Estas son las subidas de impuestos que aconseja la OCDE a España y que pueden afectar más a los autónomos

El Gobierno ya está preparando la receta fiscal para salir de la crisis que, en resumidas cuentas, se centrará en subir impuestos para cubrir el agujero que ha dejado la crisis de la pandemia en las arcas públicas. Pero cada cosa a su tiempo. La Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha avalado algunas de las subidas impositivas que anunció el Ejecutivo, siempre y cuando se produzcan en el debido momento, tras haber superado la crisis económica. También ha recomendado "limitar" el IVA reducido y las deducciones en IRPF, además de incrementar las tasas de los carburantes, para equiparar la recaudación española con la de la media europea. Medidas todas que afectarían sobremanera a numerosos sectores de trabajadores por cuenta propia.

Así se desprende del último informe "Going for Growth" presentado por la OCDE y en el que los expertos internacionales analizan los puntos fuertes y débiles de nuestra economía para remontar tras la crisis del coronavirus. En el documento, se desgranan algunos de los tributos que el organismo considera que se deberían corregir para aumentar la presión fiscal pero subrayando que cualquier aumento se debería producir cuando la recuperación esté "firmemente en marcha", por lo que estas subidas serían a medio plazo. Además, el 'club de países' recomienda que los incrementos vayan acompañados de medidas temporales y selectivas para compensar su efecto en los más vulnerables.

El pasado lunes, a raíz de la creación de la mesa de 17 expertos para estudiar la reforma fiscal de cara a 2022, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó al Impuesto de Sociedades, al de Patrimonio y Sucesiones y al de Donaciones como los tres tributos que estarán sujetos a revisión y podrían subir de aquí a un año. Ahora, la OCDE ha avalado en parte el plan del Gobierno, pero se ha centrado en algunas carencias de nuestro sistema fiscal que , a su juicio, hacen que España siga teniendo una menor recaudación respecto a sus homónimos europeos.

Así, de cara a 2022, el IVA, el IRPF y los impuestos al carburante podrían estar en el punto de mira del Gobierno. Todo ello, según los expertos de la OCDE, haría nuestro sistema tributario "más eficiente" y "proporcionaría financiación para las reformas del mercado de trabajo, educativa y de innovación".

Limitar el IVA reducido y las deducciones en IRPF

Para ello, una vez superada la crisis, el organismo internacional concreta dos impuestos en los que, a su parecer, se podría recaudar más: IVA e IRPF. Entre sus principales recomendaciones en el terreno fiscal, está la ampliación de la base imponible mediante la reducción de las exenciones en el impuesto sobre la renta y una menor utilización de los tipos reducidos del IVA en el futuro. Así mismo, la OCDE ha valorado de forma positiva el incremento del IVA a las bebidas azucaradas y el impuesto sobre determinados servicios digitales que ya ha puesto en marcha España.

Cabe recordar que, a día de hoy, según el tipo de producto -por ejemplo flores y plantas- y en función de si se considera o no de primera necesidad, el tipo de IVA que se aplica  es distinto, pudiendo ser del 21%, del 10% o del 4%. 

A día de hoy, el tipo reducido que recomienda "limitar" la OCDE, el del 10%, afecta a miles de autónomos cuyo negocio se centra en productos y servicios básicos, como alimentos en general, vivienda, transporte, servicios de hostelería, cine, productos de higiene femenina o servicios veterinarios. De seguirse las recomendaciones, se podría producir una recaudación de "once puntos más en miles de productos, por lo que podría suponer muchos millones de ingresos más para las arcas públicas. Ahora bien, este impuesto va a ser siempre complicado de incrementar, porque afecta a muchos colectivos vulnerables, y cada vez más sectores que pagan el 21% están pidiendo lo contrario: pasar a tributar sus productos y servicios por tipo reducido", explicó Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE). 

