Es uno de los puntos del Anteproyecto de Ley

Si el Gobierno elimina la figura del administrador concursal pocos autónomos podrán acudir a concurso

Los autónomos en situación de insolvencia podrían encontrarse con muchas dificultades para presentar un concurso de acreedores si el Gobierno elimina la figura del administrador concursal, como pretende la ley.

Portrait of modern bearded businessman holding papers in hands, reading and analyzing contract documentation at desk with laptop
Las dificultades de los autónomos para presentar un concurso sin administrador concursal
Si el Gobierno elimina la figura del administrador concursal pocos autónomos podrán acudir a concurso

La futura Ley Concursal sigue causando rechazo entre los expertos a medida que se van conociendo los puntos que podría recoger. Si bien aún se trata de un Anteproyecto de Ley que previsiblemente no entrará en vigor hasta julio del próximo año, el borrador que salió a consulta pública no convenció a los entendidos en la materia y, en concreto, uno de los artículos que prevé está causando especial revuelo a día de hoy. Se trata de la inclusión de un nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de diez trabajadores que se llevaría a cabo eliminando la intervención de los administradores concursales de los procesos. 

Esto no supondría otra cosa que "dejar al profesional solo ante el peligro, es decir, que sea el trabajador por cuenta propia el que gestione todas las liquidaciones, lo que indudablemente va a generar una falta de seguridad jurídica terrible", explicó Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC). El nuevo sistema quiere que un autónomo presente él solo un concurso de acreedores, sin necesidad de abogados, procuradores o administradores. "Es trasladarle una responsabilidad al empresario para la que quizás no esté preparado”, añadió. Lo que al final se traduce en que muchos profesionales dejarán acudir a este procedimiento concursal "al no tener los conocimientos para desempeñar esa función" y, por lo tanto, se pondría en jaque sus posibilidades para librarse de sus deudas o corregir su situación de insolvencia

Según el Gobierno, lo que buscan al prescindir de estas figuras es "abaratar costes", no obstante, los expertos insistieron en que "en todo proceso concursal debe haber un administrador, como pasa en toda Europa". Tanto es así que asimilaron su labor a la de los médicos en la sanidad o a la de los arquitectos en el diseño de edificios: "al igual que para rebajar los costes no podemos eliminar a los médicos en los hospitales, ni permitir que cada ciudadano diseñe su casa sin la figura de un arquitecto, no puede permitirse un concurso sin abogados, administradores y procuradores", sentenció Comendador. La eliminación de estos profesionales causaría un perjuicio para los pequeños negocios en el que coincidió también la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, quien explicó que lo que la Federación siempre ha defendido es que fuese un servicio gratuito. "Es evidente, que un autónomo que se encuentra en situación de concurso no puede pagar un profesional, pero no se les puede quitar del proceso, porque el autónomo no tiene los conocimientos suficientes. Su figura debe estar subvencionada”.

¿Cómo es el sistema que quiere el Gobierno?

El presidente de la Asociación explicó que el nuevo sistema funcionará a través de formularios, que el deudor (el autónomo) tendrá que ir presentando ante el juzgado. “Si el letrado le admite el concurso, el empresario tendrá que hacer la lista de acreedores, también deberá presentar una propuesta de continuidad. Y en el caso de que no haya acuerdo, será el autónomo quien tenga que hacer la propia liquidación de su actividad” dijo Comendador.

Son una serie procedimientos jurídicos para los que muy pocos autónomos podría estar preparados, debido a la complejidad técnica que requieren los concursos. También, como dijo Comendador, podrían surgir errores, como no realizar bien el listado de acreedores y disputas durante todo el proceso. “Antes cuando expertos realizaban el concurso surgían problemas, porque los acreedores no estaban de acuerdo. ¿Qué va a pasar con esas disputas en el nuevo sistema con formularios que quiere imponer el Gobierno? No sé como se van arreglar así los desacuerdos”, subrayó el presidente.

De hecho, ASPAC envió un comunicado en el que avisa a la Administración que de ponerse en marcha la reforma planteada se va a producir “un colapso del sistema judicial”. Según aclaró Comendador, “como todo esto va a pivotar sobe el ámbito de la Administración de justicia, lo que se va a conseguir es cargar aún más de trabajo los juzgados”. Además denuncian que ven insuficiente la reforma y presentarán sus alegaciones a la misma aduciendo, entre otras cuestiones, a que no transpone uno de los puntos clave de la Directiva: el Estatuto del Administrador Concursal.

