2019, el año del gran avance en la protección de los autónomos
En apenas unas horas, sonarán las 12 campanadas que darán la bienvenida a una nueva década. Pero antes, y como decía la canción de Mecano, “como de año en año, hacemos el balance de lo bueno y malo”.
Es cierto que, para los autónomos, el año 2019 no puede definirse como 'El año de las luces', pero tampoco han sido todo sombras. De hecho, pese a la coyuntura global marcada por la desaceleración de la economía -nacional e internacional- y a la incertidumbre política de una España que, entre abril y noviembre, ha abierto los colegios electorales tres veces, el colectivo arrancó este año con muy buen pie.
Tras un ardua negociación entre el Gobierno y las organizaciones de autónomos vio la,luz el Real Decreto Ley 20/2018 que lograba para los autónomos la universalización de todas las prestaciones por todas las contingencias, al igual que los asalariados. España se convirtió en el país de la Unión Europea donde los autónomos gozan de una mayor protección social. La subida del 1,25% de las bases de cotización (apenas cinco euros euros para la gran mayoría) permitió que, por primera vez, los 3,27 millones de afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) tuvieran acceso a algo tan básico como la cobertura frente al accidente laboral.
Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Aún hay prestaciones como el cese de actividad debe ser reformado. El 40% de las solicitudes de esta cobertura fueron denegadas a causa de las condiciones de acceso excesivamente duras. Entre ellas, la de justificar un 10% de pérdidas sobre el nivel de ingresos. A este respecto, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, adquirió el compromiso de “flexibilizar” los citados requisitos y crear una única Comisión paritaria de carácter estatal en la que deberán estar representadas las principales asociaciones de autónomos. Órgano que, además de resolver los expedientes, tendrá como misión determinar los nuevos criterios y rebajar las barreras de acceso según las particularidades propias del colectivo.
Cabe recordar, en este punto, que los autónomos que hayan sido asalariados pueden acceder al subsidio para mayores de 52 años. Aunque es cierto que, desde que se aprobó la medida en el mes de marzo, hubo más de un problema en su puesta en práctica , el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se encargó de resolverlos el pasado octubre reconociendo que los trabajadores por cuenta propia tienen derecho a percibir esta prestación de 430 euros.
Mejoras en accidentes de trabajo y formación
La mejora de la cobertura por contingencias profesionales es otro de los avances que trajo consigo el año nuevo. A partir de enero, se empezó a aplicar tabla rasa y el 0,9% de la cuota de cotización se destinaría a cubrir los accidentes laborales y enfermedades profesionales de los trabajadores del RETA. Hasta ese momento, sólo era obligatorio para los TRADE (Trabajadores Autónomos Economicamente Dependientes) y el comercio ambulante, y dependía de la actividad que desarrollase el autónomo con tipos que oscilaban entre el 0,9% y el 7,1%. De hecho, esta medida ha permitido que la cuota de más de medio millón de autónomos sea menor que la que venían abonando hasta 2019.
El tercer gran avance fue la formación. Un 0,1% de la cotización se destina, desde hace doce meses, a actuaciones que permiten mejorar la cualificación de los autónomos. No obstante, para que verdaderamente sea útil, el colectivo reclama que se dé una vuelta de tuerca al modelo y se adapten las materias y horarios a un colectivo muy heterogéneo y atomizado, que apuesta cada vez más por la especialización y el valor diferencial.
Un año de frenazo para el empleo autónomo
Es innegable que la creación de empleo autónomo ha sufrido una acusada desaceleración. Los datos de afiliación de diciembre dejaron un saldo positivo del 0,46%, esto es sólo 14.955 nuevas altas en el RETA. Esto supone un crecimiento más de tres veces menor que el del año 2018, cuando el ritmo era del 1,35%, o lo que es lo mismo, se sumaron 43.258 nuevos trabajadores al régimen de autónomos. Por su parte, la EPA (Encuesta de Población Activa) del tercer trimestre de 2019 recoge una caída interanual de 8.800 trabajadores por cuenta propia.
Además, la creación de empleo por parte del colectivo también se ha visto mermada un 32%. Según los datos del Ministerio de Trabajo, los autónomos persona física generaron 24.647 puestos de trabajo asalariado, mientras que en 2018 la cifra alcanzó los 36.218.
