Más de 61.000 concursos de licitación pública para trabajar con Administración

Un trabajador autónomo puede tener como cliente a un Ministerio, un Ayuntamiento, una Institución de una Comunidad Autónoma o cualquier empresa pública. En España se convocan todos los años alrededor de 100.000 licitaciones -concursos públicos- a través de los que se da a conocer la necesidad de un servicio o de una serie de productos y diferentes negocios pueden ofrecen su candidatura para trabajar con estos organismos. Se trata de una opción por la que cada vez más pequeños negocios están apostando debido a la mejora de la Ley de contratos públicos. No obstante, no hay que olvidar el riesgo de la morosidad pública que, aunque se ha reducido, aún sigue superando el límite de 30 días que marca la ley para el pago de las facturas.

Este año, a pesar de las consecuencias económicas y sanitarias que la pandemia del Covid-19 está dejando en el país, los concursos de licitación pública no han dejado de acumularse. Las entidades públicas han seguido reclamando los servicios de los pequeños negocios desde el inicio del Estado de Alarma, de hecho, según los datos obtenidos por la consultora tecnológica DoubleTrade, desde el pasado mes de marzo la Administración publicó un total de 61.171 concursos por un valor total de más de 44.500 millones de euros. 

La consultora tecnológica especializada en el suministro de información empresarial elaboró un informe en el que desveló que los meses de junio y julio fueron cuanto más licitaciones se publicaron -13.199 y 11.740 respectivamente-. Sin embargo, fue en agosto y septiembre cuando se publicaron los concursos de mayor cuantía total, pues cada uno de dichos meses suman más de 9.000 millones de euros cada uno. Desde octubre hasta final de año, más de 10.000 concursos finalizan plazo de presentación de oferta para poder trabajar con la Administración.

En cuanto a los sectores, según DoubleTrade, las licitaciones más solicitadas desde marzo han sido la construcción, las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) y el sector sanitario. En este sentido, los contratos de servicios han sido los más convocados en todo ese periodo seguidos de los contratos de suministros.

Muchos concursos se quedan "desiertos"

Asimismo, todos los años miles de estos concursos se quedan desiertos. La consultora tecnológica explicó que la razón principal de estos “desiertos” es el desconocimiento: “para saber si un concurso público puede ser de tu interés primero tienes que enterarte de la convocatoria y esto no es siempre tan sencillo”. Esto es especialmente complicado, según cuenta la compañía, en el caso de los pequeños negocios que no tienen la suficiente plantilla como para encargar a uno de sus trabajadores que se dedique a buscar y analizar las cientos de miles de convocatorias y encontrar una que se adapte a su modelo negocio.

Otra de las razones por las que se quedan desiertos es la competencia que puede llegar a haber por un concurso, “lo que no le interesa a uno sí le puede interesar a otro, especialmente cuando se trata de precio”, añadieron desde DoubleTrade.

Los Ayuntamiento son los que más tardan en pagar

No obstante, los trabajadores autónomos deben contar siempre con el riesgo de morosidad que supone para ellos trabajar para las administraciones públicas. Los ayuntamientos son los que más tardan en pagar a los autónomos, seguidos por la Administración autonómica y la central. Una afirmación que avalan los datos recogidos del último informe sobre el Periodo Medio de Pago (PMP) realizado por el Ministerio de Hacienda  en el que se analizan los periodos medios de pago del último año - de junio de 2019 a junio de 2020 -.

Según el documento, la Administración central cumple con los plazos, al reducir en el último año en un día su periodo de pago, y quedándose en los 29 días -la norma pone el límite en los 30-. Sin embargo, la autonómica no cumple con los plazos legales y se excede en tres días -paga a 33-. Aun con todo, bajó su media en tres días respecto a junio de 2019. Muy por detrás se encuentran los ayuntamientos que son, de media y con mucha diferencia, los que más tarde pagan a sus proveedores, triplicando el periodo legal de pago. "Son las administraciones locales, aquellas precisamente que más cercanas deberían ser a los autónomos, las que pasaron de pagar en junio de 2019 en algo más de dos meses (66 días), a hacerlo ahora en tres meses y una semana (99 días)", explicó el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Además, el presidente de la Federación añadió que "es terrible que en estos momentos, y con los años que llevamos reclamando tolerancia cero con la morosidad, de media, la Administración autonómica y la local sigan incumpliendo los periodos legales de pago a proveedores . Y, en el caso de las locales, hablamos de casi 100 días de retraso. Es el triple de lo que marca la ley", apuntó Amor. El presidente de ATA hizo hincapié en lo alarmante de que, "en el último año, se haya incrementado en 30 días este periodo medio de pago. Los autónomos, que son los principales proveedores de la administración local, necesitan en estos momentos tan complicados liquidez". Pero, sin embargo, "vemos como muchos de estos ayuntamientos se están financiando a costa de sus trabajadores por cuenta propia”, denunció Amor.

Desde ATA defienden que es posible reducir la morosidad pública que sufren los pequeños negocios: " lo hemos visto en algunos ayuntamientos. Es el caso de Algeciras, que el pasado mes de junio pagaba a 68 días mientras que hace unos dos años pagaba a más de 200 días". Para Amor no es que no se pueda, "es que a la Administración, a veces, le es más fácil no pagar a sus proveedores a tiempo que recortar de otro sitio", por ello insistió en que "hay que imponer un régimen sancionador a toda aquella Administración que incumpla la ley del mismo modo que se sanciona a cualquier ciudadano cuando incumple el periodo de pago que establece la Administración”, concluyó.

¿Qué requisitos tiene que cumplir el autónomo para acceder a una licitación?

Los trabajadores autónomos pueden informarse y enterarse de este tipo de concursos públicos a través del portal del Estado -www.contrataciondelestado.es- o contratando los servicios de una compañía. Pero antes de interesarse por ellas, el profesional debe conocer los requisitos que debe cumplir antes de presentar su solicitud. Todos ellos están recogido en la normativa de contrataciones del sector público, aunque desde DoubleTrade señalan los más importantes:

1. Tener plena capacidad de obrar.
2. No estar incurso en ninguna prohibición para contratar con la Administración. Un ejemplo de ello sería estar condenado mediante sentencia firme por delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, por asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores, haber sido inhabilitado para ejercer la profesión, haber sido declarado insolvente, haber cometido una infracción muy grave en prevención de riesgos laborales o en materia medioambiental, etc.
3. Estar al corriente del pago con las obligaciones con Hacienda y con Seguridad Social.
4. Disponer de los medios, experiencia, capacidad técnica y económica para realizar el contrato de obra, servicio o suministro que se quiere conseguir.
5. Que el trabajador autónomo tenga la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de la actividad o la prestación del seguir que exige el contrato.

Esto viene a decir, según confirmó la compañía, que un “trabajador por cuenta propia puede puede contratar, sin problema alguno, con cualquier Administración, siempre y cuando cuente con la suficiente capacidad económica y técnica para hacer frente a ello”. No obstante, muchas veces un autónomo no puede cumplir el solo con la licitación, entonces “existe la posibilidad de establecer alianzas con otros autónomos o empresas e, incluso, subcontratar, con otras entidades, determinadas partes del trabajo, pudiendo, de este modo, justificar, ante nuestro cliente, los requisitos técnicos que nos exige”.