Otros puntos que no convencen a los expertos

El borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal que sacó a consulta pública este verano el Gobierno contenía otros puntos que tampoco fueron del agrado de los expertos. Ni los economistas, ni administradores concursales, ni ATA dieron su visto bueno a una norma que a pesar de introducir importantes novedades para el colectivo, se quedaba corta en su objetivo de protegerle de la insolvencia. “Una de las claves de la transposición de la normativa europea en este Anteproyecto es la instauración del sistema de atención temprana para prevenir la quiebra empresarial. Sin embargo, el sistema es poco ambicioso”, criticó la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero.

Precisamente, esta fue una de las mayores críticas que hizo también el Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas- al borrador, asegurando que les falta concreción en cuanto a los sistemas de detección temprana de insolvencia o un posicionamiento claro sobre si los autónomos podrán librarse o no, a través del concurso, de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social. Novedad que deberían haber incluido en base a la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, en la que se avala que los trabajadores por cuenta propia puedan librase de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social, siempre que acuda a concurso.

Las claves del Anteproyecto que sí aprueban

Aun con todo, hay medidas que recoge la norma que sí tiene el visto bueno de los expertos y son las siguientes: 

  • Se reconocen errores del sistema concursal español: lentitud, complejidad, elevado coste, etc. Que ahora se tratan de enmendar y mejorar.
  • Se impulsan los Planes de Reestructuración (PR). Se sustituyen los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pagos por los mismos.
  • Se da una creciente importancia a otras actividades de los profesionales de la insolvencia en fases previas, como el “Experto en reestructuración”, si bien no define con claridad esta figura lo que genera cierta inseguridad jurídica y deja a los empresarios ante el riesgo de ser asistidos por profesionales sin la adecuada preparación para el correcto desempeño de una función tan crítica para su supervivencia.
  • Se incluye un procedimiento especial para microempresas en el que prima la agilidad y la menor formalidad del procedimiento
  • Incorpora a la legislación el sistema del Pre Pack (Venta de unidades productivas).
  • Se incorpora el procedimiento electrónico y vistas telemáticas. La mediación será electrónica.

Una Ley cuya fecha pone en peligro las ayudas de los autónomos

Además de las críticas que distintos expertos a este Anteproyecto, otro de sus puntos débiles es que de su entrada en vigor dentro de la fecha que marca la Unión Europea o no depende que los autónomo reciban los fondos Next Generation. Así lo aseguró el REFOR, que explicó que "Europa ha condicionado el envío de esas ayudas a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal en España". Una reforma que preocupa mucho a estos profesionales porque "el plazo finaliza ocho meses, pero va con mucho retraso. Se trata de un proyecto muy extenso con varias modificaciones de un calado importante. No se trata solo de trasponer una directiva, sino de hacer que entren en vigor una serie de cambios en el sistema que requieren de preparación y tiempo", señaló el técnico del REFOR, Alberto Velasco.

Este "préstamo" con Europa "condicionaría la llegada del dinero de las ayudas a los pequeños negocios, por lo que el Ejecutivo tiene que darse prisa y cumplir con este requisito". Ya a finales de marzo de este año, el Gobierno solicitó la prórroga de un año para trasponer la Directiva Europea 2019/1023 sobre Insolvencia, plazo que llega a su fin el 17 de julio de 2022. Entre las medidas que deben implementarse a la Ley Concursal destaca la aplicación de mecanismos para la condonación o el establecimiento de ciertas quitas sobre las deudas que un negocio contrae con Hacienda y Seguridad Social; que sean estos dos organismos públicos los que detección y avisen a los trabajadores por cuenta propia cuando estén en situación de insolvencia; o que los autónomos no tengan que vender su negocio para para saldar sus deudas. No obstante, ya a pesar de que desde el pasado 25 de agosto finalizó ya no pueden presentarse alegaciones, a día de hoy sigue en fase de Anteproyecto y "no ha entrado ni siquiera en el Consejo de Estado", aseguró Velasco.

El Gobierno insistió en que el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal está muy avanzado, pero los expertos recordaron que "aún le falta mucho proceso legislativo por recorrer y aunque se tramite por la vía urgente, va a ser muy complicado que entren en vigor todos los cambios antes de julio". Hasta la fecha, ha pasado por consulta pública y por el Consejo Económico Social, pero le falta pasar por el Consejo de Estado y que este órgano consultivo emita su valoración, redactar el documento oficial del Anteproyecto y, cómo últimos pasos, acudir al Congreso y Senado, cumplir con todo el periodo de enmiendas, y volver a pasar por ambas cámaras.