Según el experto, el organismo internacional considera que en España existen muchas más reducciones de IVA de las que disfrutan los contribuyentes de la mayoría de países de nuestro entorno. "Independientemente de que esto sea o no cierto, es muy difícil de eliminar un beneficio de estas características que, además, puede afectar mucho al consumo. Si se sube el IVA, los autónomos tendrán dos opciones: asumir ellos mismos ese 11% más que pasan a valer sus productos o servicios y, por tanto, perder un 11% de margen de beneficio; o repercutirlo en el precio final y arriesgarse a que baje el consumo", explicó Luis del Amo.

En cuanto a los deducciones en el IRPF,  los expertos opinan que hay muy poco margen para aumentar la recaudación. "Y mucho menos en los beneficios fiscales a los empresarios que, ya de por sí, son muy pocos. Como mucho, se podrían reducir algunas como, por ejemplo, las deducciones a empresas de nueva creación, pero no creo que sea un punto que pueda mejorar demasiado la recaudación de nuestras arcas y tampoco creo que sea a lo que se refiere el organismo internacional", apuntó el  secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas.

Posible subida del impuesto sobre carburantes 

Lo que sí tiene muchos visos de salir adelante y podría afectar a miles de autónomos es la tercera subida que propone la OCDE: el incremento a medio plazo de los impuestos sobre los combustibles fósiles, como pueden ser los carburantes de automoción o el gasóleo de calefacción, para "reflejar mejor" sus emisiones de dióxido de carbono (CO2). Aunque el organismo apunta que esto tendría que ir acompañado de un dispositivo de protección a los más desfavorecidos, para que no se vieran perjudicados, lo cierto es que miles de autónomos, como los transportistas, podrían verse muy afectados si finalmente subieran los tipos en su principal gasto y herramienta de trabajo.

Esta subida ya se previó para los presupuestos de 2021 y, finalmente, quedó en el tintero. Sin embargo, para Del Amo, "aunque afecta y mucho al sector del transporte, y habrá que ver como recompensarles, este incremento es inevitable y lleva años exigiéndolo Europa". Si finalmente se produjera, como ya avanzó este diario,  esta subida afectaría especialmente a más de un 30% de los transportistas que no cuentan con la bonificación fiscal para sufragar los gastos derivados del uso de carburantes porque sus vehículos están por debajo de las 7,5 toneladas (transporte ligero) y no entran dentro de las ayudas al gasóleo. La razón de este aumento del impuesto es, según el Gobierno, la equiparación de la fiscalidad de la gasolina con la del diésel. 

El artículo 50 de la Ley 38/1992, de los Impuestos Especiales recoge los tipos impositivos sobre los hidrocarburos tanto del gasoil como de la gasolina:

• La gasolina sin plomo está sujeta a un tipo general de 431,92 euros por 1.000 litros y a un tipo especial de 24 euros por 1.000 litros.
• La gasolina con plomo soporta un tipo general inferior: 433,79 euros y el mismo tipo especial de 24 euros.
• El gasóleo para uso general (gasóleo A) está sujeto a un tipo general de 307 euros por 1.000 litros y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial. 

Así pues, los impuestos dispuestos en la normativa legal hacen que cuando el consumidor reposte pague del precio final, 46 céntimos por cada litro de gasolina sin plomo; mientras que al repostar con diésel se asumen 33 céntimos por cada litro de gasóleo.

El sector del transporte podría ser el colectivo que se viera más perjudicado por una subida de impuestos al diésel, ya que sus trabajadores recorren largos trayectos que implican muchos kilómetros al día, por lo que el más mínimo cambio sobre el precio de los carburantes se verá reflejado en sus gastos. Además, estos autónomos no cuentan con las mismas alternativas para acceder a vehículos eléctricos o híbridos que otros sectores cuya actividad se desarrolla por la ciudad.

De aprobarse una subida al impuesto del diésel, se verían afectados un tercio de los transportistas españoles que, según los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), suponen una flota de más de 130.000 vehículos.

