martes. 02.03.2021

PIDEN ÉSTA Y OTRAS 24 MEDIDAS PARA SUPERAR LA CRISIS

Los gestores insisten en que los autónomos no deben pagar el IVA de las facturas sin cobrar

Los gestores administrativos apuestan por instaurar el IVA de caja y otras 24 medidas para facilitar la recuperación de los autónomos.
Los gestores insisten en que los autónomos no deben pagar el IVA de las facturas sin cobrar

Los gestores administrativos abogan por que los autónomos no tengan que declarar a Hacienda las facturas que aún no hayan cobrado. Este sistema se conoce como IVA de caja y, según los expertos, “debería instaurarse cuanto antes en todo el mercado. La crisis ha incrementado la morosidad, por lo que muchos trabajadores por cuenta propia no pueden adelantar esa cuantía a la Administración”. Por otro lado solicitan una política fiscal dirigida más a autónomos y pymes que a las grandes empresas del Ibex-35. Una demanda que recogen en sus 24 propuestas al Gobierno para paliar la crisis

Es cierto que, actualmente, tanto el criterio de caja como el sistema de devengo están disponibles en nuestro país. No obstante, “que su elección sea voluntaria, hace que las grandes empresas no acepten los contratos de autónomos en IVA de caja, ya que no se lo podrían deducir hasta haberlo pagado. Cosa que sí es posible en el sistema de devengo”, explicó el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago.

Por ello, desde la organización solicitan al Gobierno que afiance el sistema del IVA de caja para solventar los problemas de liquidez que genera en los trabajadores por cuenta propia el tener que adelantar el IVA de las facturas no cobradas. Además, señalaron que “esta medida no sólo tendría el objetivo de paliar esta situación, sino que a largo plazo podría ser beneficiosa para la economía”.

A esta propuesta, se suman otras 24 que los gestores administrativos trasladaron al Gobierno para ayudar a los negocios a superar esta crisis. Propuestas que, en palabras de su presidente, podrían resumirse en “establecer una normativa clara, permanente y duradera en el tiempo”. 

El criterio de devengo “puede incitar al fraude”

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) funciona a día de hoy, por norma general, con la teoría del devengo. El autónomo tiene que declararle a Hacienda el IVA cuando emite la factura, no cuando la cobra. “Lo que significa que si, cuando hace su trimestral, le sale a pagar, independientemente de que haya cobrado o no, tiene que abonarle ese dinero a la Administración”, señaló Santiago.

Según estos expertos, el tener que adelantar el IVA supone que, o bien el autónomo tenga que poner ese dinero de su bolsillo, “o bien, en algunos casos, que se vea obligado a no declarar la factura, porque hasta que no cobre no puede hacer frente al ingreso a Hacienda”. Por lo tanto, “el IVA de devengo, tal y como está configurado, y teniendo en cuenta los retrasos que hay en los pagos, incita al fraude. No hay que olvidar que lo primero que hace un pequeño negocio cuando no tiene dinero para pagar, es dejar de pagar el IVA”, explicó el presidente de los gestores administrativos.

Además, tal y como advierten, la morosidad que sufren los autónomos se ha incrementado con la crisis del Covid-19, lo que “dificulta aún más el pago del impuesto para el colectivo. Es importante que se establezca una unidad de mercado en la que los trabajadores por cuenta propia no tengan que declarar a Hacienda las facturas que aún no hayan cobrado”, apuntaron desde la organización.

Por otra parte, los gestores administrativos abogan también por flexibilizar las condiciones para recuperar el IVA, y facilitar la devolución “en cualquier trimestre del año, no sólo en el último”.

Proponen una política fiscal dirigida a los autónomos

La fiscalidad es uno de los temas que más preocupan a los trabajadores por cuenta propia, y no es para menos, ya que tal y como aseguran los expertos: "la política fiscal actual va más dirigida al IBEX35 que a la realidad de los pequeños negocios del país".

Según los gestores administrativos, el conjunto de leyes, reglamentos y procedimientos de Hacienda sobre los impuestos "no están dirigidos a los autónomos y pymes. Las medidas que el colectivo necesita no son las mismas que las grandes empresas". Por ello, todas las medidas fiscales que propone la organización van encaminadas a trasladar la realidad de los pequeños negocios a la fiscalidad que pueden soportar.

Además, el presidente del consejo señaló que, si el Gobierno tuviese en cuenta los elementos diferenciales de cada negocio, "se solucionarían problemas como el pago de impuestos o la reducción del IVA que tanto necesitan algunos sectores". 

Registro público de negocios en quiebra

Otra de las novedosas propuestas que integra el documento que los gestores administrativos han trasladado al Ejecutivo es la creación de un registro público de los negocios en situación de quiebra. Para el presidente del organismo es "muy importante tener un control de las empresas que están en riesgo, para evitar que tanto los autónomos como cualquier ciudadano realicen encargos o servicios a negocios que no van a poder llevarlos a cabo debido a su situación, y pierdan una inversión".

