo con los agentes sociales en los próximos meses para evaluar y decidir el futuro de estas medidas, parece que el Ejecutivo ya tiene claro que hará falta una nueva prórroga. Al menos, de los expedientes.
Ahora bien, los fondos de los que dispone el Ejecutivo son limitados, y parece que ya se están estudiando fórmulas para que sea viable mantener estos mecanismos que permiten a los empleados cobrar el subsidio por desempleo sin perder su puesto, y a las empresas beneficiarse de exoneraciones en las cuotas sociales. Precisamente, el foco podría estar puesto en rebajar estas exenciones de las cotizaciones que pagan los negocios por sus empleados en ERTE, y a la vez, rebajar el pago de las cuotas sociales a los empleadores que apuesten por reincorporar a sus trabajadores.
Más exoneraciones a los negocios que recuperen a sus empleados
Así pues, a partir de mayo, "si el escenario central es que el pensamos, pondremos más énfasis en los incentivos a la activación, para que se recuperen trabajadores, como hicimos en el mes de junio", según afirmó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado jueves.
Al parecer, la idea del Gobierno es que, como sucedió el verano pasado, los negocios empiecen a asumir una mayor parte de las cotizaciones sociales de aquellos trabajadores que mantienen en el ERTE, a cambio de incentivar con una bonificación en las cotizaciones de los empleados que vayan reincorporando a la actividad. Hasta ahora, "hemos estado más en clave protección ,y a partir de mayo estaremos en clave activación, aunque lo veremos en función de los datos que tengamos en ese momento", dijo Escrivá.
Exoneraciones similares a las del verano de 2020
Concretamente, y siempre a expensas del diálogo con los agentes sociales, parece que el esquema que baraja el Ejecutivo a partir de junio de este año es similar al que puso en marcha para el verano pasado. Éste consistía básicamente en incentivos a la recuperación total o parcial de empleados en ERTE, a costa de una reducción de las exoneraciones para los negocios que mantengan a sus trabajadores en el expediente. "Tiendo a pensar a que en junio podremos hacer énfasis en la activación" de trabajadores. "Queremos crear incentivos positivos para dar un impulso a esto", aseguró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El modelo que se puso en marcha en verano de 2020 consistía, básicamente en exenciones decrecientes en las cotizaciones empresariales del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre siempre y cuando tenga menos de 50 trabajadores. Para las empresas con plantillas mayores, es decir aquellas de más de 50 empleados, la exoneración de las cuotas sociales sería del 50% en julio, del 40% en agosto y del 25% en septiembre.
Uno de los aspectos que más destacó de este nuevo tipo de ERTE por causa de fuerza mayor fue la reducción de la cuota exonerada. Así mismo, se creó una figura específica para aquellos que recuperaran a algunos de sus empleados, los ERTES de fuerza mayor parcial (aquellos negocios que tienen a empleados ya fuera del Expediente). En el caso de las actividades de menos de 50 trabajadores esta exoneración alcanzaría el 60% de la cuota para los empleados que hayan vuelto a la actividad y del 35% para los que sigan en el ERTE. Mientras que, para los negocios de más de 50 trabajadores la exoneración sería del 40% por cada asalariado que se reincorporara a su puesto y del 25% por el que siguiera en el ERTE.
Así pues: mientras que dos meses después de entrar esta prórroga, en agosto, las exoneraciones en las cotizaciones de un empleado en ERTE para un autónomo serían del 35%, para el que recuperó a alguno de sus trabajadores serían del 60%. Una diferencia de un 25% en el pago de cuotas entre uno y otro supuesto.
Podría crearse pronto la figura del 'ERTE estructural'
Por otro lado, Escrivá también hizo referencia a la intención del Gobierno de poner en marcha un ERTE estructural. Según apuntó el ministro, "en la transición a la normalidad puede haber una reestructuración en algunos sectores que no recuperen del todo la demanda pre-covid, por cambios en el modelo del consumo. Para esta circunstancia, el modelo de los ERTE tiene que poner más el énfasis en la formación de los trabajadores, para poder adecuar sus capacidades a las nuevas circunstancias y a las actividades que salgan más favorecidas de la crisis".
Al parecer, a lo que se refería el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es a la creación -más pronto que tarde- de un ERTE estructural, con un modelo similar al alemán. Como ya avanzó este diario, el Gobierno está estudiando una fórmula para mantener los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y sus exoneraciones para los autónomos empleadores más allá de la crisis sanitaria y las restricciones que todavía siguen soportando miles de negocios. La idea preliminar ya se incluyó en el paquete de medidas para la reforma laboral que el Ejecutivo mandó a las autoridades europeas para su aprobación.
Además, la nueva herramienta también viene recogida en el punto 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia publicado por el Gobierno. En este apartado se desarrollan lo que serán "las nuevas políticas públicas" y se incluye precisamente la necesidad de "introducir de manera permanente mecanismos de ajuste interno de las empresas antes shocks (ERTE), que se nutran de la experiencia acumulada durante la pandemia". En este sentido, el Ejecutivo, desde el presidente hasta los titulares de diferentes ministerios, llevan meses aclarando que su intención es no dejar caer los ERTE, ni sus exoneraciones para los negocios en las cotizaciones a la Seguridad Social por sus trabajadores.
El Gobierno tiene la vista puesta en el modelo 'Kurzarbeit', una modalidad de jornada reducida en la que el Estado paga temporalmente hasta dos tercios del salario al trabajador y ofrece formación para reincorporarle al mercado laboral e impedir despidos masivos. Si bien todavía están pendientes de concretarse los detalles del futuro modelo, previsiblemente, este expediente estructural cubriría a los negocios con caídas de demanda -en principio de cualquier dimensión, desde micropymes hasta grandes empresas- para quitarles parte de la carga salarial de sus empleados y un porcentaje, que aún no está concretado, de exoneración de las cotizaciones sociales a la Tesorería.
Sin embargo, y como punto clave de diferencia respecto a los actuales ERTE, es probable que esta herramienta se financie compartiendo los costes con los negocios y los empleados, a través de un fondo 'tripartito' -Administración, empresa y trabajador- que recaiga, por un lado, en las arcas públicas y por otro lado, se costee con un porcentaje fijo sobre las cotizaciones.
