La denuncia anónima podría ser la clave para que Hacienda controle al moroso
Tras la Ley de Morosidad, que muchas administraciones y empresas incumplen sistemáticamente, se está trabajando en un régimen sancionador que multe a quién no paga a tiempo sus facturas. Las fórmulas que se barajan es un buzón anónimo para denunciar al que reiteradamente dilata el pago y un procedimiento de determine qué es un simple retraso y qué una mala práxis.
Es un hecho cierto y destacado repetidamente que la morosidad es uno de los problemas más acucientes y temidos por los autónomos, causa de uno de cada cuatro cierres de negocios. Sin embargo, no ha sido hasta hace pocos meses, cuando empezó a tramitarse en el Congreso de los Diputados la aplicación de un régimen sancionador para los morosos, cuando el colectivo de trabajadores por cuenta propia atisbó resultados positivos. Por increíble que parezca, la Ley de Morosidad marca plazos y pautas pero no establece sanciones para los incumplidores, con lo que en definitiva no deja de ser una declaración de intenciones y eso provoca que sea la ley que menos se cumple del marco jurídico español.
En estos momentos, se está tramitando en la Cámara Baja una proposición de ley, presentada por Ciudadanos, llamada de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en Operaciones Comerciales, en la que se contempla todo un régimen sancionador que completa y perfecciona la Ley de Morosidad de 2010. Dos pueden ser las novedades que aporte una vez aprobadas las enmiendas: un procedimiento de inspección detallado de los morosos, en el que se verifique si realmente en cada caso se trata de mala praxis o son problemas puntuales, y el establecimiento de un sistema anónimo y estatal de denuncias para que el citado procedimiento se ponga en marcha.
Denunciar al moroso
La idea de instaurar un “buzón” anónimo de denuncias puede ser quizá el procedimiento que mejor funcione para que un autónomo señale ante la administración quién no le paga en plazo de manera reiterada y facilitar su sanción. La denuncia con nombre y apellidos del denunciante puede acarrearle al autónomo graves perjuicios, entre otros la pérdida de los clientes ante el temor de ser denunciados también por el mismo trabajador. Por otro lado, las empresas que sepan que pueden ser denunciadas anónimamente y sancionadas se guardarán cada vez más de aplazar pagos injustificadamente, verdadero objetivo de la ley. Esta fórmula se basa en un sistema similar que funciona bien en la Inspección de Trabajo.
La proposición de ley, en su origen, establece una serie de multas que van desde los 60 a los 819.780 euros para las empresas que no pagan sus facturas en los 60 días que establece la ley de Morosidad, según la infracción sea leve, grave o muy grave. Pero lo que más preocupa a los autónomos es el procedimiento. Por ello, la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) insiste, y así se lo ha hecho saber a los grupos parlamentarios y al Gobierno, que la lucha contra la morosidad debe ser eficaz para “que no paguen justos por pecadores”.
Comprobar la reiteración
Y para que estas denuncias tengan una tramitación justa, se propone que un cuerpo especial creado al efecto, al recibir la acusación, inspeccione al moroso y verifique su situación, qué tipo de acciones ha realizado y, sobre todo, la reiteración de los impagos. El problema de aplicar sanciones de forma automática es que pueden recaer sobre proveedores y pymes que, a su vez, son víctimas de impagos, que tienen dificultades en un momento puntual y que han caído también en la cadena de morosidad a la que todo autónomo está expuesto. Además, se pretende evitar una vez más la judicialización de un proceso que no deja de ser caro para el afectado. En la norma ya se incluye que los importes de las sanciones pueden reducirse, además de por pronto pago, si se demuestra que el moroso (microempresas y pymes) está afectado a su vez por una deuda similar o superior a lo que debe.
El texto de la proposición de ley especifica que las multas “corresponderán a los órganos que designen las comunidades autónomas”, pero fuentes de ATA han declarado a AyE que “creemos que las inspecciones y verificaciones deben correr a cargo de la Administración central porque, además, es la que cuenta, cada vez más, con los instrumentos adecuados”.
Pasos del Gobierno
En paralelo a la tramitación del régimen sancionador, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública también se hacen propuestas para afianzar la lucha contra la morosidad, según se desprende de las reuniones mantenidas con asociaciones de autónomos. En este departamento barajan otras dos propuestas: eliminar las bonificaciones fiscales a los incumplidores en el ejercicio siguiente al de los impagos y que la Administración pública que no cumpla la Ley de Morosidad deje de realizar contratos públicos durante un tiempo.
En todo caso, hay un elemento que los autónomos destacan dentro de sus peticiones en este campo y es el de la celeridad. La proposición de ley de régimen sancionador fue admitida a trámite en el Congreso en el mes de junio de 2017. En febrero de 2018, todavía se encuentra en la fase de enmiendas y desde las asociaciones de autónomos creen que aún “va a tardar”. No se espera que el régimen sea una realidad vigente hasta poco antes del verano como muy pronto.