Hoy en día este registro únicamente puede ser consultado por las entidades bancarias a través del Banco de España. Por eso, no es de extrañar que se den situaciones en las que se solicitan y se pagan trabajos a empresas que, o bien están en quiebra o no son lo suficientemente solventes para poder llevarlo a cabo. "Cuando una empresa está en pre-concurso o concurso de acreedores debe conocerse no sólo por la banca, sino por cualquier ciudadano", apuntó Santiago.

Del mismo modo también señalaron la importancia de reformar la Ley de Segunda Oportunidad para permitir empezar de nuevo a los negocios que han desaparecido o van a desaparecer por la pandemia.

25 medidas para superar la crisis

Medidas financieras y fiscales que mejoren la liquidez de autónomos y pymes

  • Análisis del funcionamiento real de la Línea de avales ICO-Covid19: eliminar en la ampliación del plazo de carencia y de la amortización la obligación de estar al día con Hacienda y con la Seguridad Social. Se debe favorecer la reestructuración de la deuda de las empresas y establecer instrumento de naturaleza público-privada para que los bancos de inversión y los fondos de inversión ayuden a los autónomos y pymes a salir de la crisis.
  • Diferir el pago de impuestos y cotizaciones sociales de los trabajadores por cuenta propia que lo requieran hasta finales de 2021 sin intereses. 
  • Reducir el tipo de IVA a los sectores más perjudicados por la crisis.
  • Mantener el impuesto de matriculaciones por el impacto negativo que tendrá sobre las concesiones de automóviles, que en la mayoría de los casos son pequeños negocios. 
  • Reducir el tipo de interés legal que se aplica para los retrasos en los pagos. Para los autónomos no debería ser superior al 1,75 %. 
  • Creación de una cuenta corriente tributaria para que los pequeños negocios puedan compensar sus pagos a Hacienda, incluidas las cotizaciones sociales, y el cobro de devoluciones sociales e, incluso, de las subvenciones públicas. 
  • Reformar los mecanismos de insolvencia, tanto judiciales como extrajudiciales, para agilizarlos y que sean más eficientes de cara a favorecer la viabilidad de los negocios. Crear un registro de empresas en pre-concurso y aclarar la ley de segunda oportunidad para permitir empezar de nuevo a los negocios que han desaparecido o van a desaparecer por la pandemia. 
  • Crear una línea de subvenciones destinada a que las pequeñas y medianas empresas puedan contratar servicios externos que les faciliten su profesionalización.
  • Subvencionar los seguros de cobro para los movimientos financieros de las pymes, de forma que se facilite su aprobación por parte de los distintos departamentos de riesgos de las entidades financieras. 
  • Creación de una línea de anticipo de los pagos correspondientes a los seguros cuyo siniestro haya sido confirmado para problemas de liquidez en los pequeños negocios.
  • Profundizar en la Unidad del Mercado y facilitar la seguridad jurídica mediante una normativa estable que no cambie las condiciones por las que los inversores tomaron su decisión.

Medidas para mejorar la digitalización de la Administración

  • Crear una figura transversal a todos los ministerios para la transformación digital de la gestión administrativa.
  • Creación de un Consejo Superior de Tramitación Administrativa Pública, órgano de la sociedad civil que reúne a todos los actores implicados en la mejora de la tramitación. 
  • Creación y diseño de un cuadro de mando general de tramitación administrativa que fije indicadores de gestión y objetivos de evolución.
  • Elaboración de auditorías externas a la Administración que evalúen la usabilidad de los servicios de tramitación electrónica.
  • Generar la figura del Habilitado Administrativo Electrónico y dotarlo de ciertas capacidades en la tramitación administrativa.
  • Crear la Agencia Estatal de Tramitación Administrativa, que permita a los diferentes organismos de la Administración General del Estado contar con una herramienta que procese de modo masivo, en tiempo y forma, los expedientes presentados.

Medidas de carácter Laboral

  • Creación de una plataforma en la cual todas las empresas suban sus datos respecto del ERTE, para que cada organismo (SEPE, TGSS, Inspección, etc…) acceda a ella sin necesidad de que la empresa deba enviar la misma información a varios organismos.
  • Poner en marcha Juzgados de lo Social que conozcan las cuestiones derivadas del Covid-19, y especialmente de los ERTE.
  • Crear una comisión de análisis de la normativa relacionada con los ERTE con el objetivo de redactar una norma consistente, de utilidad en casos excepcionales y no excepcionales, donde tan sólo haya que establecer las ayudas pertinentes en cada caso, pero con un trámite unificado y sencillo.
  • La derogación del art. 23 del Real Decreto Ley 8/2020, que incorpora a los Sindicatos en la comisión representativa de las empresas en las que no hay representación legal de los trabajadores.
  • Impulso de políticas activas de empleo con medidas liberalizadoras (que demostraron efectividad en la última crisis).
  • Pactar con los agentes sociales un período de mantenimiento de la normativa laboral, mantenimiento del SMI y otros aspectos en tanto no se produce una clara recuperación del mercado laboral y de la situación económica.
  • Potenciar la contratación, contratos especiales de trabajo, con coste cero de Seguridad Social y otras ayudas. 
  • Flexibilización de los ERTE, con la posibilidad de movilizar los trabajadores incorporados en ERTE a través de contratos temporales o como autónomos.

Los gestores insisten en que los autónomos no deben pagar el IVA de las facturas sin cobrar