El Gobierno creará la figura del "ERTE estructural" para que los negocios no despidan tras la pandemia

El Gobierno está estudiando una fórmula para mantener los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y sus exoneraciones para los autónomos empleadores más allá de la crisis sanitaria y las restricciones que todavía siguen soportando miles de negocios. La idea preliminar ya se incluyó en el paquete de medidas para la reforma laboral que el Ejecutivo mandó a las autoridades europeas para su aprobación. 

Además, la nueva herramienta también viene recogida en el punto 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia publicado por el Gobierno. En este apartado se desarrollan lo que serán "las nuevas políticas públicas" y se incluye precisamente la necesidad de "introducir de manera permanente mecanismos de ajuste interno de las empresas antes shocks (ERTE), que se nutran de la experiencia acumulada durante la pandemia". En este sentido, el Ejecutivo, desde el presidente hasta los titulares de diferentes ministerios, llevan meses aclarando que su intención es no dejar caer los ERTE, ni sus exoneraciones para los negocios en las cotizaciones a la Seguridad Social por sus trabajadores. 

De hecho, la vicepresidenta económica y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya sugirió en agosto que el diálogo social abordará tarde o temprano si los ERTE deberían “transformarse desde el instrumento de choque que son ahora a una oportunidad para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen, en línea con lo que hace Alemania”. El Gobierno tiene la vista puesta en el modelo 'Kurzarbeit', una modalidad de jornada reducida en la que el Estado paga temporalmente hasta dos tercios del salario al trabajador y ofrece formación para reincorporarle al mercado laboral e impedir despidos masivos.

Si bien todavía están pendientes de concretarse los detalles del futuro modelo, previsiblemente, este expediente estructural cubriría a los negocios con caídas de demanda -en principio de cualquier dimensión, desde micropymes hasta grandes empresas- para quitarles parte de la carga salarial de sus empleados y un porcentaje, que aún no está concretado, de exoneración de las cotizaciones sociales a la Tesorería. Sin embargo, y como punto clave de diferencia respecto a los actuales ERTE, es probable que esta herramienta se financie compartiendo los costes con los negocios y los empleados, a través de un fondo 'tripartito' -Administración, empresa y trabajador- que recaiga, por un lado, en las arcas públicas y por otro lado, se costee con un porcentaje fijo sobre las cotizaciones. 

Un ERTE similar al alemán: con formación y gastos compartidos

Desde mediados del año pasado, expertos de diversas áreas han venido alertando de que la concepción de los expedientes como un mecanismo coyuntural para congelar el empleo fue acertada en los peores meses de la crisis pero, a la larga, corre el riesgo de generar una cascada de despidos y EREs. Una idea preocupante teniendo en cuenta que España ya cuenta, a finales de febrero, con cuatro millones de parados, y hay riesgo de que sean muchos más "si no se da una alternativa a los más de 700.000 trabajadores en ERTE y miles de empresas que continuarán con caídas en la demanda", apuntó Roberto Pereira, presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL) del Consejo General de Economistas (CGE). 

Precisamente, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva manifestó en las últimas semanas su preocupación porque, estos mecanismos "que han solventado los despidos en el pasado", acaben expulsando a los empleados afectados del mercado de trabajo, sin darles además "opción de reincorporación".

Por ello, la idea del Gobierno es crear un ERTE 'estructural' y no "coyuntural", como hasta ahora, "que sea similar al modelo alemán, que permite el transvase de trabajadores entre negocios y donde, además, los empleados tienen la oportunidad de formarse y recualificarse para adaptarse a la demanda actual", explicó presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL) del Consejo General de Economistas (CGE).  

En este modelo -el alemán-, como mínimo la empresa debe solicitar un 10 % de reducción de jornada para al menos un 30 % de la plantilla, pero puede llegar a pedir un reducción del 100 %. Y renovar su petición con frecuencia, cada pocos meses, hasta un período total de un año.

Un modelo flexible, permanente y que ofrezca formación a los empleados

Para explicar de forma gráfica el funcionamiento de este futuro expediente, el presidente de EAL del Consejo General de Economistas puso el ejemplo de un acordeón: "este ERTE sería similar, se  estiraría y encogería en función de la demanda de la empresa. Si el negocio recupera la demanda y necesita una plantilla más extensa de trabajadores podría recuperar a su empleado y si necesita  un ajuste, se reduciría la jornada del trabajador y, además, se le formaría durante el tiempo que no está trabajando para poder aumentar sus capacidades y sus posibilidades de reincorporación al mercado", comentó Pereira.