La incertidumbre política y el frenazo de la economía habrían sido las principales causas que han paralizado la creación de empleo autónomo. De hecho, han sido varias las medidas aprobadas en la Ley de Reformas Urgentes para el Trabajo Autónomo, que se han quedado en el tintero por la falta de Gobierno y que hubieran dado un espaldarazo a la generación de nuevos puestos de trabajo entre el colectivo. Como por ejemplo, definir la situación de los 400.000 trabajadores autónomos que, según los datos de la EPA, prestan sus servicios para una empresa casi en exclusividad; dar claridad al concepto de habitualidad; impulsar la jubilación activa; o diseñar un nuevo modelo de cotización que garantice una cuota reducida para los autónomos con ingresos inferiores al SMI sin que se produzca una subida indiscrimidada de las cuotas para el resto del colectivo.
El caos del registro horario
Pese a que Bruselas no exigía a los países miembros que extendieran a los pequeños negocios la obligación de controlar y tener guardado registros sobre el cumplimiento horario de los trabajadores, el Gobierno implantó esta medida con la promesa de que quién no la cumpliera, grandes empresas o autónomos, sufriría graves sanciones. Esto provocó un cierto caos entre los pequeños negocios con empleados a los que se les ha obligado a invertir en sistemas informáticos y a estudiarse bien la legislación con todas sus excepciones y derivadas del Reglamento de Protección de Datos. Aunque, como se reflejaba en una reciente encuesta, una gran parte de los autónomos ha decido realizar el control de los registros horarios en papel, para no incurrir en más gastos. Éste ha sido, según las organizaciones de autónomos, una nueva traba burocrática que se le ha impuesto a los trabajadores por cuenta propia con empleados a su cargo.
Mejoras para los pensionistas
Los que sí han visto mejorar su situación con respecto al año 2018 han sido los pensionistas. La nómina de los más de 1,3 millones de autónomos que cobran una pensión de jubilación ha aumentado casi 25 euros de media hasta alcanzar los 764,55 euros en diciembre. Esto supone un incremento del 3,4% interanual.
Este avance viene motivado por la mejora de las bases de cotización de los autónomos que, en la última década, han crecido un 19%, así como por la subida del 3% en las pensiones mínimas y del 1,6% -conforme a la variación del IPC (Íncide de precios al consumo)- en el resto, que fue aprobada en el citado Real Decreto de 28 de diciembre del año pasado. Habrá que esperar, ya que el Ejecutivo en funciones ha congelado la subida anual hasta la formación de un Gobierno definitivo. Llegado el momento, el incremento será del 0,9%, según ha aumentado el coste de la vida este año 2019.
Los transportistas respiran un año más
Entre las medidas fiscales más importantes que se adoptaron fue la tercera y posiblemente última prórroga de los límites de exclusión de módulos. Decisión que también se mantendrá vigente el próximo año 2020. En torno a 400.000 autónomos tributan por este sistema de rendimientos predeterminados, lo que facilita la gestión de sus cuentas y supone un ahorro de costes. Para el sector del transporte, que resultaría el más afectado en caso de que se suprimiese la tributación por estimación objetiva, esta cuarta prórroga ha supuesto un alivio. En caso de no haberse producido, los profesionales del sector del transporte por carretera habrían tenido que asumir unos costes fiscales de entre 6.000 y 12.000 euros anuales a los que añadir otros entre 1.500 y 2.000 de gestión y administración.
No obstante, los transportistas autónomos en particular, y el colectivo en general, son conscientes de que hay que solucionar la brecha fiscal que existe entre los sistemas de estimación directa y estimación objetiva. Para ello, han trasladado sus propuestas de "transición suave" al Ministerio de Hacienda.
El comercio bajo mínimos
Los datos de ventas del INE reflejan también la ralentización de la economía española. Especialmente en el sector del comercio que creció al ritmo más bajo desde 2016. Un 3,8%, lo que significa cinco puntos menos que en 2018, cuando la mejora fue del 9,1%.
Además, son las actividades que más empleo autónomo han perdido en los últimos cuatro años, más de 33.700 trabajadores. Es más, entre diciembre del pasado año y el mismo mes de este, la curva se ha desplomado por encima de los 10.000 trabajadores, según los datos de afiliación a la Seguridad Social.