Supondría un gasto adicional de 1.500 euros al año

El diésel es un coste directo e importante para cualquier empresa o autónomo del sector del transporte, de modo que cualquier variación en su precio repercutirá de forma inmediata sobre sus beneficios. Hasta el momento, se desconocen los costes concretos que tendrían que afrontar estos trabajadores por cuenta propia en caso de aprobarse una subida del precio del gasóleo, pues la propuesta todavía no se ha materializado. Sin embargo, tomando como referencia lo aprobado por el anterior Gobierno en 2019, se podría prever -si las modificaciones fueran las mismas- un aumento de 38 euros sobre el tipo general del diésel, pasando así de 307 a 345 euros por cada 1.000 litros.   

Los costes que se deriven de esta subida se acentuarán en mayor o menor medida en función de los kilómetros recorridos pero, en cualquier caso, los autónomos transportistas tendrían que afrontar un gasto adicional de hasta 1.500 euros al año. “Un camión viene gastando, de media, alrededor de unos 3.000 a 3.500 litros al mes, por lo que tocaría pagar unos 120 euros adicionales, mientras que en una furgoneta el gasto extra rondaría los 40 euros”, explicó José Carlos López Jato, vicepresidente de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa).

Otras subidas que planea el Gobierno

El pasado lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la creación de un comité de 17 expertos, todos ellos catedráticos, que tendrán hasta febrero del año que viene para analizar las diferentes fórmulas fiscales para llevar a cabo "esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas". 

En otras palabras, parece que la subida impositiva que viene, en principio, estaría diseñada sólo para grandes empresas y patrimonios, y no para autónomos societarios y pequeños negocios, aunque hay que recordar que estos también se podrían ver afectados por un incremento en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que les perjudicaría a la hora de heredar el negocio familiar, por ejemplo.

Según confirmaron fuentes de Hacienda a este digital, es cierto que "una de las prioridades de la reforma fiscal en la que se está trabajando es revisar el Impuesto de Sociedades. Esto irá enmarcado en el debate que lanzó recientemente el propio presidente de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, sobre un impuesto mínimo global para las grandes corporaciones". Es decir, esta subida no afectaría en principio a las pequeñas empresas.

Y aunque parece que los negocios más pequeños, a expensas de la prometida bajada, sí quedarían protegidos de una subida en el Impuesto de Sociedades, hay otros tributos que también les pueden afectar, y mucho, en algunas circunstancias.  Es el caso del Impuesto de Patrimonio y Sucesiones, que varía entre autonomías y que también va a estar sujeto a revisión por la mesa de expertos que creó Hacienda este lunes.

Según anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, -en clara referencia a la Comunidad de Madrid, donde el Impuesto de Patrimonio es muy bajo- la reforma fiscal tratará de evitar que "a nivel autonómico" se dejen "vacíos de contenido" algunos tributos "como ha sucedido en algunas comunidades". Esto significaría, de algún modo, homogeneizar este impuesto entre las diferentes comunidades, lo que supondría por fuerza aumentarlo en algunas zonas.

La iniciativa de equiparar el recargo tributario del Impuesto de Sucesiones en todas las regiones del país, es decir, armonizar el tributo en todos los territorios, recuerda la problemática en la que se ven envueltos muchos autónomos a la hora de dejar en herencia sus negocios. Si esta armonización llegara a suponer una subida del impuesto de sucesiones dificultaría la transmisión de un local o una actividad a los herederos del autónomo que la mayoría de las veces no disponen de la liquidez suficiente para pagar el tributo y continuar trabajando. Eso provoca en muchos casos el cierre del negocio. 

En realidad, cabe recordar que los tipos impositivos de Sucesiones en cada CCAA son fijos. Sin embargo, la diferencia se encuentra en las bonificaciones que se realizan en cada región en función del grado de parentesco. Así dependiendo en qué zona viva el autónomo, el impuesto podría ser casi nulo, o llegar al máximo del 34%.  Sin embargo, para diferentes expertos y organizaciones,  este tributo no se debería homogeneizar sino directamente eliminar. La propia Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) explicó que “no se trata sólo de suavizar el impuesto con bonificaciones, sino de suprimirlo al igual que ya se hizo con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)”.