Al parecer, la formación sería la clave de este nuevo modelo, ya que los negocios se van a tener que adaptar pronto, "cuando termine la crisis y comience la recuperación, a una realidad diferente y transitoria. Habrá empresas y sectores con mayor necesidad de apoyo porque los patrones de demanda ya no van ser los mismos y hay que ajustar la actividad económica", explicó el ministro Escrivá en su última intervención en la inauguración del Libro Blanco del Talento Sénior, que elaboró la Fundación Adecco y la Fundación Seres.

Costes compartidos entre Estado, negocios y empleados 

Además de la formación, otra de las claves más importantes de este nuevo mecanismo 'estructural' sería su financiación. A medio plazo, la idea que baraja el Gobierno es un modelo permanente de "contribución compartida", es decir, con apoyo del Estado pero cargando también parte de los costes a empresas y empleados.

Así, este nuevo modelo llevaría asociado un fondo tripartito con el que se financiarían las prestaciones por desempleo a los trabajadores y también las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las que se beneficiarían los negocios..

Mientras que con los ERTE actuales el Estado asume todo el coste en desempleo y exenciones de pagos a la Tesorería, con  el nuevo modelo, se podría poner en marcha un tramo de cotización para los negocios y empleados,  similar al desempleo o el Fondo de Garantía Salarial, y que serviría para sufragar parte del gasto de estos expedientes.  

Podría ser sólo para negocios viables

Si bien el Gobierno todavía no ha precisado ninguna de las condiciones que podrían tener estos nuevos expedientes, cabe recordar que el modelo alemán al que pretenden asemejarse los nuevos ERTE requiere, entre otras cosas, que la empresa que se acoja demuestre tener unos determinados beneficiados en el año previo. 

Así mismo, cabe recordar que este ERTE estructural se envió a Bruselas para su aprobación y podría financiarse en un primer momento con los fondos europeos. No sería por tanto de extrañar, que uno de los requisitos que impusiera el Gobierno para acceder a este mecanismo fuera que el negocio demuestre ser viable, al igual que sucederá con las futuras ayudas directas.

La propia Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, recalcó recientemente en su intervención en el Cercle d'Economia que "nuestro énfasis y prioridad es ver qué instrumentos pueden servir para reforzar la viabilidad a medio plazo" . Pero no para todos, si no para los negocios cuyo "desequilibrio patrimonial viene causado por la pandemia". Es más, desde el seno del Gobierno ya dan por sentado que habrá más empresas que no superen la crisis, pero "la prioridad no es retrasar el desencadenamiento de procesos concursales", sino "evitar un impacto estructural de la pandemia", dijo Calviño.

Para los economistas y abogados, "aunque pueda parecer chocante el hecho de no atender a aquellos que no tienen suficientes posibilidades de salir adelante a medio plazo, esta condición no es cosa del Gobierno español, sino de Europa, que es también quién está dando los fondos para financiar estas ayudas. La Unión Europea ya ha dejado claro, guste más o guste menos, que no se puede repetir la situación de la anterior crisis de 2008, en la que no se atendió a la viabilidad de las empresas y acabaron quebrando muchas que sí hubieran tenido posibilidades de salir adelante", explicó Luis Fernando Conde, economista y asociado al bufete AGM abogados en las áreas de Corporate Finance y Gestión de Crisis.

ERTEs permanentes a cambio de más contratos indefinidos

A pesar de todo, el ERTE permanente que planea el Gobierno no sería un mecanismo aislado, sino una más de las claves de la "reforma profunda" que se pretende hacer sobre el mercado laboral y que también tiene la vista puesta en la penalización de los contratos temporales a favor de los indefinidos.

Como ya avanzó este medio, el Gobierno quiere reducir al máximo el exceso de temporalidad que afecta a nuestro mercado laboral. Actualmente, según los expertos, más de un 25% de los nuevos contratos que se celebran en España son temporales y, muchos de ellos, se utilizan de forma fraudulenta. Por ello, el Ministerio de Trabajo seguirá intensificando las actuaciones en línea con lo recogido en el Plan Director por un Trabajo Digno, que prioriza, entre otras cosas, la vigilancia en los negocios que abusan del uso de contratos temporales para extender el periodo de prueba y abaratar el coste de un posible despido. 

Entre las "reformas en el ámbito laboral y de pensiones" que el Ejecutivo envió a Bruselas para su aprobación a finales de enero, se dedica un apartado completo a la "Generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación indefinida".

Esta reforma, la número 3 del documento enviado por el Gobierno y al que pudo tener acceso este diario, apunta como objetivo prioritario " reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral que limitan el aumento de la productividad y el crecimiento potencial y dan lugar a precariedad laboral".

Según indica el texto, esto se haría simplificando y reordenando "las modalidades de contratación laboral y generalizando la contratación indefinida", así como "devolviendo la causalidad al contrato temporal". También "revisando la aplicación del contrato fijo-discontinuo e introduciendo mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad". En definitiva, el Ejecutivo pretende "penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajar el fraude laboral".