La despoblación en la llamada España vaciada y el reto de la digtalización son precisamente dos de los lastres para el comercio. Ambos, y según los compromisos adquiridos por el presidente en funciones Pedro Sánchez y su equipo, se afrontarán si finalmente se forma Gobierno. De hecho, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, avanzó que su departamento tiene intención de duplicar hasta los 13 millones de euros la partida destinada al Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, que pivotará sobre la transformación digital del sector y las medidas para favorecer el relevo generacional. También, el acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos recoge la puesta en marcha de esta iniciativa.
Dura subida del SMI
La subida del Salario Mínimo Interprofesional supuso un lastre adicional para los autónomos que tienen trabajadores a su cargo, que han visto como los costes laborales por empleado se han incrementado entre 2.800 y 3.000 euros al año. Según un informe elaborado por el sindicato Comisiones Obreras, más del 41% de los beneficiados por el aumento del 22,3% del citado SMI se concentran en pequeños negocios de menos de 20 trabajadores. Las mayores críticas que recibió la subida vinieron dadas porque la decisión se tomó de forma unilateral, pasando por alto los acuerdos cerrados en la mesa de diálogo social y sin haber valorado los efectos sobre el empleo.
Algo sobre lo que parece que se ha aprendido ya que, de cara a la nueva subida que planea el Ejecutivo de Sánchez, si logra ser investido, ésta estará supeditada al consenso y los acuerdos adoptados con patronal y sindicatos. De hecho, si se diera un nuevo incremento en los términos que maneja el Gobierno en funciones -hasta los 14.000 euros anuales- los costes laborales para los autónomos empleadores se elevarían otros 2.170 euros más, lo que lastraría el crecimiento y la competitividad de los negocios de los autónomos, además de la generación de nuevos puestos de trabajo.
Leve repunte de los periodos medios de pago a proveedores
El balance de 2019 tampoco ha sido positivo para los autónomos y empresas que trabajan para la administración autonómica. Hasta el mes de octubre los periodos medios de pago a proveedores se incrementaron cinco días -hasta los 41- con respecto a 2018 y la deuda comercial de los Gobiernos regionales aumentó en 730 millones de euros, alcanzando los 4.704 millones de euros.
Pese a que, a priori, todo apunta a un leve empeoramiento, hay que esperar la evolución de los dos últimos meses del año para comprobar si el hecho se convierte en tendencia, ya que hasta el mes de noviembre, el Ejecutivo en funciones no realizó las transferencias de 4.682 millones de las actualizaciones de las entregas a cuenta -anticipos por la recaudación cedida a las comunidades autónomas-, parte de los cuales deberían destinarse a saldar las cuentas pendientes con los autónomos.
El grifo del crédito
El colectivo de autónomos ha percibido este año 2019 cómo el grifo del crédito se volvía a abrir levemente. La ‘Encuesta a pymes’ del Banco Central Europeo (BCE), destacó que el porcentaje de préstamos rechazados entre abril y septiembre se redujo un punto con respecto al anterior informe, del 5% al 4%. Resultado que se corresponde, a su vez, con el número de negocios que reconocieron haber tenido menos dificultades para obtener un préstamo bancario, que también se recortó un punto.
La parte negativa es que el porcentaje de negocios que se quejaron de un aumento de tipos de interés superó en dos puntos al de los que constataron un descenso, según el documento del BCE. Algo que no ocurría desde 2014. Asimismo, se reconoció un endurecimiento de las garantías (avales) y condiciones requeridas. Sin embargo, las cuantías de los préstamos y los plazos fueron más flexibles.
32.000 falsos autónomos menos
Una de las fijaciones del equipo que dirige en funciones Magdalena Valerio ha sido la lucha contra los falsos autónomos y las falsas cooperativas de trabajo asociado. Ambas figuras, tienen como objetivo reducir costes laborales. Desde que se puso en marcha el Plan Director por un Trabajo Digno en agosto de 2018, y hasta el pasado mes de julio, se ha regularizado la situación de 32.067 trabajadores que estaban cotizando en el Régimen de Autónomos cuando la relación que mantenían con la empresa era de tipo laboral, es decir, debían estar cotizando como asalariados. Incluso algunos prestaban sus servicios para empresas públicas. Con ello, la Seguridad Social habría recaudado 217 millones de euros.
Sin embargo, estas regularizaciones también suscitaron polémica, ya que varias empresas, concretamente, del sector de marketing y ventas y del asegurador, denunciaron que la Inspección había procedido a reguralizar de oficio a TRADES (Trabajadores Económicamente Dependientes), que sí deberían estar cotizando en el Régimen de Autónomos.
