Los concursos de acreedores presentados por autónomos se disparan más de un 500% desde el estallido de la pandemia

El primer trimestre de 2021 deja unas cifras históricas de presentación de concursos de acreedores, especialmente entre los autónomos. Desde el estallido de la pandemia, los procesos concursales entre trabajadores por cuenta propia se han incrementado más de un 500% en año y medio, pasando de registrarse 87 concursos en 2019, a más 530 en lo que llevamos de 2021. Son los datos que arroja el último informe del Registro de Economistas Forenses (REFOR), dependiente del Consejo General de Economistas, según los cuales estamos ante una "tendencia alcista de liquidación de negocios que durará, previsiblemente, hasta el último trimestre".

De hecho, los concursos de acreedores de personas físicas se han incrementado en casi un 92% desde el 2020, el doble de los datos que registran las Sociedades Limitadas (S.L.), cuyo aumento se sitúa en un 49%. No obstante, el experto y técnico del REFOR, Alberto Velasco, explicó que "no es de extrañar que sean precisamente los autónomos los que más concursos de acreedores presentan, puesto que cuanto menor es la dimensión de la persona jurídica o del emprendedor se produce un mayor incremento concursal". Los profesionales al frente de un negocio "no cuentan con los mismos recursos y herramientas que las grandes empresas para hacer frente a las situaciones de insolvencia", añadió.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, subrayó que “el importante incremento concursal de las personas físicas es un claro indicio de un aumento de los casos de segunda oportunidad”. La 'segunda oportunidad' es un proceso que permite al autónomo volver a emprender un negocio sin deudas. Por ello, los expertos ven imprescindible que España trasponga los mecanismos y reformas de la normativa europea, entre las que se encuentra la condonación de deudas con Hacienda y Seguridad Social, para que "se agilice su llegada a aquellos que más lo necesitan: los autónomos, emprendedores y pymes". Todo ello en un contexto en el que "ni siquiera la moratoria concursal que aprobó el Gobierno está logrando paralizar la liquidación y el cierre de miles de negocio".

La moratoria concursal no evita la avalancha de concursos

El aumento de concursos de acreedores se produjo poco después de la decisión del Gobierno de aplazar de nuevo la moratoria concursal hasta final de año. Si bien la Ley Concursal da dos meses de plazo desde que se conoce el estado de insolvencia de un negocio para iniciar un proceso concursal, esta moratoria permite que cualquier deudor que esté en insolvencia no tenga la obligación -hasta finales del 2021- de presentar concurso. Con esta medida, el Ejecutivo pretende ofrecer un "salvavidas a los pequeños negocios afectados por la emergencia sanitaria", tal y como explicó la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. "Se trata, en definitiva, de apoyar a empresas solventes, permitiéndoles la refinanciación o reestructuración de su deuda”, añadió la vicepresidenta económica.

No obstante, los datos señalan que, a pesar de la moratoria, muchos negocios no han podido hacer frente a la crisis del Covid-19. Las restricciones de movilidad y limitación de horarios han obligado a miles de autónomos a  presentar un concurso de acreedores para cerrar de forma definitiva sus negocios. Así, los tres primeros meses de 2021 terminan con un total de 1.578 concursos, un 32,6% más que el año anterior.

Los autónomos prefieren la vía del concurso exprés

Asimismo, el Registro de Economistas Forenses destaca en su informe que los trabajadores por cuenta propia que han presentado un concurso de acreedores durante los últimos dos años lo han hecho, en su mayoría, por la vía del concurso exprés. Ya en el 2020, esta alternativa de liquidación rápida de negocios se incrementó más de un 11%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De hecho, los concursos exprés representan cerca del 66% de los procedimientos presentados el pasado mes de marzo. Una misma tendencia que se observó también  a lo largo de todo el primer trimestre del año: de los 1.578 concursos presentados, cerca del 65% fueron también exprés.

Se trata de una alternativa que permite a los profesionales liquidar las deudas y/o cerrar el negocio prácticamente de inmediato. “Desde el momento en que se procesa la solicitud y se declara el concurso transcurren entre un mes y medio y dos meses”, explicó Xiomara Jiménez, abogada del área de Gestión de crisis en AGM Abogados. La finalidad de este mecanismo es facilitar la liquidación de las sociedades que se encuentran en una situación de “insolvencia absoluta”, siempre y cuando demuestren que no existe posibilidad de superar esa incapacidad de pago ni a corto ni a largo plazo. Es decir, es una opción que se ofrece para casos “especialmente críticos” donde “el patrimonio de la empresa es nulo”, por lo que se declara en “quiebra total”, detalló Jiménez.

Por norma general, los concursos de acreedores suponen un proceso de largo recorrido que puede alargarse varios años hasta la liquidación completa de la empresa en cuestión. Por ello, el concurso exprés podría ser una buena solución para los autónomos que se plantean cerrar su negocio en crisis mediante una vía más rápida y económica que la fórmula tradicional: no se procede al nombramiento de administrador concursal, no se lleva a cabo la fase de calificación del concurso y, además, el juez dicta en el mismo auto la apertura y conclusión del concurso, así como la extinción de la sociedad y el cierre de la hoja mercantil.

La prórroga de la directiva europea afecta a los autónomos

El Gobierno decidió solicitar una prórroga de un año para trasponer la Directiva Europea 2019/1023 sobre Insolvencia. Lo que supone que se podría trasladar hasta julio de 2022, las diferentes reformas que recoge la normativa comunitaria y que afectan especialmente a los trabajadores autónomos. Entre ellas, destaca la aplicación de mecanismos para la condonación o el establecimiento de ciertas quitas sobre las deudas que un negocio contrae con Hacienda y Seguridad Social. También afecta a Ley de Segunda Oportunidad, a la implantación de mecanismos de detección temprana de insolvencia y demás novedades que tienen que ver con la anunciada modificación de la Ley Concursal.

Según el presidente de los economistas, Valentín Pich, "las últimas disposiciones y Reales Decretos sobre ayudas, código de buenas prácticas y la ampliación de avales publicadas, son noticias positivas, pero aún falta mucho por hacer por los profesionales. Es muy importante que tanto estas nuevas medidas, como las reformas recogidas en la normativa europea se agilicen para que lleguen a tiempo para los autónomos y emprendedores".

Además el técnico de la REFOR, Alberto Velasco, señaló que "aunque se traspusiese la normativa ahora, corre el riesgo de esté desactualizada. Esa normativa está redactada en el 2019, es decir, antes de la emergencia sanitaria, por lo que en este nuevo contexto podría no ser del todo adecuada para el tejido empresarial español". Por ello, instó a su aprobación "lo más pronto posible", para así poder realizar mejoras sobre ellas.